Francisco Barbosa cuestiona a Nueva EPS por divulgar historia médica de Kevin Acosta: “Es un delito”

Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, afirmó que la divulgación de la historia médica de Kevin Acosta es un delito según el Código Penal. Su declaración llega tras la difusión de información clínica del menor fallecido por parte de Nueva EPS y su uso en un evento público por el presidente Gustavo Petro.

Barbosa expresó en sus redes que la Nueva EPS no debería haber proporcionado la información médica, ya que eso afecta el derecho a la privacidad del menor y su familia. Citó el artículo 269F del Código Penal, que castiga la divulgación de datos personales sin autorización, resaltando que la ley impone penas de prisión entre 48 y 96 meses, junto con multas que oscilan entre 100 y 1000 salarios mínimos mensuales vigentes para quienes infrinjan esta norma.

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Barbosa enfatizó que la protección de los datos personales es un principio fundamental en el país y que “exponer la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito”. Además, destacó la ineludible responsabilidad de la Nueva EPS al proporcionar la información clínica, que solo puede compartirse en circunstancias excepcionales y bajo autorización adecuada.

La controversia se intensificó cuando el presidente Gustavo Petro leyó fragmentos del expediente médico de Kevin Acosta en un evento multitudinario. El presidente justificó su acción argumentando que buscaba desmentir las versiones que señalaban al Gobierno nacional como responsable de la muerte del menor, quien sufría de hemofilia y falleció en Bogotá tras complicaciones de un accidente.

Petro explicó que el niño sufrió un accidente y fue llevado a un hospital en Palestina, Huila, donde luego fue trasladado a Pitalito debido a la gravedad de sus lesiones. Según el relato presidencial, en ese centro médico se sugirió una cirugía, pero la madre de Kevin Acosta habría rechazado el procedimiento, eligiendo priorizar el tratamiento clínico. Finalmente, el menor fue llevado a Bogotá, donde falleció.

Petro comentó que existe un documento firmado por la madre, fechado el 8 de febrero, donde ella habría expresado su negativa a la intervención quirúrgica. El presidente aclaró que su intención al compartir esta información era contrarrestar las acusaciones de negligencia estatal y confirmar que la familia recibió el medicamento necesario hasta diciembre.

Durante su discurso, el presidente mencionó que el menor recibió el medicamento necesario para su tratamiento por última vez el 14 de diciembre. Aclaró que, debido al traslado de la familia, no se pudo entregar la dosis correspondiente a enero.

Según la versión oficial, fue en ese lapso cuando el niño sufrió la caída que provocó las complicaciones médicas que eventualmente causaron su fallecimiento.

El mandatario defendió su decisión de revelar el contenido del expediente médico, argumentando que lo hizo para desmentir las versiones que culpaban al Gobierno nacional de la muerte del menor.

“No mentimos anoche. No estamos encubriendo nada”, afirmó, reiterando que se deben realizar investigaciones para determinar responsabilidades, si las hubiere.

Las declaraciones del presidente y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, generaron una fuerte reacción en redes sociales. Los usuarios cuestionaron la exposición pública de información médica sensible, alegando una posible violación a la privacidad de la familia.

Para Barbosa, divulgar la historia clínica no solo es jurídicamente cuestionable, sino que también compromete derechos fundamentales. Reiteró que la protección de datos personales, especialmente cuando se trata de menores, es un deber legal y constitucional.