Exasesor de Javier Arévalo encubre condena por prevaricato: un miembro de la JNJ desafía su impedimento y se aferra al poder.

Son muy pocas las personas que conocen la realidad. Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, quien trabajó como asesor de Javier Arévalo, fue designado para la Junta Nacional de Justicia sin compartir información relevante. Durante su postulación, dejó de mencionar la condena por prevaricato que recae sobre él, a pesar de que según la legislación, ninguna persona que haya sido sentenciada por un delito doloso, aunque haya cumplido su castigo, puede ser parte de la JNJ, tal como lo reportó Punto Final.

La comisión que lo designó estuvo encabezada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, e integrada por la entonces Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la actual presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, y su superior, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien optó por no votar. Ruiz se ubicó en el séptimo lugar de la evaluación de méritos.

Durante la entrevista, tocó el asunto de la corrupción y la batalla contra las fuerzas que comprometen la integridad del juez, sin referirse a la decisión emitida el 7 de diciembre de 2010, en la que dictó una resolución contraria a la ley en su rol de juez.

Según documentos a los que accedió Punto Final, la condena fue dictada por la Sexta Sala Especializada en lo Penal del poder judicial de Lima. Esto ocurrió porque, en su papel como juez suplente del décimo tercer juzgado laboral de Lima en 2004, autorizó el embargo de las cuentas de diversas empresas vinculadas al grupo Gloria debido a una demanda laboral presentada por un supuesto exempleado. Se constató que las empresas no estaban ligadas a la demanda concreta y Ruiz fue declarado culpable de prevaricato. A pesar de apelar, la resolución fue ratificada.

La sentencia de tres años fue pospuesta por un periodo de dos años, siempre que Ruiz cumpliera con ciertos requisitos: no cambiar de domicilio, presentarse de forma regular ante el tribunal y abonar una indemnización civil de mil soles. Además, se le prohibió desempeñar cualquier cargo público durante un año. Todo esto fue pasado por alto durante la entrevista.

Cuando se les interrogó, Gutiérrez rechazó tener conocimiento sobre el historial delictivo del candidato y alegó que había presentado su “registro de condenas completamente limpio”. Afirmó que los oficios enviados al Ministerio Público y al Poder Judicial señalaban que no había nada pendiente. “Si hubiéramos sabido, lo habríamos discutido”. El anterior titular del PJ también manifestó lo mismo: “No, no estaba al tanto. Me abstuve de participar porque quise mantenerme al margen”.

Este abogado ha pasado por alto la ley orgánica de la JNJ, que establece en su artículo 11 que aquellos condenados por delitos dolosos no pueden ser electos como miembros, aunque hayan cumplido su condena y se consideren rehabilitados. Aún así, continúa en su posición.

En relación a esto, Percy Castillo, un abogado experto en JNJ, enfatizó que la normativa es clara y debe ser implementada de manera precisa. Por consiguiente, no puede formar parte de la junta, incluso

si se restablece, sin importar si se trata de una sanción efectiva o no. “La deducción es que se ha actuado con una voluntad de transgredir la normativa”, advirtió.

Cecilia Ruiz, letrada en derecho administrativo, enfatizó que, a la luz de los documentos presentados, “hay una declaración engañosa sobre la inexistencia de antecedentes y sentencias condenatorias, lo que constituye un ilícito”. “Es crucial recordar que hay una legislación primordial de acceso a la función pública que estipula que tanto aquellos que asumen cargos públicos a sabiendas de que no cumplen con los requisitos legales como quienes los designan son igualmente responsables”, finalizó.