El Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente la resolución del Gobierno que designaba al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz.
La decisión del alto tribunal, emitida hoy 3 de agosto de 2026, representa un giro significativo en la política de paz total del gobierno actual. La suspensión se produce al resolver dos solicitudes de medida cautelar presentadas dentro de demandas que buscan la nulidad del acto administrativo que confirió a Mancuso esta controversial función. Esta medida, de carácter temporal, frena la ejecución de la Resolución número 244 de 2023, expedida por el presidente Gustavo Petro, la cual había formalizado el nombramiento del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como figura clave en los acercamientos de paz.
La Decisión del Consejo de Estado: ¿Qué Argumentaron los Demandantes?
La suspensión provisional de la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del Consejo de Estado se fundamenta en serios cuestionamientos planteados por los demandantes. Estos argumentaron, principalmente, que la designación de Mancuso revictimizaba a aquellos que sufrieron los atroces crímenes perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La justificación detrás de esta objeción radica en la dificultad de conciliar el rol de un perpetrador confeso de graves violaciones de derechos humanos con una figura que, en teoría, debería contribuir a la reconciliación y la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas. Además de la revictimización, los demandantes señalaron una preocupante ambigüedad en la Resolución 244 de 2023. Según ellos, el acto administrativo no establecía límites temporales, geográficos ni funcionales claros para la misión de Mancuso como gestor de paz. Esta falta de delimitación generaba incertidumbre sobre el alcance de sus atribuciones y la duración de su participación en el proceso, lo que podría haberle otorgado un margen de acción excesivamente amplio y poco regulado. El Consejo de Estado, al estudiar estas alegaciones, encontró mérito suficiente para suspender provisionalmente la resolución, concentrándose particularmente en los interrogantes relacionados con el alcance y la naturaleza de la designación. El alto tribunal subrayó un principio fundamental del derecho administrativo colombiano: la facultad del Presidente de la República para dirigir los procesos de paz y nombrar gestores, aunque es una prerrogativa constitucional, no es absoluta. Por el contrario, debe ejercerse siempre dentro de los límites y parámetros establecidos por la ley. Esta aclaración es crucial, pues reafirma la necesidad de que cualquier nombramiento de esta índole se ajuste a un marco jurídico estricto que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, el respeto a los derechos de las víctimas y a la institucionalidad.
¿Qué Implica la Suspensión Provisional del Gestor de Paz para Mancuso?
La suspensión provisional dictada por el Consejo de Estado tiene implicaciones directas e inmediatas para Salvatore Mancuso y su rol dentro de la política de paz del Gobierno. En esencia, su designación como gestor de paz queda inhabilitada de manera temporal. Esto significa que, mientras la medida cautelar esté vigente, Mancuso no podrá ejercer las funciones ni gozar de los beneficios asociados a dicho nombramiento. La figura del gestor de paz, en el contexto colombiano, usualmente implica beneficios como la suspensión de órdenes de captura o la facilitación de su participación en diálogos, en aras de contribuir a la desmovilización o el acercamiento con grupos armados. Al quedar suspendida su designación, cualquier prerrogativa derivada de ese estatus queda en pausa. Es fundamental comprender que la suspensión es de naturaleza temporal. No se trata de una anulación definitiva de la resolución, sino de una medida cautelar que busca prevenir posibles afectaciones mientras el Consejo de Estado lleva a cabo un estudio más profundo y decide de fondo sobre la legalidad de la designación. Es decir, el proceso judicial que busca la nulidad de la Resolución 244 de 2023 continuará su curso, y esta suspensión provisional es solo un paso en ese camino. Previamente a esta decisión, el Gobierno había designado a un grupo de 16 exjefes paramilitares, incluyendo a Salvatore Mancuso, como gestores de paz. La vigencia de estas designaciones, según los datos conocidos, estaba establecida hasta el 6 de agosto de 2026. Al día de hoy, 3 de agosto de 2026, la suspensión provisional llega justo cuando el plazo original de su rol estaba próximo a expirar, lo que añade una capa de complejidad a la situación y a la continuidad de cualquier gestión que pudiera haber estado realizando bajo ese amparo.
Antecedentes de la Figura del Gestor de Paz en la Actual Administración
La figura del gestor de paz no es nueva en el ordenamiento jurídico colombiano, pero ha adquirido una relevancia particular bajo la administración del presidente Gustavo Petro, en el marco de su política de “Paz Total”. Esta estrategia busca entablar diálogos y negociaciones con diversos grupos armados, tanto guerrilleros como bandas criminales y estructuras paramilitares, con el objetivo de lograr un cese de hostilidades y una eventual desmovilización. Dentro de este marco, la designación de individuos con experiencia y conocimiento de los conflictos, incluso si provienen de las filas de grupos armados, ha sido una herramienta empleada por el Gobierno para facilitar acercamientos y tender puentes. La Resolución 244 de 2023, que hoy se encuentra suspendida, es un ejemplo claro de esta aproximación. Mediante ella, el presidente Petro designó a Salvatore Mancuso como gestor de paz, una decisión que generó un intenso debate público y jurídico desde su anuncio. La justificación del Gobierno para nombrar a Mancuso radicaba en su supuesto conocimiento y capacidad para contribuir a la verdad, la reparación y la no repetición, especialmente en lo que respecta a las estructuras paramilitares que aún operan en el país o a la desarticulación de otras redes criminales. Este nombramiento se enmarcó en una serie de designaciones similares. De hecho, antes del caso de Mancuso, el Gobierno ya había nombrado a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz. Estas designaciones, en su momento, también generaron discusiones sobre la idoneidad de otorgar este tipo de roles a personas con un pasado judicial complejo y sobre los límites de la facultad presidencial en la búsqueda de la paz. El Consejo de Estado, al recordar que la facultad del Presidente para dirigir los procesos de paz y nombrar gestores no es absoluta y debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la ley, subraya la importancia de un equilibrio entre la búsqueda de la paz y el respeto por los principios de justicia, legalidad y los derechos de las víctimas.
¿Qué Sigue Ahora para Salvatore Mancuso y el Gobierno?
La suspensión provisional de la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz abre un nuevo capítulo en este complejo expediente legal y político. Para Mancuso, la consecuencia más inmediata es que, al menos por ahora, su papel como facilitador de paz queda en un limbo jurídico. Cualquier actividad que estuviera realizando bajo el amparo de esa resolución deberá cesar, a la espera de una decisión de fondo. Su situación legal, que ya de por sí es intrincada debido a su pasado como exjefe paramilitar y los procesos judiciales que aún enfrenta, no se ve directamente alterada en cuanto a su condición de procesado, pero sí en lo referente a cualquier beneficio o prerrogativa que pudiera haberle otorgado la figura de gestor de paz. Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la decisión del Consejo de Estado representa un revés en una de las aristas de su estrategia de Paz Total. Si bien la suspensión es provisional, indica que el alto tribunal ha encontrado argumentos de peso en las demandas que cuestionan la legalidad y el alcance de este tipo de nombramientos. El Gobierno deberá evaluar la decisión y considerar sus próximos pasos, que podrían incluir la presentación de recursos o la espera de la decisión definitiva del Consejo de Estado. Lo que viene ahora es un proceso de estudio de fondo por parte del Consejo de Estado. El alto tribunal analizará con mayor detalle todos los argumentos presentados por los demandantes y la defensa del Gobierno para determinar si la Resolución 244 de 2023 debe ser anulada de forma definitiva o si, por el contrario, se ajusta a la legalidad y puede volver a tener efectos. Este proceso judicial podría tomar tiempo, y mientras tanto, la designación de Mancuso como gestor de paz permanecerá inactiva. La decisión final del Consejo de Estado sentará un precedente importante sobre los límites y el alcance de la figura del gestor de paz en Colombia, y sobre la facultad presidencial para realizar este tipo de nombramientos en el marco de la búsqueda de la paz.
