El Gobierno ya tiene listo su proyecto de ley con el que pretende darle un vuelvo a la actividad minera del país. Lo presentará el próximo 1.° de octubre al Congreso de la República para su debate y votación, según lo dicho por Edwin Palma, ministro del ramo, quien señaló que si bien existen diferencias en algunos textos y puntos de vista “el objetivo común es construir la mejor ley minera posible para Colombia, en beneficio de las comunidades y del país”.
Comentó, además, que con la radicación de la mencionada iniciativa en el Legislativo, se abre la puerta a uno de los debates más relevantes del año, que tendrá impacto directo en la economía, el ambiente y la vida de millones de colombianos.
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Según el funcionario, el proyecto ya fue socializado a los congresistas de las Comisiones Quintas de Senado y Cámara, al tiempo que destacó que dicha propuesta legislativa es resultado de un ejercicio en el que participaron más de 20.000 personas a través de foros, mesas técnicas y audiencias públicas, que incluyeron 13.000 integrantes de 115 pueblos indígenas y cerca de 400 organizaciones afrocolombianas, a través de procesos de consulta previa.
La iniciativa también recibió 266 comentarios provenientes de todos los sectores económicos, sociales y ambientales, destacó Palma, quien insistió en que el proyecto es el resultado de “un diálogo profundo con las comunidades, los mineros, empresarios, ambientalistas y autoridades territoriales”, con miras a lograr la mejor ley minera para el país.
El funcionario también destacó los avances “en el proceso de consulta”, subrayando que la propuesta busca recuperar la soberanía sobre los minerales, ordenar la minería desde el territorio, garantizar la participación de comunidades étnicas y superar el modelo extractivista en línea con la transición energética.
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Ocho temas clave
Según lo afirmado por el ministro Palma, con la nueva Ley Minera se busca recuperar la soberanía sobre los minerales y ordenar la minería desde el territorio, bajo criterios de justicia ambiental,
social y económica. Estos son los principales puntos de la iniciativa que llega al Congreso de la República:
• Planificación y ordenamiento minero: establece zonas excluidas (ZEM) y zonas aptas (ZAM), con especial protección a áreas ambientales, culturales y socioeconómicas. Se prohíbe la minería en espacios marinos, costeros y de carbón térmico.
• Derechos de comunidades étnicas: reconoce un régimen diferencial para pueblos indígenas, comunidades afro y campesinas, con derecho de prelación y contratos especiales.
• Transición energética y soberanía: impulsa un modelo que supere el extractivismo, fortalezca la economía productiva y garantice que el conocimiento geológico sea de utilidad pública.
• Responsabilidad empresarial: exige licencia ambiental desde la fase de exploración, establece un cierre progresivo integral (minero, ambiental y laboral) y mayores responsabilidades frente a los impactos sociales y ambientales.
• Régimen económico: ajusta las reglas de regalías y canon superficiario, incorpora pagos sobre ganancias bursátiles y prevé contraprestaciones ligadas a la producción y precios del mercado.
• Formalización y reconversión productiva: crea un marco especial para pequeños mineros y mineros tradicionales, con un registro abierto por tres años, contratación diferencial y medidas de reconversión productiva.
• Fiscalización y sanciones: fortalece la potestad sancionatoria con nuevas causales de caducidad, incluyendo daños al agua, violación de DDHH o uso de mano de obra infantil.
• Impacto regional: obliga a que al menos el 50 por ciento de la mano de obra contratada provenga de la región, fomenta encadenamientos productivos y la transferencia de tecnología.
