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El Decreto 1197 establece un arancel de cero durante un año para 10 subpartidas de hilados, con el objetivo de potenciar la competitividad del Sistema Moda y resguardar el empleo, mientras que los sindicatos alertan sobre riesgos para la industria nacional.
El Gobierno Nacional ha dado a conocer una nueva regulación arancelaria orientada al sector textil y de confecciones, mediante la firma del Decreto 1197 el 14 de noviembre por el presidente Gustavo Petro y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas. Esta norma determina arancel cero, por un año, para 10 subpartidas de hilados sintéticos y de algodón que son insumos esenciales para la industria del Sistema Moda.
De acuerdo al Ministerio, esta resolución busca atender una falta de abastecimiento específico que enfrenta la industria nacional en estas categorías, a pesar de que exista un registro de producción local. El déficit, explican, se relaciona con un incremento de la demanda global y con la creciente presión del comercio internacional, donde la llegada masiva de productos finales a bajo costo ha afectado a los fabricantes colombianos.
El alivio arancelario solo se aplicará a naciones que no tengan acuerdos comerciales en vigor con Colombia y, según el ministerio correspondiente, busca prevenir mayores distorsiones en los costos de producción, salvaguardar el empleo y potenciar la competitividad del sector.
“La falta de suministro de estos insumos, combinada con la competencia internacional, pone en riesgo un aumento de los costos y la reducción de la producción nacional. Por ello implementamos esta medida temporal”, afirmó la ministra Morales Rojas.
El Gobierno resalta que el Sistema Moda es uno de los principales generadores de empleo en el país, con aproximadamente 1,5 millones de empleos directos e indirectos y cerca de 2,5 millones en toda su cadena ampliada. Además, la disposición beneficiaría a más de 72.000 empresas de confecciones, muchas de ellas vinculadas a la Economía Popular.
Entre las repercusiones esperadas se incluye un desincentivo al contrabando, una mejora en la competitividad frente a plataformas digitales y un aumento en la formalización empresarial, lo cual podría traducirse en mayores ingresos fiscales.
La decisión provocó rechazo en parte de los sindicatos. El Comité Ejecutivo de la CGT y líderes del sector textil advirtieron que la reducción arancelaria podría agravar la situación de los productores locales. Luis Rodrigo Carmona, presidente del Sindicato Fabricato, afirmó que la medida favorece a los competidores asiáticos y representa “una competencia desleal” para la industria nacional.
Según sus cálculos, el decreto podría resultar en la pérdida de hasta 8.000 empleos directos, 30.000 indirectos y causar un impacto severo en los municipios dependientes de la actividad textil.
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