Gobierno defiende aumento del 23% y su conexión con el

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó en detalle las razones que llevaron al Gobierno a decretar un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026 y señaló que “estamos inaugurando una nueva era en la discusión del salario mínimo en Colombia” y que, desde ahora, este deberá estar referenciado al concepto de salario vital definido por la Organización Internacional del Trabajo y respaldado en la Constitución Política.

En su intervención, Sanguino aseguró que la decisión no obedece a un impulso político, sino que “tiene fundamentos en la teoría económica” y recordó que en el pasado predominó la llamada flexibilidad laboral, basada en la restricción de salarios, el recorte de derechos y la tercerización. A su juicio, esas políticas profundizaron la precariedad e informalidad, mientras que el Gobierno actual se apoya en una visión keynesiana y neokeynesiana del mercado laboral colombiano.

Esa perspectiva parte de que mejores ingresos impulsan la economía real y por eso, el ministro sostuvo que “a mejores salarios o mayores ingresos, mayor consumo de los hogares, mayor demanda agregada, mayor producción de bienes y servicios y más y mejores empleos”. Así mismo, afirmó que es el “multiplicador del consumo” lo que termina fortaleciendo la actividad productiva y no debilitándola, siempre que los aumentos se acompañen de políticas públicas coherentes y sostenidas.

Sanguino recordó que el concepto de salario vital es, según la OIT, “el nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida a los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias del país” y recordó que la Constitución también consagra el derecho a una remuneración “mínima vital y móvil”; lo cual significa que el salario mínimo debe contribuir a garantizar condiciones de vida dignas del trabajador y su núcleo familiar, en línea con el modelo de Estado social de derecho vigente.

Si bien uno de los puntos más sensibles es el efecto del aumento sobre los precios, el Mintrabajo insistió en que el salario es “solo un factor” dentro de la estructura de costos empresariales y destacó que su incidencia directa podría representar alrededor de 0,6% en los precios finales, una cifra que califica como marginal frente al impacto expansivo que tendría el mayor ingreso laboral sobre el consumo, la producción y las expectativas de venta del sector privado.

Para calcular la brecha entre salario mínimo y salario vital, el Gobierno partió de que OIT estima la canasta vital para un hogar de cuatro personas en $2.982.589 en 2024. En el caso de un hogar de tres personas, el salario vital fue estimado en $1.687.957 en 2024 y, ajustado por inflación, alcanzaría cerca de $1.826.190 para 2026, un parámetro que sirvió como línea de referencia en la discusión institucional.

Al comparar esa cifra con el salario mínimo de 2025, que fue de $1.423.500, el Ejecutivo encontró una brecha del 28,3% y pese a ello, el ministro explicó que la decisión fue avanzar de manera gradual. 

“Preferimos que ese cierre de brecha se haga progresivamente”, señaló, de modo que para 2026 el aumento quede en 23% y el diferencial restante se vaya cerrando en vigencias posteriores, sin generar saltos abruptos o desbalance macroeconómico.

En términos concretos, el salario base pasará de $1.423.500 a $1.705.905, lo que equivale a un incremento de $327.405. Mientras tanto, el auxilio de transporte aumentará 24,5%, subiendo de $200.000 a $249.095. Así, la suma de ambos conceptos será de $2 millones para el próximo año y Sanguino resaltó que “el gobierno del cambio recibió el salario mínimo en un millón y lo está entregando en dos millones de pesos” como muestra de su política de ingresos.

El ministro también defendió el contexto económico en el que se toma la decisión y señaló que la inflación bajó de niveles cercanos al 14% a 5,3%, que el crecimiento podría cerrar en 2,9% y que el desempleo disminuyó a 8,2%, “la tasa más baja del siglo”. A eso sumó una reducción de la informalidad laboral y el hecho de que “hemos logrado sacar de la pobreza un millón trescientos mil colombianos y colombianas por la vía de los ingresos”.

Finalmente, Sanguino afirmó que la política salarial busca equilibrar justicia social y sostenibilidad empresarial y recordó que se diseñarán medidas de apoyo para mipymes y unidades productivas vulnerables, de modo que “combinemos justicia laboral con protección y sostenibilidad de nuestra estructura empresarial”. Según el ministro, el aumento del mínimo es una decisión estructural que apunta a cerrar brechas, reducir pobreza y avanzar hacia un salario mínimo cada vez más cercano al salario vital.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio