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Sacar adelante la reforma a la salud que plantea el Gobierno de Gustavo Petro implicaría un mayor costo frente al sistema actual y acabaría metiendo más presión a las finanzas públicas.
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Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO
Así lo establece un estudio del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el cual estima que el esfuerzo fiscal adicional que deberá realizar el Gobierno por año con la reforma equivale en promedio a 0,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que le llevaría a acumular un déficit cercano a 126 billones de pesos constantes de 2025 en el periodo 2026-2036.
“Existe un importante desequilibrio financiero en el sistema actual de salud. El desbalance estructural del sistema se agravaría con la reforma. La Nación debe asumir un esfuerzo fiscal adicional para equilibrar las fuentes con los usos”, se puede leer en el documento.
El Carf indica que en el escenario con reforma el aporte de la Nación aumentaría 2,3 puntos del PIB entre 2025 y 2036, mientras que en el escenario sin reforma el incremento sería de 1,7 puntos del PIB.
Adicionalmente, señala que el punto de partida del gasto en el escenario con reforma del CARF es mayor en 0,4 puntos del PIB respecto del escenario sin reforma.
De otro lado, el organismo advierte que el sistema de la salud se podría afectar en caso de que se apruebe la ley de competencias y haya cambios a la distribución sectorial de los recursos del Sistema General de Participaciones, o en las competencias del Gobierno respecto del sector salud.
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Igualmente, asegura que en materia de costos, las estimaciones de mediana y alta complejidad no incluyen los impactos de la innovación tecnológica, nuevos medicamentos o cambios epidemiológicos, por lo que la senda utilizada por el CARF —basada en la dinámica histórica de la UPC— podría subestimar presiones futuras.
Uno de los debates de la reforma a la salud. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
“En cualquier caso, es necesario elaborar una estrategia, más allá de la reforma, para identificar los instrumentos financieros que resuelvan en un plazo definido las acreencias del sistema”, advierte el organismo.
Cómo está el sector
El organismo explica que el sistema de salud actual es un modelo en el que los ciudadanos se afilian a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales reciben recursos del Estado para gestionar el riesgo en salud y garantizar la prestación de servicios a los afiliados a través de una red de prestadores.
El financiamiento del sistema establece fuentes y usos de recursos para su funcionamiento, que son administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
De un lado, las fuentes sin incluir el aporte nación mostrarían un crecimiento sostenido en términos reales en el periodo 2026-2036 al pasar de 67,4 billones de pesos en el 2026 (3,6 por ciento del PIB) a 92,2 billones de pesos en el 2036 (3,7 por ciento del PIB).
Entre tanto, aumentarían de 112,8 billones de pesos (6 por ciento del PIB) a 184,7 billones de pesos (7,4 por ciento del PIB) destinando en promedio el 89,8 por ciento a atención en salud de los regímenes contributivo y subsidiado, el 4,7 por ciento a presupuestos máximos y el 5,5 por ciento a otros usos.
Sistema de la salud. Foto:Istock
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“La presión fiscal del sistema de salud es marcada, considerando que la Nación cierra el faltante vía transferencias corrientes”, sostiene el Carf.
Entre 2018 y 2024, el aporte de la Nación representó en promedio el 31,7 por ciento de las fuentes totales, y pasó de 1,2 a 2,1 por ciento del PIB, evidenciando un incremento de 0,9 puntos del PIB en los últimos siete años.
Cálculos del CARF indican que el aporte pasaría en términos reales de 45,5 billones (2,4 por ciento del PIB) en 2026 a 92,4 billones de pesos (3,7 por ciento del PIB) en 2036, lo que implicaría un incremento de 1,3 puntos del PIB en el periodo.
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“El sistema tiene un déficit estructural que crecerá de 1,9 por ciento del PIB en 2024 a 3,7 por ciento en 2036; el cierre lo hace el aporte de la Nación. La creciente diferencia entre usos y fuentes y su presión fiscal debe ser atendida gestionando los gastos del sistema y fortaleciendo los recursos que lo financian”, afirmó el organismo.
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