Colombia
Gobierno Petro frenó extradición a Estados Unidos de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera
El presidente Gustavo Petro ha decidido frenar la extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, conocido como Araña, líder de los Comandos de Frontera, a pesar de que el Gobierno había autorizado su entrega por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.
Este movimiento busca asegurarse de que Rojas siga contribuyendo con resultados concretos al proceso de paz total.
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La decisión, apoyada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, responde a una solicitud de la Corte Distrital del Distrito Sur de California. Esta corte acusa a Rojas de asociación para distribuir cocaína y actividades vinculadas al narcoterrorismo.
Sin embargo, la entrega queda en suspenso mientras el implicado continúe participando activamente en las negociaciones de paz, conforme al artículo segundo de la resolución, según Blu Radio.
El Gobierno ha dejado en claro que la extradición solo se llevará a cabo si Rojas interrumpe su contribución al proceso de paz, conforme a la Ley 2272 de 2022.
Además, Estados Unidos debe asegurar que el líder criminal no sea sometido a desaparición forzada, torturas, penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a sanciones de destierro, prisión perpetua o confiscación, como lo estipula el artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
Rojas se presenta como representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional. Fue capturado en un hotel de Bogotá mientras participaba en estas negociaciones, según la Corte Suprema de Justicia.
Investigaciones de las autoridades estadounidenses indican que la organización encabezada por “Araña” producía cocaína en Colombia, la transportaba a México y luego entraba al mercado estadounidense, cometiendo delitos de narcoterrorismo. La Corte destacó que los Comandos de Frontera han perdido toda legitimidad política y operan actualmente como una estructura criminal.
La detención de Geovany Andrés Rojas, que ocurrió después de las conversaciones del tercer ciclo con el Gobierno en un hotel de Bogotá, generó un intenso debate político y jurídico sobre la prevalencia de los compromisos del proceso de paz frente a las obligaciones internacionales de Colombia.
La captura fue realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol y a solicitud de una corte federal del Distrito Sur de California.
Este procedimiento ha generado preguntas sobre la coordinación entre las instituciones del Estado y el manejo de los casos de negociadores enfrentando procesos judiciales en el exterior. En particular, ha reavivado el debate sobre los alcances de la política de “paz total” y los límites de las suspensiones de órdenes de captura cuando existen requerimientos de extradición en vigor.
La controversia se intensificó cuando los abogados Sebastián Velásquez y Sergio Alzate presentaron una denuncia ante la Fiscalía General solicitando una investigación sobre el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, por presuntos delitos de abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y prevaricato por acción.
De acuerdo con los denunciantes, Patiño habría intervenido para intentar detener la captura de Rojas, contactando a altos mandos militares y a la fiscal general Luz Adriana Camargo.
La Fiscalía explicó luego que la captura se realizó en estricto cumplimiento de una circular roja de Interpol, la cual no se ve afectada por resoluciones internas que suspendan órdenes de captura en Colombia.
En un comunicado, el ente acusador mencionó que Rojas es requerido por Estados Unidos por su supuesta participación reciente en el envío de cargamentos de cocaína hacia ese país, en su rol de cabecilla de los Comandos de Frontera.
Según el expediente judicial, entre 2017 y 2025 la organización dirigida por “Araña” habría coordinado el tráfico de cocaína a través de rutas que incluían a México, además de imponer cobros a otros narcotraficantes que operaban en zonas del Putumayo y Caquetá. Uno de los cargamentos, de cerca de 1.500 kilos, fue incautado por las autoridades mexicanas en marzo de 2024.
