Colombia
Exministro Ricardo Bonilla sufre descompensación por baja presión arterial y recibe atención médica en Bogotá
El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, experimentó una descompensación por baja presión arterial y necesitó asistencia médica en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (CESPO) en Bogotá, según reportó W Radio. El episodio ocurrió el sábado 20 de diciembre, mientras Bonilla estaba bajo medida de aseguramiento intramural ordenada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Ricardo Bonilla, de 76 años, enfrenta serios problemas de salud a raíz de un ataque isquémico cerebral que sufrió meses atrás, dejándole una afasia motora como secuela.
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Además, Bonilla sufre de enfermedades crónicas como enfermedad renal, dislipidemia, hiperplasia prostática y reflujo gastroesofágico, según la documentación proporcionada por su defensa. W Radio informó que estas condiciones han requerido atención médica constante y un seguimiento especializado.
La defensa de Bonilla destacó en un comunicado dirigido al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que su cliente ha estado bajo tratamiento intensivo desde el ataque cerebral, incluyendo recientes ingresos a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Colombia. La situación médica fue respaldada por una historia clínica integral, diagnósticos y exámenes actualizados.
“El doctor Ricardo Bonilla ha sufrido un ataque isquémico cerebral y una afasia motora que lo ha llevado recientemente a ingresar a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Colombia”, se menciona en el documento revelado por el medio.
La defensa de Bonilla ha presentado una solicitud formal ante el INPEC y la Policía Nacional para que su reclusión se mantenga en un establecimiento especial, señalando que su edad y condición médica son incompatibles con un entorno carcelario ordinario. El documento detalla las leyes colombianas que respaldan esta solicitud, como la Ley 65 de 1993 y sus reformas, que permiten la reclusión en espacios diferenciados por razones de salud, edad o condición de exservidor público.
En la petición, fundamentada en normas y precedentes constitucionales, se enfatiza la urgencia de proteger “los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, integridad personal y salud” de Bonilla. Según la defensa, el artículo 29 de la Ley 65 de 1993 incluye explícitamente a las personas de la tercera edad entre aquellos que deben cumplir detención preventiva en establecimientos especiales, dada su situación de vulnerabilidad.
Ricardo Bonilla González está privado de libertad por mandato de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en el contexto de la investigación relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión judicial establece que la autoridad penitenciaria debe determinar el lugar adecuado para su reclusión, teniendo en cuenta el respeto por sus derechos y su condición de salud.
W Radio informó que, tras la reciente descompensación, Bonilla fue evaluado con prioridad en el CESPO, donde recibió atención médica por la baja presión arterial. Continúa bajo privación de libertad en ese lugar, mientras INPEC evalúa las solicitudes de su defensa para que el exministro permanezca en un centro con servicios médicos adecuados.
La defensa ha solicitado formalmente al INPEC que designe al CESPO como lugar de detención para Bonilla, mientras se resuelve el proceso y se aseguran las condiciones requeridas para su salud. En el expediente se encuentran documentos que validan su condición de exservidor público, su edad y una historia clínica que resalta la necesidad de controles, tratamientos farmacológicos y seguimiento clínico continuo.
La solicitud también menciona que las normativas actuales permiten la reclusión diferenciada incluso cuando la privación preventiva de la libertad se haya dictado en un proceso penal activo, siempre que existan fundamentos de salud o vulnerabilidad que lo justifiquen.
Según la defensa, “la administración penitenciaria tiene la capacidad de señalar lugares de reclusión especiales para internos con enfermedades que son incompatibles con el régimen regular”.
