Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco pasarán tras las rejas el Año Nuevo: su proceso quedó aplazado

El proceso judicial contra los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda), quienes enfrentan serias acusaciones de corrupción por su presunta implicación en una red para desviar fondos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ha sido pospuesto debido a la vacancia judicial en el país.

Según un comunicado oficial del secretario de la sala penal, Javier Fernando Suancha, las apelaciones presentadas por las defensas de ambos exfuncionarios serán asignadas al Tribunal Superior de Bogotá a partir del 13 de enero de 2026, cuando finalice el receso judicial.

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Este aplazamiento, que retrasa el avance del caso, ha generado inquietud en distintos sectores del país. La decisión de suspender momentáneamente el procedimiento legal obedece a la implementación de la Ley 2477 de 2025, que determina que los recursos de apelación deben ser gestionados por la sala correspondiente del mismo tribunal.

Como no hay una sala disponible para tratar estos casos en este momento, el asunto será distribuido una vez finalice el periodo de vacaciones de la rama judicial, lo que significa que deberán pasar las festividades de Fin de Año en el centro penitenciario hasta que se reanuden los trámites pertinentes.

Ambos acusados enfrentan cargos por corrupción al ser acusados de manipular recursos públicos y otorgar contratos de manera inadecuada. La Fiscalía indica que Luis Fernando Velasco supuestamente coordinó la compra de votos en el Congreso a cambio de contratos y beneficios, además de influir en la adjudicación de contratos a empresas sugeridas por ciertos políticos.

Por su parte, según la investigación, Bonilla habría facilitado la transferencia de montos significativos, superando los $92.000 millones, a proyectos en municipios determinados, beneficiando a congresistas aliados del Gobierno; también se le acusa de influir en el crédito público y de liderar una estructura que tenía el control de 79 contratos, de los cuales 7 fueron concretados para favorecer a terceros.

Además, el capítulo de Invías relacionado con la mejora de infraestructura vial indica que se usaron proyectos para desviar fondos hacia regiones de congresistas aliados, eludiendo los procedimientos de selección objetiva.

La detención de los exministros se produjo tras las acusaciones de alto perfil hechas por la Fiscalía General de la Nación, que los responsabiliza de cometer tres delitos graves: concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

A pesar de las peticiones de medidas alternativas por parte de las defensas, como el arresto domiciliario, la jueza Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, decidió que ambos exfuncionarios fueran enviados a prisión preventiva, citando el riesgo para la comunidad y la posibilidad de obstaculizar la justicia.

“Los delitos de cuello blanco en altos niveles de gobierno socavan la democracia y la confianza en las instituciones”, aseguró la magistrada al fundamentar su sentencia en la audiencia.

Ricardo Bonilla fue detenido el 18 de diciembre de 2025 al finalizar la audiencia, siendo trasladado inicialmente al búnker de la Fiscalía y luego a una guarnición policial, donde permanece en prisión preventiva. En tanto, Luis Fernando Velasco, quien estaba en Cali, se entregó de manera voluntaria al Inpec y fue recluido en la Escuela de Carabineros de la ciudad.

Ambos exministros enfrentan la posibilidad de una prolongada estancia en prisión mientras se resuelven las apelaciones, que se reanudarán en 2026, como se mencionó anteriormente.