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En el corazón de Montería, capital del departamento de Córdoba, bajo la presión de inundaciones que afectan múltiples municipios, el Gobierno Nacional ha puesto sobre la mesa una cifra que ha despertado cuestionamiento en los círculos económicos del país: 8 billones de pesos. Esta es la suma que, según el Ministerio de Hacienda, se requiere para encarar la devastación provocada por un frente frío atípico que ha sumergido vastas zonas de la región Caribe y Pacífica.
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No obstante, la rapidez con la que se ha lanzado este cálculo preliminar ha generado interrogantes sobre su sustento técnico, especialmente cuando el país atraviesa un panorama de “estrés fiscal y una presión fiscal muy alta”, según palabras del propio jefe de la cartera de Hacienda, Germán Ávila, en medio del consejo de ministros de este martes 10 de febrero.
Para el ministro, el país se encuentra ante hechos “claramente sobrevinientes e impredecibles”, lo que justifica, a su juicio, el retorno “de una medida de emergencia económica, con la cual pueda el gobierno acceder a recursos complementarios con los cuales podamos enfrentar este hecho nuevo, sobreviniente y excepcional que se está presentando”.
El presidente Gustavo Petro. Foto:Presidencia/Ovidio González S.
Sin embargo, desde la academia y el análisis técnico, la cifra no se recibe sin cuestionamientos. Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, con un doctorado y una maestría en Economía de la Universidad de North Carolina at Chapel Hill, además de haber trabajado como investigador y consultor para organismos como el Banco Mundial, el BID y el PNUD, ofreció una visión crítica en entrevista para EL TIEMPO.
Al ser consultado sobre la idoneidad de estimar tal costo en una etapa tan temprana de la crisis, Salazar Saenz señaló un detalle: “Lo primero que uno podría llamar en términos de sospecha es que es la mitad del recurso de la ley de financiamiento por 16 billones de pesos“.
Para el director del Observatorio, resulta prematuro lanzar un monto de 8 billones cuando “no se han mostrado los cálculos de por qué son 8 billones, no es más, no es menos”, sugiriendo que la cifra parece acomodarse al contexto de una ley de financiamiento previamente discutida y a decretos de emergencia fiscal que han enfrentado frenos en la Corte Constitucional.
Córdoba: víctimas de las inundaciones en Montería Foto:Gobernación de Córdoba
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De igual manera, el exdirector del centro de pensamiento económico Fedesarrollo y actual CEO de Lumen Economic Intelligence, centro de análisis, inteligencia económica y estrategia, Luis Fernando Mejía, indicó que “una cifra de $8 billones cuando la emergencia aún está en curso luce más como un número sin sustento que como el resultado de una cuantificación técnica consolidada”.
Conforme con el experto, el “daño total depende de variables que todavía no están cerradas: duración del evento, extensión territorial, número de viviendas colapsadas, afectación productiva y costo real de reconstrucción”. También, agregó que para realizar una “estimación rigurosa”, se necesita “un inventario preliminar de daños físicos, una valoración sectorial (infraestructura, vivienda, agro, comercio), costos unitarios de reconstrucción y un cronograma de ejecución. Además, debe distinguir entre atención inmediata y reconstrucción estructural. Sin esa desagregación, es imposible evaluar si $8 billones es suficiente o sobredimensionado”.
Estos son los argumentos del Gobierno para una nueva emergencia económica y climática
Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto:ELTIEMPO.
El director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, ha reportado un balance entre el 1 y el 9 de febrero a nivel nacional que muestra la magnitud del desastre: en 16 departamentos, se registraron 58.020 familias afectadas y 18 personas fallecidas.
La infraestructura, de acuerdo con los datos oficiales, también ha sufrido un golpe con 10.346 viviendas averiadas y 3.991 totalmente destruidas en 93 municipios del país. Específicamente en Córdoba la situación es crítica con proyecciones de 157.000 hectáreas afectadas, daños en 160 vías, 24 puentes y el deterioro de centros de salud y educativos.
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Ante este panorama, Carrillo fue tajante en el consejo de ministros al advertir que “el Estado no tiene los elementos para atender la recuperación de una tragedia de esta magnitud”.
Córdoba: víctimas de las inundaciones en Montería Foto:Gobernación de Córdoba
Desde la perspectiva del Ejecutivo, el origen de la carencia de recursos no es solo climático, sino también político y financiero. El presidente Gustavo Petro señaló en la primera parte del consejo de ministros en Córdoba, este lunes 9 de febrero, que “no tenemos plata porque el Congreso quitó la ley”, refiriéndose a la caída de la ley de financiamiento que obligaría a un recorte de 16 billones de pesos en el presupuesto nacional.
El mandatario sostuvo en esta intervención que la reparación total de los daños podría costar otros “16 billones mal contados” y atribuye el déficit primario actual a decisiones de administraciones pasadas.
Según el jefe de Estado, el país enfrenta lluvias “que nunca habían existido en tamaño” ante las cuales ni alcaldes ni gobernadores pueden resistir sin “medios extraordinarios de ley”. Bajo su análisis, dio la siguiente solución: “No puede salir sino de los ricos”, afirmando que una “cupulita” será la encargada de financiar la recuperación a través de nuevos impuestos.
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El ministro Ávila, por su parte, disminuyo la estimación de los 16 billones a 8 billones de pesos colombianos en sus declaraciones en la segunda parte del consejo de ministros llevada a cabo en el martes 10 de febrero.
En sus palabras, propuso cómo se pretende ha recaudar el monto, el cual sería a través de un “impuesto al patrimonio a personas jurídicas”. La propuesta se centra en unas 15.000 empresas con patrimonios líquidos superiores a los 10.000 millones de pesos (200.000 UVT).
De acuerdo con el jefe de la Cartera, “a esos patrimonios para el año 2026 se les establecería una tarifa marginal de 0.6% como impuesto hasta los 600,000 UVT o 30,000 millones de pesos, aproximadamente, que pasarían a todos aquellos patrimonios de personas jurídicas por encima de este nivel de los 600,000 UVT a 1.2% como la tarifa del impuesto”.
Ávila aseguró en sus declaraciones que se tendrá el cuidado de no afectar a la pequeña y mediana industria, buscando “ingresos corrientes, ingresos tributarios a través de impuestos al patrimonio”.
El presidente Gustavo Petro en consejo de ministros en Córdoba. Foto:Presidencia
El ministro justifica esta urgencia citando que el hueco fiscal dejado por el FEPC “generó un desfase fiscal de cerca de 79 billones de pesos en los últimos 3 años”, sumado a compromisos de deuda externa por 25 billones derivados de la pandemia, producto de “los esfuerzos asociados a atender los costos que tuvimos que incurrir por la pandemia y los créditos, con los cuales el gobierno anterior se endeudó: la famosa línea de crédito flexible, que fue una línea de crédito de corto plazo”.
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Fuentes de la UNGRD le aseguraron a la sección de Política de EL TIEMPO que los cálculos por los 8 billones no están hechos a “ojo”, sino que provienen de un diagnostico de cada Ministerio, que han atendido la emergencia los últimos días.
¿Cuáles son las consecuencias para las empresas que tendrán que asumir este nuevo impuesto?
Impuestos. Foto:iStock
El experto Salazar Saenz le advirtió a EL TIEMPO sobre los efectos colaterales de estas medidas impositivas para el sector empresarial.
El doctor en economía explicó que aplicar un impuesto al patrimonio a las empresas es “bastante atípico en el mundo” y podría provocar que las compañías cierren o abandonen el país, afectando directamente el crecimiento económico y el empleo.
“El orden correcto”, según el econosmia, se venía planteando sobre personas naturales, IVA a juegos de azar o sobretasas a sectores específicos. “El impuesto al patrimonio sobre todo se cobra a personas naturales y un poco todo el tema es no afectar justamente el desarrollo empresarial que termina apoyando el crecimiento económico”, precisó.
En su opinión esta nueva medida “sorprende relativo a lo que venía proponiendo antes” y se percibe como una “estrategia desordenada en el sentido que de repente llega una emergencia y se cambia, digamos, completamente la forma como se venían pensando los tributos”.
Mejía, exdirector de Fedesarrollo, le dijo a EL TIEMPO que “anunciar un impuesto permanente o incluso transitorio con una base incierta introduce ruido y aumenta la percepción de improvisación fiscal”, por lo que, según su análisis, “debería cerrarse la estimación técnica del daño, luego definir el plan de gasto y finalmente discutir la fuente de financiación. El orden importa”.
De esta forma, precisó cuáles serían las empresas a quienes afectaría la medida y que están dentro del umbral de patrimonio líquido superior a aproximadamente $10.000 millones. En su respuesta puntualizó que en este rango se “excluye micro y pequeñas empresas, pero incluye a muchas compañías medianas, especialmente en sectores intensivos en activos”.
El presidente Gustavo Petro en consejo de ministros en Córdoba. Foto:Presidencia
“No necesariamente son ‘grandes conglomerados’. Muchas son empresas regionales con márgenes estrechos”, aseveró, añadiendo que el impuesto “grava el stock de capital” y “reduce capacidad de inversión, incentiva endeudamiento y encarece el costo de capital”.
Mejía señaló que “en un entorno de desaceleración e incertidumbre, el efecto puede ser contractivo, especialmente para empresas que ya operan con márgenes comprimidos”.
Por su parte, el director del Observatorio Fiscal de la Javeriana puso en perspectiva la cifra de inversión en Córdoba: “En el PGN de 2026 para la inversión de Córdoba había 2,1 billones de pesos. Y un poco la cifra preliminar, en perspectiva, lo que nos está diciendo es que se quiere ponerle al departamento, o a la emergencia, cuatro veces la inversión que se tenía en presupuesto”, lo cual considera una cifra “bastante alta”.
El enfoque del economista apunta hacia una gestión más estructural de los riesgos. Salazar critica que, a pesar de que el calentamiento global hace que estos eventos sean cada vez más previsibles, el Gobierno actúe de manera reactiva: “Si los gobiernos van a esperar a una inundación para luego sacar medidas tributarias, se ve como un gobierno desordenado que no está planeando bien (…) Ya sabemos que el cambio climático llegó para quedarse y en las cuentas presupuestales ya se debería tener el dinero más o menos proyectado a cuánto van a ser, digamos, las afectaciones”.
En su lugar, propone mirar los beneficios tributarios, que en 2023 “ascendieron a 136 billones de pesos”, es decir, unas 15 veces lo que se anuncia para esta emergencia.
Conforme con el experto, racionalizar estos beneficios y fortalecer la lucha contra el contrabando serían vías más eficientes que “hacer medidas apresuradas ante cualquier emergencia”.
“Los beneficios tributarios es cuando eventualmente a una actividad se le se le decide cobrar menos impuestos. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos que a aquellas actividades que fomenten el deporte, que fue los últimos que que se aprobaron y que no queda muy claro que es fomentar el deporte, se les van a condonar unos puntos de renta. Así como este hay un montón de beneficios en diferentes lados. (…) Todas estas medidas que reducen el recaudo, con cierto objetivo, es bastante alto en Colombia y de hecho Colombia es el país que más beneficios fiscales en América Latina como proporción de su actividad económica”, explicó al respecto, añadiendo que “estos recursos suenan como algo que nos puede ayudar a incrementar el recaudo tributario para que la siguiente emergencia no nos coja con tener que buscar hacer medidas apresuradas”.
Gobernadores proponen una alternativa en la emergencia económica: así funciona
Comunicado de la FND Foto:FND
Ante la crisis, ha surgido una propuesta desde los territorios que busca evitar la creación de más impuestos. El presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, planteó en medio del consejo de ministros una alternativa transitoria: utilizar los saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías (SGR) que actualmente son administrados por la Nación.
De acuerdo con datos presentados en un comunicado de la FND, con corte al 31 de enero de 2026, existen más de 6 billones de pesos “estancados” en diversas carteras ministeriales “que no se están utilizando”.
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La propuesta de Zuleta Bechara se desglosa en dos grandes bolsas de recursos: 4,6 billones de pesos en la bolsa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) y 1,5 billones de pesos en la bolsa de Ambiente.
El mandatario regional sostiene que estos fondos pueden ser orientados hacia la atención de desastres, la gestión del riesgo y la protección de las comunidades “sin desfinanciar a las entidades territoriales, respetando el mandato constitucional de la autonomía y evitando el aumento del contrabando de licores y cigarrillos”.
Gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta y presidente Gustavo Petro. Foto:PRESIDENCIA
El gobernador ha dejado claro que los mandatarios departamentales no se oponen a la declaratoria de emergencia, pero abogan por una concertación que permita una estrategia de recaudo efectiva “sin afectar ni violar la autonomía territorial de los ya limitados ingresos de los departamentos”.
Sobre la alternativa, el mandatario de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, habló en Citytv, donde precisó que la idea es que “podamos usar los recursos que aún no se han utilizado y no se han viabilizado del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y también del Fondo Ambiental, que se alimenta de recursos de la venta de petróleo y carbón que llegan a esas cuentas y que hasta el momento no han sido utilizados. Tenemos estancados en esos fondos“.
Esta alternativa surge en un momento donde el Gobierno Nacional clama por recursos de forma inmediata. Zuleta Bechara enfatiza que estos fondos inactivos “pueden destinarse a la estructuración de proyectos que impulsen la recuperación económica de sectores estratégicos” en lugar de esperar a que la crisis se profundice.
En la declaración oficial de la FND se precisó que la disposición de los gobernadores para trabajar de manera articulada será el eje de la próxima cumbre de mandatarios el 18 y 19 de febrero.
LAURA NATHALIA QUINTERO.
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.
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