Colombia
Fuerte crítica del presidente de la Corte Constitucional por recorte presupuestal a la Rama Judicial para 2026: “Nos toca pedir limosnas”
Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, expresó su desacuerdo con el Gobierno por el recorte de presupuesto a la Rama Judicial para 2026 y advirtió sobre las implicaciones de la falta de recursos en la justicia.
Sus declaraciones se realizaron durante el I Encuentro de las Altas Cortes y el V Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, que tuvieron lugar en Barranquilla.
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“Nos estamos alejando cada vez más de ofrecer una justicia adecuada porque carecemos de autonomía, y no tenemos autonomía porque para crear un nuevo cargo en la Rama Judicial, debemos solicitar recursos a la Rama Ejecutiva”, destacó Ibáñez.
El magistrado agregó: “Si la Rama Ejecutiva no desea proporcionarnos lo necesario, como ocurre ahora que nos ha recortado 6 billones de pesos de un total de 16 billones, simplemente se nos impide ejercer nuestra función judicial”; y enfatizó que “la Constitución garantiza la autonomía de la Rama Judicial, pero queda solo en teoría. Debemos asegurar algún día que esta autonomía sea una realidad en la Rama Judicial”.
Durante su discurso en Barranquilla, el presidente de la Corte solicitó a las autoridades, incluido el presidente Gustavo Petro, que se adhieran a la Constitución. “Por esta razón, la sociedad establece una constitución política. Todos, tanto particulares como autoridades, deben estar subordinados a la constitución. Nadie puede considerarse dueño del Estado”, afirmó.
El magistrado expresó que el respeto a la Constitución es fundamental para una sociedad civilizada, destacando la importancia de la independencia judicial como parte esencial del Estado de Derecho.
Es importante recordar que, a finales de octubre, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expresó su preocupación al Ministerio de Hacienda acerca de la segunda reducción de 695.000 millones de pesos en el presupuesto aprobado para 2026, que se suma a un primer recorte de 4,4 billones de pesos, en relación con la solicitud inicial de 16 billones.
Este ajuste impacta especialmente el pago de sentencias y la creación de cargos indispensables para implementar la Ley 2452 de 2025, que instituyó el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, así como la atención de la Jurisdicción Agraria y Rural.
En una reunión con el viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt Galeano; la directora general del Presupuesto Público Nacional, Martha Hernández Arango; y el asesor del despacho del ministro, Diego Carrero, la Comisión Interinstitucional, integrada por los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscal General de la Nación y el representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, expuso las implicaciones del recorte para toda la rama, incluyendo la Judicatura, el ente acusador y Medicina Legal.
La Comisión hizo hincapié en que la reducción presupuestal afectará servicios de aseo, vigilancia, arriendo, seguros, mantenimiento y servicios públicos, así como la adquisición de mobiliario, maquinaria y otros bienes, y advirtió que también impactará la oferta de servicios judiciales para la implementación del nuevo código laboral y la jurisdicción agraria.
Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura, comentó que “este recorte es muy grave porque afecta la capacidad de crear juzgados laborales municipales y debilita a la Rama Judicial”.
