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El anuncio del Gobierno sobre el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, pieza clave en la financiación del sistema de salud colombiano, volvió a poner sobre la mesa las tensiones entre las decisiones técnicas del Ejecutivo y las advertencias de los gremios empresariales sobre la sostenibilidad financiera del sector.
El Ministerio de Salud y Protección Social informó que, para la próxima vigencia, la UPC tendrá incrementos diferenciados: 9,03 por ciento para el régimen contributivo y 16,49 por ciento para el régimen subsidiado, en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional y con el objetivo de avanzar en la equiparación progresiva de recursos entre ambos regímenes. Con este ajuste, los recursos totales destinados al aseguramiento en salud pasarán de 89,8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones en 2026, es decir, un aumento de 11,6 billones.
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Sin embargo, desde los gremios del sector salud y asegurador el mensaje fue de alerta. Para la Andi, el ajuste de la UPC no es una negociación política, sino una decisión técnica que debe reconocer la realidad del sistema. En su concepto, un incremento insuficiente profundiza la crisis de recursos y afecta directamente el acceso efectivo de los colombianos a los servicios de salud.
“El ajuste de la UPC no es una negociación, es una decisión técnica bajo la responsabilidad de los ministerios de Salud y Hacienda y del DNP. Un incremento inferior al requerido para reconocer la realidad de la demanda de servicios, mediada por el envejecimiento poblacional y el aumento de los costos de producción, profundizará la crisis financiera del sistema”, advirtió el gremio.
Con incremento del 9 % de la UPC, no se reconoce la totalidad de los costos de las atenciones. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO
Las cifras que acompañan esa preocupación son contundentes. Según con estimaciones del sector, la siniestralidad del sistema cerraría 2025 en 105,9 por ciento, lo que significa que por cada 100 que reciben las EPS, estas gastan cerca de 106 pesos solo en atenciones en salud, sin incluir costos administrativos. Esa brecha habría generado un déficit operativo cercano a 10,2 billones en 2025.
El gremio de los empresarios indica que, para empezar a estabilizar la operación corriente del sistema, la UPC debería crecer al menos 15,6 por ciento en 2026. Con el ajuste anunciado, especialmente en el régimen contributivo, el déficit podría mantenerse.
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“Con un incremento del 9 por ciento, no se estaría reconociendo la totalidad de los costos de las atenciones. En ese régimen, el faltante sería cercano a 3,7 billones de pesos”, alertó el gremio, al advertir que esos recursos dejarían de llegar a clínicas, hospitales, médicos y, finalmente, a los pacientes.
La defensa
Por su parte, el Ministerio de Salud defendió el incremento diferenciado de la UPC, señalando que el mayor aumento en el régimen subsidiado responde a criterios de justicia social y a la necesidad de cerrar brechas históricas en la financiación del sistema. La cartera enfatizó que estos recursos deben reflejarse efectivamente en los contratos entre EPS y prestadores, en un contexto en el que el Gobierno hoy controla ocho EPS con más de 23 millones de afiliados.
Mientras tanto, los gremios insisten en que la crisis financiera del sistema dejó de ser un problema contable y se traduce, cada vez más, en una afectación directa para los usuarios. El llamado es a reconsiderar el ajuste, apropiar la totalidad de los recursos aprobados por el Congreso y dar los primeros pasos para evitar que la tensión financiera se convierta en una crisis estructural aún mayor.
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