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Las principales organizaciones empresariales del Caribe colombiano salieron a respaldar, con condiciones, la propuesta del Gobierno nacional de aplicar un incremento transitorio en el componente de restricciones de la tarifa de energía, como mecanismo de emergencia para evitar una crisis mayor en el Sistema Eléctrico Nacional.
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Los Intergremiales del Atlántico y Magdalena, junto con las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, Coincidieron en que la medida planteada por el Ministerio de Minas y Energía responde a una coyuntura crítica que, de no atenderse con prontitud, podría traducirse en apagones, racionamientos y un riesgo sistémico de alcance nacional.
El pronunciamiento se da en el marco del proyecto de resolución que propone un ajuste cercano a $8 por kilovatio hora (kWh), destinado a aliviar parcialmente la presión financiera que enfrenta Air-e Intervenida, empresa que atiende gran parte de la demanda eléctrica en la región Caribe.
Una deuda que amenaza al sistema eléctrico
Aire-e. Foto:aire-e
De acuerdo con los gremios, la situación actual de Air-e Intervenida ha generado un efecto dominó que compromete a generadores, transmisores y otros agentes del mercado, debido al incumplimiento sostenido de sus obligaciones financieras. Según cifras oficiales, las deudas vencidas superaron los 2,5 billones de pesos al cierre de diciembre, con un crecimiento mensual cercano a los $145.000 millones.
Esta acumulación de pasivos no solo afecta a una empresa en particular. Las organizaciones empresariales advierten que Air-e representa alrededor del 40% de la demanda de energía del país, lo que convierte su fragilidad financiera en un problema de escala nacional y no exclusivamente regional.
En ese contexto, el incremento tarifario propuesto se interpreta como una medida de contención, orientado a evitar un colapso que podría comprometer la estabilidad del sistema eléctrico en su conjunto.
Termoeléctricas al límite y riesgo de apagones
Aire-e.
Foto:Redes sociales-Archivo EL TIEMPO
Uno de los puntos de mayor preocupación señalados por los gremios es el impacto que la falta de liquidez de Air-e ha tenido sobre las termoeléctricas, fundamentales para respaldar la generación de energía, especialmente en momentos de baja hidrología.
Las empresas térmicas, explican, han llegado al límite de su capacidad financiera para comprar gas natural, insumo que deben pagar de manera anticipada. Esta restricción amenaza directamente la continuidad de la generación y eleva el riesgo de apagones en la región Caribe, con posibles repercusiones en otras zonas del país.
De materializarse este escenario, el país podría enfrentar una situación de racionamiento generalizado, dada la importancia de la generación térmica como soporte del Sistema Eléctrico Nacional.
Un esfuerzo marginal para los usuarios.
Aire-e. Foto:Redes sociales-Archivo ET
Los gremios enfatizan que el ajuste propuesto tendría un impacto relativamente bajo en la factura de los usuarios, estimado en alrededor del 1% adicional frente a los valores actuales. A su juicio, se trata de un esfuerzo colectivo limitado, pero con un alto potencial para evitar consecuencias económicas mucho más severas.
Desde aquí, el costo de la medida resulta inferior al que tendría una interrupción masiva del servicio eléctrico, tanto para los hogares como para la industria, el comercio y la economía nacional en su conjunto.
No obstante, el respaldo no es irrestricto. Las organizaciones empresariales subrayan que la crisis actual tiene raíces estructurales. y que el incremento tarifario no puede convertirse en una solución permanente.
Errores en la intervención y distorsión del mercado
La empresa ha reiterado su llamado a la legalidad y al uso responsable de la energía. Foto:cortesia
Entre las causas de la crisislos gremios señalan la suspensión de la medida de limitación de suministro, mecanismo previsto en la regulación vigente para los casos en que los comercializadores dejan de pagar la energía que consumen.
Esta decisión, adoptada por el Gobierno nacional durante la intervención, alteró las reglas normales del mercado. y trasladó el impacto financiero a los generadores, especialmente a las termoeléctricas, profundizando el desequilibrio.
Además, advierten que la intervención de Air-e se realizó sin un plan financiero robusto, y que no se activaron oportunamente otras fuentes de recursos disponibles para garantizar su operación sin afectar al resto del sistema.
Condiciones claras para respaldar la medida
Air-e Intervenida. Foto:aire-e
El apoyo de los gremios está condicionado a que la resolución establezca límites precisos y verificables. En particular, exigen que el incremento tenga una duración definida, asociada a un monto concreto de recaudo ya la aplicación directa de esos recursos al pago de las deudas.
También solicitan un análisis técnico que demuestre que el impacto económico del ajuste tarifario es menor que el costo de un racionamiento, así como una explicación jurídica clara que descarte que la medida implica subsidios cruzados, impuestos encubiertos o traslados indebidos a los usuarios del país.
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Hacia una solución estructural para el Caribe.
Finalmente, los gremios advierten que el proyecto del Gobierno solo cubriría una parte de la deuda acumulada, que continúa creciendo mes a mes. Por ello, consideran indispensable que la Nación habilite garantías, recursos del Fondo Empresarial u operaciones de crédito público, que aseguren la continuidad del servicio.
Más allá de la coyuntura, reclaman una reforma estructural del modelo eléctrico en el Caribe, que reconoce las condiciones de pobreza, baja capacidad de pago y alta vulnerabilidad social de la región, factores que han profundizado la pobreza energética y el rezago histórico en la prestación del servicio.
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