Gobierno nacional habilita a la Policía para ejecutar erradicación de cultivos ilícitos con drones

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha corroborado que el Gobierno del presidente Gustavo Petro concedió la autorización necesaria para que la Policía Nacional dé inicio a la aspersión de glifosato utilizando drones, en el marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos a través de Aspersión Aérea de Glifosato.

La información fue compartida tras las explicaciones proporcionadas por la entidad sobre el alcance de esta autorización y los requisitos técnicos necesarios para su implementación, según reportó la Revista Semana.

Según la ANLA, el programa gestionado por la Policía cuenta con un Plan de Manejo Ambiental que fue otorgado originalmente en noviembre de 2001, el cual autorizaba la aspersión aérea de glifosato.

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A pesar de ello, esta autorización fue suspendida 14 años después mediante una resolución posterior, lo que obligó a reconsiderar las modalidades permitidas para la erradicación de cultivos ilícitos.

Posteriormente, el 12 de diciembre de 2016, la autoridad ambiental aprobó una modificación que permitió que la aspersión terrestre del herbicida se realizaría mediante técnicas como bombas de espalda, equipos estacionarios y un método conocido como EATBAND, que incluye el uso de drones para operaciones terrestres. Esta autorización se mantiene vigente y constituye el marco bajo el cual se pone en marcha la nueva estrategia anunciada por el Gobierno.

La ANLA aclaró que para activar la aspersión con drones, no es necesaria la expedición de una nueva licencia ambiental, ya que los instrumentos preexistentes siguen siendo válidos. Sin embargo, especificó que el inicio de esta modalidad depende de un aval técnico emitido por el Comité Técnico Interinstitucional, que es dirigido por el Ministerio de Justicia.

Ese aval, según la entidad, tiene como objetivo certificar que la aplicación del glifosato mediante drones cumpla con todas las condiciones técnicas necesarias para la operación de aspersión terrestre. En este contexto, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, presentó la estrategia como parte de las acciones contra los cultivos ilícitos, dentro de los parámetros establecidos por la normativa ambiental.

El aval proporcionado a la Policía está relacionado específicamente con el estudio de calibración de los equipos, documento que deberá ser validado por la ANLA antes de que inicien las operaciones en el terreno. La autoridad ambiental indicó que este proceso permite evaluar la precisión, seguridad y control del químico durante su aplicación, con el objetivo de evitar impactos no autorizados.

En sus aclaraciones, la ANLA recordó que la Resolución 2257 del 25 de septiembre de 2025 actualizó las condiciones bajo las cuales se puede llevar a cabo aspersión terrestre con glifosato en Colombia. Dicha normativa introdujo ajustes a los protocolos existentes y reforzó las obligaciones que deben cumplir las entidades ejecutoras del programa.

Entre las restricciones vigentes, la entidad indicó que no se permite la aspersión en áreas destinadas a la producción de alimentos, especialmente en aquellas que pertenecen al sector agrícola. Además, se deben establecer límites estrictos en relación con fuentes de agua y controles sobre los residuos de glifosato que puedan generarse durante las operaciones.

Otro de los requisitos es la actualización del plan de contingencias, el cual debe adhesionarse a la normativa ambiental vigente y considerar escenarios de riesgo asociados a la aspersión terrestre. La ANLA mencionó que estas directrices buscan asegurar que las actividades se lleven a cabo dentro de parámetros técnicos verificables.

La Policía Nacional será la entidad responsable de implementar este modelo de aspersión, una vez se cumplan todas las verificaciones previas exigidas por la autoridad ambiental. Según la ANLA, el seguimiento a las operaciones será parte de su labor de control, con un enfoque en la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en los actos administrativos vigentes.

La entidad reiteró que su función se limita a la evaluación técnica y ambiental, sin participar en las decisiones operativas o estratégicas del Gobierno en relación a la lucha contra los cultivos ilícitos. En este sentido, subrayó que la aspersión con drones se encuadra entre las modalidades de erradicación terrestre ya autorizadas desde 2016.

Finalmente, la ANLA afirmó que mantendrá un proceso de verificación constante antes y durante el desarrollo de las operaciones, conforme a las competencias que le asigna la ley. La información divulgada es parte de las aclaraciones solicitadas tras el anuncio oficial del Gobierno sobre la implementación de este mecanismo de erradicación, según lo publicado por la Revista Semana.