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El futuro de las obras del Canal del Dique volvió al centro del debate regional luego de que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, urgiera al Gobierno Nacional a cumplir con los pagos pendientes al contratista encargado del proyecto. Según explicó, la Nación aún no ha girado 490.000 millones de pesos comprometidos para la financiación de la obra, lo que ha encendido las alarmas por el riesgo de una eventual suspensión.
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Verano afirmó que, a pesar de tratarse de una intervención estratégica para la región Caribe, solo se han desembolsado 75.000 millones de pesos, una cifra que calificó de insuficiente para sostener el ritmo de ejecución. “No tenemos aún información completa sobre el estado de los pagos, pero esperamos que el giro se concrete pronto para evitar frenos en un proyecto que es vital”, señaló el mandatario.
La preocupación no es exclusiva del Atlántico. Desde Bolívar, el gobernador Yamil Arana se sumó al llamado y pidió al Ministerio de Hacienda agilizar las transferencias. Para Arana, no es admisible que entidades del Estado utilicen este Ministerio como excusa para justificar retrasos en obras de alto impacto.
La megaobra que articula a dos departamentos
Yamil Arana, gobernador de Bolívar. Foto:Juan David Camacho. EL TIEMPO
Arana enfatizó que la reconstrucción y recuperación del Canal del Dique no solo transformará a Bolívar, sino que tendrá un impacto directo en el Atlántico. “Esta megaobra impulsará el desarrollo social, económico y ambiental de toda la región”, afirmó, subrayando la urgencia de que los recursos comiencen a fluir sin más dilataciones.
En paralelo, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entregó un balance preliminar del avance del proyecto durante 2025. En este informe, la entidad reiteró sus expectativas para 2026, año en el que esperan iniciar formalmente las obras físicas, siempre y cuando se superen los procedimientos ambientales pendientes.
Si bien la fecha tentativa para arrancar construcciones ya había sido anunciada semanas atrás, la ANI reafirmó su meta en el más reciente reporte de gestión, insistiendo en que todo depende de la etapa ambiental.
El nudo crítico: el Estudio de Impacto Ambiental
El canal del Dique tiene 114,5 km de largo. Foto:Yomaira Grandet. Archivo EL TIEMPO
El principal requisito para que la obra pase a ejecución es culminar la actualización y elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un instrumento técnico indispensable para solicitar la licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Milena Jiménez, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, explicó que desde septiembre el consultor contratado trabaja de manera exclusiva en el EIA, que constituye la llave de acceso a la etapa de obra. “Sin licencia ambiental, no puede iniciarse ninguna intervención física.”, recordó.
La ANI insistió en que el cronograma podría mantenerse si el proceso ambiental no enfrenta nuevos tropiezos. De ser así, los municipios más afectados por las inundaciones recurrentes y el deterioro de los ecosistemas comenzarían a ver avances reales una vez el proyecto migre de la fase de estudios a la ejecución plena.
Impacto regional del Canal del Dique
Canal del Dique. Foto:Gobernación de Bolívar
El Canal del Dique atraviesa tres departamentos del Caribe colombiano: Bolívar, Atlántico y Sucre, y su rehabilitación es considerada una de las apuestas de infraestructura hídrica más importantes del país. Su área de influencia incluye comunidades que dependen directamente de su estabilidad ecológica y de su capacidad para mitigar riesgos. asociados a crecientes, sedimentación y pérdida de biodiversidad.
En el caso de Bolívar, el proyecto involucra zonas clave como Cartagena, Arjona, Mahates, María La Baja, Calamar, San Estanislao, Soplaviento, Turbana, Arroyo Hondo y San Cristóbal. En Atlántico, impacta a Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Santa Lucía, Suan y Sabanalarga, territorios que históricamente han enfrentado emergencias por inundaciones.
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Aunque en menor proporción, también se extiende a Sucre, especialmente al municipio de San Onofre, donde la intervención del canal influye en las dinámicas pesqueras y productivas.
Mientras los gobernadores presionan para evitar un nuevo retraso y la ANI avanza en el proceso ambiental, los ojos de toda la región permanecen sobre el Gobierno Nacional, a la espera de los desembolsos pendientes. El consenso es claro: Detener el Canal del Dique no es una opción para los departamentos que dependen de su rehabilitación. para garantizar la mitigación de riesgos, el desarrollo productivo y la estabilidad de los ecosistemas.
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