Fiscalía llamó a juicio a nueve exmilitares por torturas cometidas durante la retoma del Palacio de Justicia

La Fiscalía General de la Nación ha emitido una resolución de acusación contra nueve exmilitares por tortura agravada, supuestamente ocurrida durante los eventos conocidos como el holocausto del Palacio de Justicia, sucedidos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá.

Los imputados son: Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Iván Ramírez Quintero y Bernardo Alfonso Garzón.

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Esta acusación, presentada cuarenta años después, se relaciona con crímenes de lesa humanidad durante la retoma militar del Palacio.

Según la resolución de la Fiscalía, citada en documentos oficiales, la decisión se basó en evidencias y testimonios que indican que las víctimas fueron consideradas “sospechosas o especiales”, trasladadas en primer lugar al segundo piso de la Casa del Florero, donde sufrieron abusos.

Posteriormente, las víctimas fueron llevadas a guarniciones militares, donde se cometieron actos de tortura física, moral y psicológica contra individuos como Yolanda Ernestina Santodomingo Alberricci, Eduardo Arturo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saul Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucia Limas Montaña y Héctor Dario Correa Tamayo.

La Fiscalía ha incorporado como evidencias documentos del Ejército, como el Plan Tricolor 83 y manuales, cuyas aplicaciones, según el ente acusador, facilitaron la violación de derechos humanos y motivaron los actos de los acusados.

Adicionalmente, se consideran relevantes los informes sobre la participación del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici), la coordinación de las unidades y la cadena de mando liderada por Sánchez Rubiano bajo el mando de Arias Cabrales. Un elemento esencial es el Informe de Policía Judicial del 26 de septiembre de 2016, que fue presentado por la Fiscalía como prueba durante la indagación.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) actúa como representante civil en esta causa. Rafael Barrios Mendivil, cofundador de la organización y representante de las víctimas, expresó ante los medios que se trata de “una decisión histórica, que las víctimas han aguardado durante cuatro décadas y que respalda la verdad que siempre han defendido”.

Barrios Mendivil subrayó la importancia de investigar minuciosamente la cadena de mando responsable del patrón de tortura y tratos inhumanos, insistiendo que “la defensa de los derechos humanos en Colombia requiere el total esclarecimiento de estos hechos y la sanción de todos los implicados, especialmente los que dieron las órdenes”.

El abogado Nilson Pinilla Pinilla, ex presidente de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, planteó ante El País una de las hipótesis más perturbadoras sobre los acontecimientos del Palacio de Justicia: “Algunos militares facilitaron la toma del Palacio como represalia contra el M-19”.

Pinilla, quien formó parte de la Comisión de la Verdad que investigó durante cinco años la tragedia ocurrida en Bogotá en noviembre de 1985, recordó que el plan del M-19 era conocido por las autoridades desde el 18 de octubre de ese año. “Es incomprensible que se haya descubierto el plan de la guerrilla y aun así hayan podido llevarlo a cabo”, explicó al medio mencionado.

Pinilla indicó que los miembros del Ejército habrían permitido la ejecución de la toma como respuesta a los ataques previos del grupo insurgente contra las fuerzas del orden, incluyendo el robo de armamento en el Cantón Norte y el intento de asesinato del comandante general de las Fuerzas Militares.

El jurista destacó que, tras el descubrimiento del plan, se intensificó la vigilancia policial sobre el Palacio, pero dicho operativo fue retirado días antes de la toma. Además, desmintió la versión oficial que afirmaba que la salida del cuerpo especial de policía fue solicitada por Alfonso Reyes Echandía, entonces presidente de la Corte Suprema, señalando que esta narrativa no se ajusta a las fechas ni a las circunstancias indicadas.

Durante la entrevista, Pinilla reiteró que la supuesta inacción de ciertos sectores militares facilitó la entrada violenta del M-19, lo cual, en su opinión, “probablemente” se deba a intereses de represalia interna contra la insurgencia. Esta interpretación, según el abogado, abre nuevos debates sobre la responsabilidad institucional en la mayor tragedia judicial de Colombia.