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La fijación del salario mínimo en Colombia para el año 2026 ha desatado un intenso debate técnico y social. El incremento del 23,7% decretado por el Gobierno Nacional fue recibido con preocupación por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), gremio que proyecta un escenario de “empobrecimiento generalizado” debido a la desconexión de esta cifra con la realidad productiva del país.
Para entender la magnitud de la medida, es necesario revisar las cifras del año anterior. En 2025, la inflación cerró en un 5,3% a noviembre, mientras que la productividad apenas alcanzó el 0,91% y la economía creció un 2,9%.
Hay preocupación en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Foto:iStock
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Bajo este panorama, la Andi señala en su balance anual que el aumento equivale a 4,6 veces la inflación registrada y a 8,1 veces el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), rompiendo los criterios técnicos que tradicionalmente rigen esta decisión.
El riesgo para la informalidad
Si bien el incremento beneficia directamente a cerca de dos millones de trabajadores que pertenecen al sector formal, el gremio empresarial advierte que el costo social será asumido por la población más vulnerable. Colombia cuenta con aproximadamente 11,3 millones de trabajadores informales que perciben ingresos inferiores al salario mínimo.
De acuerdo con el gremio, este grupo no recibirá el beneficio del aumento, pero sí sufrirá el encarecimiento de los productos básicos. En su informe de perspectivas, la Andi sostiene que para estas personas habrá “un gran aumento en el costo de los componentes de la canasta esencial”, lo que generará una presión inflacionaria que reducirá su poder adquisitivo.
Bruce Mac Master, presidente del gremio, calificó la medida como “una medida populista e irresponsable, pensada solo con lógica electorera, que producirá gran daño general”, según consignó el reporte entregado a los medios de comunicación.
Para Mac Master dice que el aumento fue una medida populista e irresponsable Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO
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Inversión en Colombia a la baja
La situación económica del país ya presentaba señales de alerta antes del decreto salarial. Aunque el consumo de los hogares se mantuvo gracias a remesas récord de 10.854 millones de dólares y a los precios del café, otros pilares de la economía muestran debilidad:
- La inversión se ubica en un 16,7% del PIB, una cifra lejana al 20% que se registraba en la década pasada.
- Sectores clave como la construcción y la minería se encuentran en terreno negativo.
- El crecimiento económico ha sido moderado, con un 0,7% en 2023 y un 1,6% en 2024.
- La incertidumbre regulatoria y la baja ejecución gubernamental han afectado la confianza del sector privado.
Además, el gremio cuestionó la gestión fiscal del Ministerio de Hacienda. Según el informe de la Andi, “la sobreestimación sistemática de ingresos pone en duda el carácter técnico del Ministerio de Hacienda y no manda los mensajes adecuados a los mercados sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
El panorama regional en 2026
Colombia se enfrenta a este ajuste salarial en un entorno latinoamericano de crecimiento lento. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que la región crecerá un 2,3% en promedio. Dentro de este escalafón, se proyectan los siguientes crecimientos para este año:
- República Dominicana (4,8%)
- Panamá (4,6%).
- Argentina y Paraguay (4,0%).
- Guatemala (4,0%) y Honduras (3,8%).
- Costa Rica (3,7%) y Nicaragua (3,4%).
- Perú (2,9%) y Colombia (2,7%).
Por debajo del promedio regional se ubican economías como Ecuador (2,1%), Brasil (2,0%), Venezuela (2,0%), Bolivia (1,1%) y México (1,0%). La Andi enfatiza que el desempeño de gigantes como Brasil y México suele marcar la tendencia para sus vecinos, lo que dificulta la reducción de la pobreza y la creación de empleo formal si no hay una reactivación sólida.
Dudas sobre la emergencia económica
El sector empresarial manifestó sus reservas frente a la declaratoria de emergencia económica y la creación de nuevos impuestos que buscan recaudar más de 16 billones de pesos. La Andi advierte que estas decisiones, sumadas a un aumento de la deuda pública de 370 billones de pesos en los últimos tres años, erosionan la confianza de los inversionistas.
El gremio subraya que el uso de instrumentos excepcionales y la cláusula de escape de la regla fiscal han provocado que Colombia pague hoy los intereses más altos en comparación con países de riesgo similar, dejando al país en una posición de vulnerabilidad jurídica y financiera ante posibles fallos de inconstitucionalidad.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
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