Estudio descartó impacto negativo de impuestos saludables en empleo y empresas en el país, como lo vaticinaron algunos gremios

La implementación de impuestos saludables y el etiquetado frontal en productos con alto contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas o calorías, que inició en noviembre de 2023, fue una regulación que generó críticas, debate y preocupaciones sobre su posible repercusión negativa en la economía de las empresas, desde pequeños comercios hasta grandes industrias en el país.

Uno de los argumentos más comunes sugiere que gravar estos productos impactaría ventas y empleos, llevando incluso al cierre de negocios. No obstante, una investigación liderada por la Universidad del Rosario y un equipo de expertos tanto nacionales como internacionales, sostiene que estas medidas no han causado una crisis laboral ni empresarial en el país, como anticiparon algunos pesimistas.

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Según Paul Rodríguez, economista de la mencionada universidad, en declaraciones a El Espectador, las políticas de salud alimentaria pueden coexistir con la estabilidad laboral y empresarial, permitiendo facilitar un cambio hacia un consumo más saludable sin perjudicar a la industria.

Este análisis se basa en una investigación que evaluó el comportamiento del mercado laboral colombiano tras la entrada en vigencia, entre 2022 y 2024, de los impuestos sobre el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, así como la introducción de sellos octagonales de advertencia en los empaques.

El grupo de investigación, respaldado por el Global Food Research Program de la Universidad de Carolina del Norte, utilizó datos representativos de la fuerza laboral nacional, implementando metodologías como comparaciones antes y después de la reforma, contrastes entre sectores y modelos de control sintético, con el propósito de aislar los efectos de estas políticas sobre el empleo, los ingresos, las horas trabajadas y la informalidad.

Publicada a comienzos de diciembre de 2025 en la revista de la Universidad del Rosario y actualmente en proceso de revisión por otras publicaciones académicas, la investigación destacó la complejidad del proceso de implementación de estas reformas en el país.

Los autores recordaron que gremios empresariales como la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtieron sobre potenciales efectos negativos, particularmente para hogares de ingresos bajos y empleos en los sectores de manufactura, comercio y distribución.

De acuerdo a este análisis, se compararon los sectores directamente impactados por los impuestos y el etiquetado —alimentos y bebidas— con otros sectores económicos de dinámica similar para construir un escenario de referencia. Así, se identificó cómo habrían reaccionado estos sectores en ausencia de la reforma.

Mayra Saenz, investigadora de la Universidad del Rosario y coautora del estudio, explicó al medio mencionado que la evidencia sugiere que, en el corto plazo, las empresas no ajustaron su funcionamiento a través de despidos masivos ni recortes salariales. En el sector de bebidas, se observó un incremento moderado en las horas trabajadas, lo que podría indicar una reorganización interna sin impactos abruptos en el empleo. Los resultados no identificaron un mecanismo específico, pero tampoco descartaron la existencia de otros canales de ajuste.

El estudio no evidenció caídas significativas en empleo, ingresos ni informalidad tras la implementación de las medidas, en contraste con las advertencias de los gremios económicos. Durante el primer año, no se detectaron reducciones claras en la cantidad de trabajadores ni en los ingresos promedio en las industrias de bebidas no alcohólicas y alimentos procesados. Los cambios observados fueron pequeños, no sistemáticos y estadísticamente indistinguibles de cero, incluso bajo diferentes métodos de análisis.

Tampoco se identificaron incrementos en la informalidad laboral. La proporción de trabajadores sin seguridad social o contratos formales se mantuvo estable antes y después de las reformas. Las diferencias observadas en informalidad respondieron a patrones habituales del mercado laboral colombiano y no al impacto de los nuevos impuestos o el etiquetado.

El principal ajuste registrado se relacionó con las horas trabajadas en el sector de bebidas, donde en promedio los empleados laboraron cerca de una hora más por semana. Este ajuste fue más notorio entre mujeres, trabajadores rurales y ocupaciones administrativas. Saenz indicó que este fenómeno es coherente con una reorganización del trabajo y de los procesos productivos en respuesta a la regulación.

Luis Fernando Gómez y Mercedes Mora, investigadores de la Universidad Javeriana y coautores del estudio, atribuyeron la ausencia de efectos negativos significativos a la solidez de las políticas implementadas, diseñadas a partir de un esfuerzo conjunto entre organizaciones sociales, grupos académicos y técnicos del Ministerio de Salud.

Según sus declaraciones al medio mencionado, la revisión sistemática de experiencias internacionales y estudios científicos permitió formular legislaciones sólidas, compatibles con el mercado laboral colombiano.

Rodríguez agregó que la capacidad de adaptación de las empresas también tuvo un impacto en los resultados. Muchas empresas del sector producen tanto productos gravados como sus alternativas, lo que facilita la transición hacia opciones más saludables, como bebidas sin azúcar o agua embotellada.

A diferencia de las políticas sanitarias dirigidas al tabaco, que buscan eliminar su comercialización debido a los riesgos para la salud, las regulaciones sobre bebidas y alimentos procesados buscan fomentar una transformación en la industria hacia productos más saludables para los consumidores.

Finalmente, Saenz advirtió que para evaluar si estos patrones se mantienen a largo plazo serán necesarios más datos. Mientras tanto, Rodríguez concluyó en la entrevista que es posible “avanzar hacia un consumo más saludable” sin comprometer la estabilidad empresarial.