Financiación del Presupuesto de 2026 de $556,9 billones requerirá tributaria de $26,3 billones, un monto jamás aprobado

El desfinanciamiento del Presupuesto, equivalente al 1,4 % del PIB, contrasta con las metas de ajuste fiscal necesarias para retomar una senda sostenible de deuda y déficit, tras la activación de la cláusula de escape.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, radicó ayer ante el Congreso el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 por $556,9 billones de pesos, un incremento real del 8% (es decir, por encima de la inflación, equivalente a 40,8 billones adicionales de gasto) en comparación con el de este año.

Del monto total 2026, $26,3 billones (1,4% del PIB) corresponden a recursos contingentes cuya ejecución dependera de la aprobación de la Ley de Financiamiento (reforma tributaria).

Se trata de un monto sin precedentes, especialmente teniendo en cuenta que al Gobierno solo le resta un año y que el Congreso ya le negó la aprobación de la última Ley de Financiamiento en 2024, por un monto de $12 billones.

De las reformas tributarias aprobadas por los últimos tres gobiernos, las más de mayor recaudo fueron la de 2021 (Ley 2155, sacada adelante por el entonces ministro, José Manuel Restrepo) con $15,2 billones y 2022 (Ley 2277 con José Antonio Ocampo como ministro) por $19,7 billones, en la actual administración, en 2022. 

El funcionario dijo que el Presupuesto refleja una “estrategia de consolidación fiscal con visión de desarrollo, donde la eficiencia del gasto y la priorización de la inversión se convierten en pilares fundamentales para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país”. 

Ávila señaló que la aprobación de la ley de financiamiento permitirá contar con las fuentes de recursos para gastos por igual cuantía, por lo que el monto del PGN propuesto es consistente con la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal y el MFMP 2025, según lo previsto por la ley 1473 de 2011, modificada por la Ley 2155 de 2021.

Para el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el desfinanciamiento de $26,3 billones (que equivale al 1,4 % del PIB), contrasta con las metas de ajuste fiscal necesarias para retomar una senda sostenible de deuda y déficit, tras la activación de la cláusula de escape.

“Sin medidas estructurales en ingresos y gasto, el déficit fiscal y la deuda podrían deteriorarse a niveles similares, o incluso superiores, a los observados durante la pandemia”, señaló el Observatorio en un análisis.

Aunque como lo ha señalado Anif el déficit fiscal proyectado para 2025 podría alcanzar el 7,8% del PIB, y la deuda pública rondaría entre 63% y 65%, el ministro señaló que el proyecto de ley, en línea con el MFMP, permite una gestión fiscal compatible con la protección de la estabilidad macroeconómica. 

“Un ajuste fiscal que asfixie el crecimiento pondría en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública: reduciría la base del recaudo tributario y la capacidad de pago del país”, dijo Ávila.

El Banco de la República, que mañana deberá tomar una decisión sobre si reduce si tasa de intervención de 9,25%, también ha advertido que el aumento en el déficit fiscal previsto para 2025 y los años venideros constituye un reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas y reduce el margen de maniobra para el relajamiento de la política monetaria.

De hecho, en la última sesión del 27 de junio, Leonardo Villar, gerente del Emisor, dijo que el mayor déficit limita la posibilidad de ejecutar una política monetaria más expansiva y reduce el margen para reducir la tasa del Emisor.

En una sesión maratónica del Consejo de Ministros, el pasado 16 de julio, Ávila Plazas reveló los primeros detalles del Presupuesto 2026 e insinuó que su monto sería de sería de $551,6 billones.

A pesar de ello, el presidente, Gustavo Petro, dijo que no firmará al Presupuesto si el gasto social no aumentaba.

“El gasto social debe crecer. Si no hay ingresos suficientes la financiación se llama deuda”, dijo Petro que agregó. “Si el Senado, el Congreso, no aprueba una ley de financiamiento –que deben pagar los ricos más ricos de Colombia, porque ellos son los que se han llevado este dinero–, todos van a decrecer en el 2030″.

Petro se preguntó: que “si todos decrecen, aumentando las necesidades de Colombia, ¿qué paz vamos a tener? ¿Qué país vamos a tener?”.

Según el presidente, “nos piden que demos más plata; no sean vagabundos, hombre. El Estado va a quebrar si el Senado no aprueba una ley de financiamiento”.

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