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Uno de los casos más impactantes de 2025 es el de Valeria Afanador. Su nombre continúa siendo, más de cuatro meses después de los hechos, un emblema de dolor, demanda de justicia y serios cuestionamientos hacia la respuesta institucional ante la desaparición de menores en Colombia.
La niña de sólo diez años, con síndrome de Down, desapareció el 12 de agosto de 2025 durante su jornada escolar en Cajicá, Cundinamarca, y desde entonces su historia ha marcado un cambio radical en la discusión sobre la protección de la infancia en el país.
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Dieciocho días después, su cuerpo fue encontrado sin vida cerca del río Frío, a tan solo 200 metros del colegio donde fue vista por última vez. Más de un año después de este trágico suceso, su caso sigue lleno de incógnitas.
La mañana del 12 de agosto transcurrió aparentemente normal. Valeria llegó a las 7:15 a. m. al Gimnasio Campestre Los Laureles y asistió a sus clases como en cualquier otro día.
Las cámaras de seguridad registraron sus actividades dentro del colegio: fue vista jugando con un balón, moviéndose por diferentes áreas y acercándose a una zona arbustiva cercana al río. A las 10:10 a. m., las imágenes capturan sus últimos movimientos. Después de entrar varias veces a ese sector, desapareció del registro.
No obstante, la alerta no se activó de inmediato. Fue solo después del mediodía que las alarmas de evacuación sonaron, y se dio aviso a los Bomberos, la Policía y a la familia.
Para entonces, Valeria ya llevaba varias horas desaparecida. Este retraso se convirtió en uno de los principales reclamos de los padres hacia las autoridades y el colegio, que desde un inicio estuvo bajo la lupa.
Durante más de dos semanas, organismos de socorro, voluntarios y familiares trabajaron arduamente en intensas jornadas de búsqueda cerca del río Frío y sus alrededores.
Finalmente, el cuerpo de la menor fue encontrado dieciocho días después en un área que ya había sido inspeccionada previamente, lo que suscitó más dudas sobre lo sucedido. Medicina Legal determinó la causa de la muerte como ahogamiento, pero desde entonces la familia ha argumentado que hay elementos que sugieren un posible homicidio.
El padre de la pequeña, Manuel Afanador, denunció públicamente que la investigación estuvo marcada por negligencia desde el comienzo.
En una de sus más memorables declaraciones a Caracol Radio, dijo: “Yo dejé a mi hija en el colegio, la recogí en una morgue”. En noviembre, reveló que la familia tuvo que interponer una acción de tutela para acceder al expediente del caso, en el que afirmaron haber hallado múltiples fallas en la acción de las autoridades.
Uno de los aspectos más críticos fue la tardanza en la revisión de pruebas clave. Más de ochenta días después del hallazgo del cuerpo, la Fiscalía aún no había revisado los videos que circularon en redes sociales sobre los movimientos de Valeria en los días previos a su desaparición.
Para la familia, esta omisión representó una irreparable pérdida de tiempo en un caso donde cada minuto era crucial.
El caso de Valeria no estuvo aislado. Con el paso de las semanas, sus padres se unieron a otras familias de personas desaparecidas en Colombia. Junto a los familiares de Tatiana Hernández y Ángela Sofía, llevaron a cabo protestas y movilizaciones hacia la Fiscalía en Bogotá, exigiendo inmediatez, verdad y resultados.
Estas manifestaciones, apoyadas por colectivos y fundaciones de víctimas, hicieron visible una crisis estructural: la lentitud en las investigaciones sobre desapariciones en el país.
El colegio también se vio envuelto en la controversia. Mientras la institución reanudó sus actividades con normalidad, los padres de Valeria insistieron en que fallaron los protocolos de seguridad. Manuel Afanador afirmó que su hija no salió voluntariamente del colegio y siempre defendió la teoría de un rapto.
“Mi hija fue raptada del colegio”, reiteró en múltiples espacios públicos, rechazando la versión oficial de que la menor habría salido sola.
Paralelamente, tanto la familia como el colegio informaron haber recibido amenazas. Esto obligó a los padres de Valeria a mudarse por motivos de seguridad.
Desde la institución también denunciaron mensajes intimidatorios en redes sociales y grupos de mensajería, lo que generó inquietud entre estudiantes, docentes y padres de familia.
La Gobernación de Cundinamarca abrió una investigación administrativa para verificar si el colegio cumplía con la distancia normativa frente al río Frío y si hubo omisiones en la supervisión.
La defensa de la familia solicitó investigar a un nuevo sospechoso y expresó preocupaciones sobre posibles alteraciones en la escena de la desaparición. El colegio, a través de su representación legal, afirmó haber seguido los protocolos y negó cualquier manipulación de evidencia.
A finales de 2025, el proceso judicial aún permanece abierto. No hay responsables condenados ni una versión formal sobre lo sucedido con Valeria aquel 12 de agosto. Sin embargo, su caso dejó una profunda huella en Cajicá y en todo el país.
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