Gobierno Petro ya tiene en sus manos los USD6.000 millones que vendió en una operación atípica para endeudar a Colombia

La venta directa de títulos de tesorería (TES) del Gobierno de Gustavo Petro a Pimco por un valor de USD6.000 millones (equivalentes a $23 billones) ha suscitado un debate intenso sobre la transparencia y la gestión de la deuda pública en Colombia. La transacción, realizada fuera del proceso habitual de subastas y sin previo aviso, generó reacciones entre economistas, organismos de control y analistas de mercado.

Este acuerdo con Pimco se formalizó el 19 de diciembre de 2025, permitiendo que los recursos estén disponibles de inmediato para la Nación. De esta cantidad, USD1.000 millones ya se han monetizado en el mercado local, mientras que USD930 millones se destinarán a liquidar parte de operaciones anteriores relacionadas con derivados financieros, según explicó Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

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El funcionario comentó a Valora Analitik que la mayor parte de los fondos restantes se convertirá en moneda local de manera progresiva, pero con “una monetización gradual, pero acelerada”. Indicó que “el objetivo fundamental de la operación es fortalecer la liquidez del Gobierno” ante el posible aumento de la volatilidad en el ciclo electoral de 2026.

“El riesgo de liquidez es actualmente la mayor preocupación, ante la inminente volatilidad electoral donde el desenlace dependerá de los candidatos que avancen a la segunda vuelta en las elecciones de 2026”, afirmó, subrayando que el manejo prudente de la liquidez busca minimizar presiones en tasas y el mercado de divisas.

Respecto a la estructura de la operación, detalló que la monetización de los recursos comenzó el 23 de diciembre, destacando la necesidad de garantizar la disponibilidad de fondos antes de enfrentarse a una posible situación inestable. Resaltó que, por estrategia, “nunca se informó a nadie que el monto de la operación era de USD6.000 millones”, para evitar de antemano la divulgación del nombre del comprador o los detalles del acuerdo, lo cual podría haber incrementado la presión sobre la tasa de cambio, afectando negativamente los términos convenidos para la deuda pública colombiana.

Para definir las condiciones de la venta, el Ministerio de Hacienda consultó a un creador de mercado local, que proporcionó referencias de precios para una emisión considerable. “Se ofrecieron inicialmente tasas alrededor de 75 puntos base por encima de la valoración de mercado para un flujo estimado de USD1.000 millones”, afirmó Cuéllar. La operación siguió a la evaluación de propuestas de varios fondos internacionales, aunque la oferta de Pimco fue considerada la más conveniente para el país.

Sin duda, el método utilizado y la falta de información pública generaron críticas significativas. Por ejemplo, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, candidato presidencial, denunció “el retroceso de 25 años en transparencia” que representa adjudicar $23 billones a un inversionista privado bajo condiciones opacas. “Teníamos un mercado de capitales transparente y profundo, donde se conocían plazos y tasas de colocación. Ahora, a un inversionista privado se le entrega $23 billones sin revelar tasas ni identidad”, dijo Cárdenas en un video.

Además, Cárdenas resaltó el trato desigual hacia los participantes del mercado y sus posibles repercusiones. “Todos los inversionistas deben tener exactamente la misma información al mismo tiempo. Fue desastroso esa colocación privada, un cifra notable que indica que se avecina un gran problema”, añadió.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo, subrayó las implicaciones fiscales e internacionales de este proceso.

“Esa falta de transparencia, además, alimenta la percepción de estrés fiscal y puede elevar el costo del financiamiento estatal en general. La urgencia fiscal no puede justificar la eliminación del mecanismo de subastas que asegura igualdad de condiciones y una formación de precios transparente”, expresó el experto en X. Según él, recurrir a métodos distintos a la subasta pública se aleja de los estándares internacionales y complica la evaluación de la adecuación de la deuda pública colombiana.

El incidente también llevó a la Contraloría General de la República a iniciar un proceso de control fiscal sobre la operación, teniendo en cuenta tanto el monto involucrado como las preocupaciones sobre el manejo de condiciones y la reserva acerca de la identidad del comprador.

A pesar de las críticas, el Ministerio de Hacienda aseguró que, antes de elegir a Pimco, se revisaron propuestas de otros fondos internacionales y que se contó con la colaboración de intermediarios especializados en el mercado de TES. Javier Cuéllar explicó que Pimco se comprometió a mantener su posición en TES bajo la estrategia buy and hold, aunque esta promesa no fue ratificada en el contrato y estará sujeta a monitoreo.