Gobierno extendió Zona de Ubicación Temporal en Catatumbo tras escalada de violencia entre ELN y las disidencias de las Farc

El Gobierno nacional ha oficializado la prórroga de siete meses para la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural de Tibú, Norte de Santander, con el objetivo de mantener los compromisos del proceso de paz con el Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio, liderado por Comandante Gentil Duarte, cuya estructura incluye al Frente 33 de las Farc.

La extensión, emitida a través de la Resolución 474 del 23 de diciembre de 2025 y firmada por el presidente Gustavo Petro, busca asegurar la continuación del plan de alistamiento e ingreso gradual de los miembros del grupo armado a la ZUT, y resguardar la vigencia de los acuerdos logrados a pesar de la falta de un cese formal de hostilidades.

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El conflicto armado en el Catatumbo ha generado un grave impacto humanitario en las últimas semanas. Los enfrentamientos entre las disidencias del Frente 33, dirigidas por alias Calarcá, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han provocado desplazamientos forzados, homicidios y confinamientos, incrementando la presión sobre las comunidades atrapadas en la lucha por el control territorial y las economías ilegales.

En este contexto, la decisión del Gobierno busca disminuir la intensidad de la confrontación y proteger a la población civil, cumpliendo así con los compromisos pactados en el VII ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz.

La resolución aclara que la Zona de Ubicación Temporal no es una zona de despeje y ordena asegurar el pleno ejercicio del Estado de Derecho en el área, garantizando el funcionamiento normal de las instituciones que protegen los derechos de los residentes. Los compromisos incluyen desescalamiento del conflicto, protección de menores, transformación territorial, sustitución de cultivos ilícitos, protección del medio ambiente y garantías electorales, según lo detallado en el documento oficial.

Mientras avanza el proceso de diálogo, las comunidades locales, organizaciones sociales y autoridades territoriales instan al Gobierno a proporcionar respuestas integrales en términos de seguridad y asistencia humanitaria. La persistente violencia y la precariedad institucional en esta estratégica zona del nororiente colombiano intensifican el riesgo de nuevas víctimas y perpetúan la inestabilidad regional.

Una conversación telefónica entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, que duró más de una hora, ha reconfigurado el panorama diplomático entre ambos países, concentrando la atención internacional en Catatumbo, una región crucial para la estrategia estadounidense en la lucha contra el narcotráfico.

Expertos y organizaciones de derechos humanos advierten que cualquier incremento de la presión militar en la región podría agravar de manera irreversible la ya frágil situación humanitaria, especialmente tras el inicio de nuevos enfrentamientos el 16 de enero de 2025, con la entrada de nuevos actores armados.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, declaró a La FM que si se realiza una acción militar de Estados Unidos a través de la fuerza pública colombiana, la región enfrentaría un aumento en la crisis de desplazamientos y confinamientos.

Mayorga afirmó: “Desde nuestra perspectiva como defensores de derechos humanos, lo que observamos es que cualquier ataque de la fuerza pública en el Catatumbo debido a la presión de Donald Trump incrementará el número de desplazados y confinados en la región. Esta crisis humanitaria podría dispararse; deseamos que no ocurra, pero la situación podría empeorar, así como los efectos sobre las víctimas y las comunidades”. También enfatizó la importancia de reducir la tensión bilateral, aunque subrayó que la amenaza de nuevas operaciones militares mantiene en alerta a las comunidades.

Desde el inicio del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe en 2025, Catatumbo se ha convertido en un objetivo estratégico crucial en la lucha contra el narcotráfico, lo que incrementa la preocupación local sobre las posibles consecuencias de cualquier intervención directa o indirecta de Estados Unidos en la región.

Este contexto se complica aún más por el llamado de alias Iván Mordisco, líder guerrillero, a otras organizaciones armadas para formar una alianza en contra de la presencia estadounidense. La posibilidad de enfrentamientos con nuevos actores armados y la llegada de miembros del ELN desde Venezuela suman un factor de inestabilidad que, según Mayorga, podría provocar una crisis alimentaria sin precedentes.