Gremios exigen un diálogo constructivo al Gobierno tras los embates de Petro contra el sector energético.

En una misiva enviada al presidente, le recordaron que la transformación energética requiere organización y no puede efectuarse de manera improvisada, ni alterando las tarifas vigentes mediante un decreto.

El pasado lunes 7 de abril, en una nueva reunión del Consejo de Ministros transmitida por televisión, el presidente Gustavo Petro tomó la palabra y arremetió contra las compañías del sector energético. 

En términos claros, las acusó de formar un “oligopolio” que estaría “sustrayendo el dinero” de los colombianos. “Es una suerte de feudalismo, uno de los grandes episodios de corrupción”.

Este miércoles, el Comité Intergremial solicitó respeto al presidente y un diálogo técnico y serio.

“Rechazamos de manera contundente las acusaciones provenientes del Gobierno Nacional en contra de las empresas del sector, y hacemos un llamado respetuoso para abordar la crisis actual con rigor técnico y atendiendo estructuralmente las demandas de todos los usuarios del país”, expresó el Comité que está integrado por Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Natuegas, Ser Colombia y la ACP. “Es crucial que el debate se fundamente en hechos comprobables y no en afirmaciones que puedan desviar la atención de los desafíos que enfrenta el sistema”. 

En la carta, subrayaron los siguientes puntos: 

1- Las tarifas son legales, constitucionales y se fundamentan en la regulación actual. Intervenir los mercados para modificar las tarifas existentes mediante un decreto pone en riesgo la seguridad jurídica del sector, genera riesgos económicos desmesurados y podría reducir significativamente la oferta de proyectos de generación renovable en la próxima subasta de expansión, en momentos en que el país los necesita urgentemente.

2- Los precios en el mercado de energía reflejan la estrechez entre oferta y demanda, y no representan beneficios injustificados. En períodos de alta disponibilidad hídrica, los precios tienden a descender; en épocas críticas, aumentan. Este costo impacta en menos del 7% de la tarifa que abonan los usuarios finales, ya que en promedio solo el 20% de la demanda se adquiere por este mecanismo.

3- El respeto por la institucionalidad del sector es vital para asegurar las inversiones requeridas que permitan mejorar y expandir el servicio. Colombia necesita, en el mejor de los casos, 1000 MW de energía firme adicionales en los próximos tres años para satisfacer la demanda y mantener el equilibrio del sistema. Las empresas del sector – públicas, privadas y mixtas- son clave para el suministro de electricidad en el país; convertirlas en un instrumento de controversia política perjudicará a los usuarios, como ya ocurrió en el pasado.

4- Las empresas están asegurando el servicio. En 2024, las comercializadoras de energía acumularon más de $7 billones en cuentas por cobrar por subsidios del Estado, opciones tarifarias y deudas de entidades oficiales, entre otros, situación que compromete seriamente su sostenibilidad financiera; a pesar de ello, han garantizado la continuidad del servicio sin cortes masivos hasta el momento, protegiendo a los usuarios más vulnerables.

5- El gas natural desempeña un papel crucial para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico, especialmente en épocas de escasez hídrica.

6- La transición energética exige planificación, no puede realizarse de manera improvisada. Los paneles solares en hogares son una alternativa, no obstante, no sustituyen la red nacional y sin almacenamiento no aseguran cobertura continua de la demanda de energía, particularmente en horas nocturnas o en días nublados. El programa Colombia Solar no puede ser financiado con deuda pública sin planificación, esto va en contra del principio de eficiencia del gasto público, y tampoco debe comprometer el presupuesto del fondo de solidaridad para financiar los subsidios.

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