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“El presupuesto continúa asociado a una ley de financiamiento y cuyo debate se iniciará en los próximos días. Es una ley que se será ajustada en la medida en que el Presupuesto también lo fue en 10 billones de pesos”. Fueron las primeras declaraciones de Germán Ávila, ministro de Hacienda, minutos después de que la Plenaria del Senado aprobara, con 50 votos a favor y 27 en contra, el Presupuesto de la Nación del 2026 el jueves
Con ello, el Gobierno dejó claro que es consciente de que el Congreso también deberá aprobar la reforma tributaria que ya está en manos del Legislativo, pues los recursos que se buscan con esta hacen parte de los 546,9 billones de pesos necesarios para el funcionamiento del Estado el próximo año.
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Según analistas consultados, esta cifra se queda corta frente a las necesidades de liquidez del Gobierno, que se niega a aplicar un plan de austeridad más estricto para reducir el déficit fiscal. Algunos cálculos estiman ese hueco en unos 30 billones de pesos, aunque otros, como José Manuel Restrepo Abondano, exministro de Comercio e Industria y de Hacienda, hoy rector de la Universidad EIA, aseguran que este supera los 40 billones.
El ministro Ávila abrió la posibilidad de ajustar lo alcances de dicha ley de financiamiento, teniendo en cuenta que el Presupuesto del 2026 también fue recortado. Desde ya se habla que podría ser de unos 8 billones, la mitad de las pretensiones iniciales.
Sin embargo, el ambiente político no parece favorable para su aprobación. No solo porque implicaría un nuevo golpe para una economía que aún intenta despegar, sino también porque la aprobación de una reforma tributaria genera rechazo ciudadano en plena época electoral, un riesgo que pocos parlamentarios estarían dispuestos a asumir.
Efraín Cepeda, Senador de la República Foto:Presidencia
“No vamos a votar con los ojos cerrados una reforma tributaria de 16 billones. El Gobierno no ha ejecutado 80 billones que tiene guardados y sí quiere seguir ‘metiéndoles’ la mano al bolsillo de los colombianos y a las fiducias de las regiones”, dijo el senador Efraín Cepeda.
En la misma línea, Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá y Fiduciaria Bogotá, señaló que la dificultad para aprobar la reforma radica en que “solo se están exigiendo más impuestos a la sociedad, pero no hay ningún compromiso por parte del Gobierno de ajustar el gasto”. Esto, agregó, eleva el riesgo de que el presupuesto se mantenga desfinanciado y que, como en 2025, se deba recurrir a un decreto para ajustar las cuentas.
De los 546,9 billones de pesos aprobados, más del 65 por ciento se destinará a gastos de funcionamiento (unos 358 billones). De esa cifra, 66,4 billones se irán a nómina, un aumento del 10,1 por ciento frente a 2025. En total, los gastos de funcionamiento crecerán 8,8 por ciento, según lo aprobado.
A lo anterior se suma que el país no pasa por un buen momento económico, lo que hace que “en el Congreso ni en el país, en general, haya ambiente para aprobar la reforma tributaria”, como lo mencionó Katherine Miranda, representante a la Cámara.
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Aun así, hay dudas sobre si el Legislativo tiene los votos suficientes para hundir el proyecto. Se esperaba que el presupuesto no fuera aprobado, pero el Gobierno sorprendió al sacarlo adelante. De hecho, el Ejecutivo confía en los artículos 1 y 2 del presupuesto —que vinculan directamente la tributaria— para facilitar su aprobación.
Graves riesgos
Insistir en una reforma tributaria con una economía aún debilitada —las proyecciones sobre el crecimiento del PIB siguen siendo menores al 3 por ciento—, en medio de un panorama incierto y con un presupuesto desfinanciado, le suma otro riesgo grande al país, como los advierte Restrepo Abondano, “es una ley que destruye el crecimiento de la economía al elevar el costo de capital a las empresas y gravar a través del impuesto al carbono y del impuesto de manera desproporcionada al sector productivo, que es el que genera crecimiento y con recaudo tributario”.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio, hoy rector de la Universidad EIA. Foto:El Tiempo / cortesía
Los analistas coinciden en que el presupuesto aprobado, lejos de resolver el problema fiscal, lo agrava. Al estar desbordado y desfinanciado, impone una carga fiscal adicional y obligará al Gobierno a endeudarse más, elevando el nivel de deuda pública por encima del 65 por ciento del PIB.
“Con este presupuesto, estimamos que el déficit fiscal en 2026 superará el 8 porciento del PIB, el más alto de la historia moderna del país. La consecuencia es clara: Colombia no podrá reducir su endeudamiento, las tasas de interés permanecerán elevadas y el próximo gobierno heredará una verdadera bomba fiscal”, advierte Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo.
Emergencia económica
Mejía también destacó que en proporción al tamaño de la economía, este sería el segundo presupuesto más alto de la historia, equivalente al 28,4 por ciento del PIB, cuatro puntos porcentuales por encima del nivel de la pandemia, lo que impone grandes retos desde el punto de vista fiscal.
Por su parte, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, advirtió que la incertidumbre derivada de la aprobación del presupuesto impactará el crecimiento del país. Además, recordó el “rezago presupuestal”, es decir, deudas pendientes que no figuran oficialmente en el presupuesto y que ascienden a 50 billones de pesos, lo que le pone más peso a esa incertidumbre.
César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana. Foto:Corficolombiana
Si bien destacó que el presupuesto haya sido aprobado por el Congreso —y no se haya recurrido a un decreto presidencial, lo que aleja la idea de una dictadura fiscal, el recorte de 10 billones de pesos sigue siendo insuficiente para la realidad fiscal y las necesidades de confianza que requiere la economía colombiana en esta coyuntura tan adversa.
Los analistas insisten en que las cuentas del Gobierno para tapar el hueco presupuestal del 2026 se siguen haciendo sobre supuestos, ingresos inciertos y medidas transitorias.
Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advierten que “la sostenibilidad de las finanzas nacionales dependerá de la capacidad del próximo Gobierno para construir una reforma tributaria estructural y creíble, que fortalezca los ingresos permanentes sin trasladar la carga al endeudamiento o a las entidades territoriales”, cuyos analistas consideran que el gasto proyectado también retrasa la convergencia hacia la Regla Fiscal, prevista para el 2028.
Presidenta de AmCham Colombia y de Aliadas Foto:Amcham Colombia
El problema es que el próximo gobierno no tendrá mayor margen de maniobra para enderezar los problemas que le deja su antecesor. Restrepo Abondano sostiene que, como el presupuesto se agotaría en el primer semestre del 2026 y no habrá recursos para cubrir las obligaciones en el segundo, “muy seguramente, y es mi previsión, el gobierno entrante no tendrá una salida distinta que la declaratoria de una emergencia económica el 8 de agosto”.
En ese contexto de rigidez presupuestal e incertidumbre María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) propuso que exista un plan de ingresos creíble, con metas sustentadas en supuestos verificables y fuentes de recaudo identificadas sin depender de reformas inciertas.
También dijo que se requiere austeridad y eficiencia en el manejo del presupuesto; que se priorice la inversión productiva; se respete la regla fiscal y que exista diálogo público–privado que permita construir consensos y preservar la confianza y la inversión.
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