Gobierno Petro podría decretar emergencia económica tras la caída de la reforma tributaria, asegura experto: “Le permite recaudar plata”

La caída de la reforma tributaria durante la sesión del martes 9 de diciembre en el Congreso de la República forzará al Gobierno a reconsiderar su enfoque fiscal para el próximo año, enfrentando la elección entre reducir el gasto público o buscar fuentes de financiamiento alternativas.

En vista de esto, el Gobierno de Petro está considerando declarar una emergencia económica tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso. Esta medida podría permitir la imposición de nuevos impuestos para cubrir un déficit de 16 billones de pesos y ajustar las finanzas públicas en 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro Germán Ávila afirmó que esta opción está sobre la mesa entre las alternativas que el Gobierno de Gustavo Petro considera para asegurar los recursos necesarios en el presupuesto.

Ávila expresó que la negativa a la reforma tributaria impacta directamente la sostenibilidad fiscal, dado que la ley de presupuesto aprobada por el Congreso incluía la obligación de tramitar una ley de financiamiento.

El ministro destacó que la propuesta final de recaudo se recortó de $26,3 billones a $16,3 billones tras diversas mesas de trabajo y la eliminación de medidas sensibles, como el aumento en combustibles, para llegar a un consenso.

El funcionario destacó que la reforma estaba enfocada principalmente en los sectores de altos ingresos y en el sistema financiero, por lo que no afectaba a la mayoría de la población. Según sus declaraciones, “un 75% de la Cámara y un 65% del Senado aprobaron un presupuesto que de manera explícita convocaba al Gobierno a presentar esa ley”, un mandato institucional que considera incumplido por un grupo menor de congresistas.

Ávila criticó la posición de algunos senadores que, después de aprobar el presupuesto, se opusieron a la ley de financiamiento, mencionando a Paulino Riascos, Richard Fuelantala, Juan Samy Merheg y Angélica Lozano. El ministro rechazó que la decisión estuviera impulsada por intereses electorales y argumentó que la reforma proporcionaba una fuente estable de ingresos a mediano plazo, lo que beneficiaría la estabilidad fiscal tanto del actual Gobierno como del próximo.

“Esa crisis fiscal es el hecho prevalente que estamos enfrentando. El mismo Congreso, al rechazar la ley de financiamiento, está creando un hecho prevalente frente a un presupuesto que ellos mismos aprobaron”, afirmó el ministro en declaraciones a La W.

El economista y profesor de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, explicó en diálogo con La FM, donde advirtió que la decisión legislativa tendrá repercusiones inmediatas tanto en la política económica como en la vida cotidiana de la ciudadanía.

Restrepo destacó que, ante la falta de capacidad para recaudar los 16,5 billones de pesos previstos en la reforma, el Gobierno deberá decidir si ajusta el presupuesto nacional mediante recortes o explora otras alternativas.

“Tendrá que realizar un recorte del gasto que había previsto en el presupuesto general de la nación para el año que viene”, señaló el experto.

Entre las opciones mencionadas se incluye la posibilidad de declarar una emergencia económica, lo que facultaría al Gobierno para establecer impuestos de forma excepcional.

El economista subrayó que cualquier decreto de este tipo estaría sujeto a revisión por parte de la Corte Constitucional, aunque aclaró que, incluso si la Corte posteriormente anula los impuestos, el Gobierno podría recaudar esos fondos temporalmente: “Permite que el Gobierno de aquí hasta allá recaude esa plata”, reiteró Restrepo.

El especialista también abordó los riesgos de medidas extremas, como la cesación de pagos o la creación de impuestos a través de decretos.

Restrepo destacó que, aunque se ha especulado sobre la posibilidad de que el Gobierno amenace con dejar de pagar la deuda externa, cualquier acción de este tipo debe superar el escrutinio constitucional.

Además, resaltó que la viabilidad de decretos extraordinarios dependerá tanto de la disposición del Ejecutivo para ajustar el gasto como de la evaluación legal correspondiente.

Respecto al impacto directo sobre la población, el experto consideró que la caída de la reforma es “una excelente noticia” para los ciudadanos, ya que “ya no tendrán un aumento de impuestos” ni para las personas ni para las empresas.

Según el economista, este desenlace transmite un mensaje político claro: “El Congreso ya no apoya al Gobierno nacional en las solicitudes de impuestos, justo antes de las elecciones”, afirmó.

Finalmente, Restrepo advirtió que la presión para recortar el gasto público podría tener un efecto adicional en la economía, sugiriendo que “podría generar una situación en la que bajen los intereses que estamos pagando todos por las hipotecas y créditos del sistema financiero”.

El fracaso de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno nacional, que tenía como objetivo recaudar $16,3 billones, benefició notablemente al sector minero-energético.

El proyecto, conocido como ‘Pacto Fiscal’ y presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue archivado en las comisiones económicas del Congreso, lo que obligará a ajustar el presupuesto para 2026 a $530,6 billones.

Entre las medidas que no lograron avanzar, se encontraba un impuesto especial a la extracción de hidrocarburos, equivalente al 1% sobre el valor FOB en exportaciones y sobre el valor de las facturas para ventas nacionales.

Asimismo, la iniciativa incluía un impuesto al carbono que habría incrementado las tarifas de gas y electricidad, así como una sobretasa al impuesto de renta y un IVA del 19% para vehículos híbridos ligeros.

Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), advirtió que la reforma buscaba aumentar la tarifa del sector de hidrocarburos del 40% al 50%, lo que, junto a otros impuestos como los ambientales y regalías, habría reducido considerablemente el margen de utilidades del sector.

“La reforma tributaria lo que traía era la sepultura del sector de hidrocarburos y de las actividades extractivas”, declaró Junco en declaraciones recopiladas por Valora Analitik.

Junco también destacó que la canasta energética se mantuvo sin alteraciones, ya que el impuesto al carbono habría aumentado los precios del gas y la gasolina.

David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, subrayó, para el mismo medio, que la sobretasa al impuesto de renta generaría otro impacto negativo en el sector.

Según Junco, la implementación de estos tributos habría ocasionado una caída en el recaudo, pues las empresas del sector de hidrocarburos y actividades extractivas podrían abandonar Colombia, generando así menores ingresos para el país.