Procuraduría exige claridad sobre el futuro de Air-e en el Caribe colombiano

El futuro de Air-e sigue siendo incierto tras nuevo requerimiento de la Procuraduría que cuestiona la falta de claridad en los planes de recuperación de la empresa intervenida desde hace más de un año. El organismo de control pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) precisar las alternativas evaluadas para evitar la liquidación de la compañía, responsable de la distribución eléctrica en tres departamentos de la costa caribeña.

¿Cuáles son las principales preocupaciones sobre Air-e?

La Procuraduría identificó varias deficiencias en el informe presentado por la Superservicios. El organismo señaló la falta de detalles sobre propuestas concretas para salvar a la empresa, cambios constantes de agentes especiales sin explicación clara, y ausencia de información sobre medidas adoptadas para garantizar continuidad administrativa durante los relevos en la interventoría.

Según datos conocidos durante el proceso de intervención, la deuda total de Air-e alcanzó aproximadamente 3,6 billones de pesos. De ese monto, cerca de 1,7 billones se acumularon después de iniciada la intervención estatal en septiembre de 2024, lo que evidencia un empeoramiento en la situación financiera de la compañía.

Las obligaciones con empresas generadoras de energía aumentaron significativamente: antes de la intervención rondaban los 825.000 millones de pesos, pero posteriormente superaron los 2,4 billones en distintos momentos. A comienzos de 2026, estas deudas se ubicaban alrededor de 1,7 billones de pesos.

¿Por qué la intervención de Air-e es un asunto de seguridad nacional?

Según la Superintendencia de Servicios Públicos, el sector energético es considerado estratégico para el desarrollo del país. La Procuraduría enfatizó que el seguimiento a Air-e es prioritario porque garantizar la prestación continua de energía es esencial para millones de usuarios en la región.

A lo anterior se suman cerca de 300.000 millones de pesos en subsidios pendientes por parte del Gobierno nacional. Para expertos del sector, el panorama financiero de Air-e no solo representa un problema corporativo, sino un desafío para la estabilidad del sistema eléctrico regional que podría afectar la prestación del servicio público más esencial.

La Procuraduría, a través de las Procuradurías delegadas para la Vigilancia de la Función Pública y para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, exigió que Superservicios informe si existe actualmente un plan estructurado de solución para Air-e y remita documentos que respalden dicha estrategia. Esta decisión genera expectativa sobre las medidas que tomará el Gobierno para evitar el colapso de la distribuidora. Consulta más noticias de Colombia para seguir los desarrollos sobre este caso.