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El panorama de la infraestructura en Colombia enfrenta una transformación profunda tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro. En un esfuerzo por abordar la desfinanciación del presupuesto estatal, el mandatario confirmó que su administración planea terminar con el modelo de concesiones viales, catalogando esta medida como el recorte de gastos definitivo de su gestión.
Bajo esta nueva directriz, el Estado asumirá directamente la gestión de las carreteras para reorientar los recursos públicos. La decisión se fundamenta en una postura de redistribución de la carga fiscal. “O los más ricos pagan la plata por impuestos o dejan de recibir los gastos del Estado”, aseveró el presidente Petro, según declaraciones.
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El jefe de Estado enfatizó que esta medida busca proteger otros rubros sensibles, aclarando que el ajuste se centrará exclusivamente en los pagos a las concesionarias y no afectará los salarios mínimos, la salud o la educación.
Concesiones vigentes continuarán
Esta transición implica que, una vez que los contratos actuales venzan o sean revertidos, el Gobierno Nacional tomará el control administrativo de las vías. Según la visión del Ejecutivo, este cambio de mando permitirá una reducción en los costos que actualmente asumen los ciudadanos a través de las tarifas de peajes en el territorio nacional.
A pesar de este cambio de modelo a futuro, la realidad inmediata para los conductores en 2026 seguirá marcada por la normativa de actualización de precios vigente. El Gobierno ratificó que el próximo 16 de enero entrará en vigor un nuevo ajuste en las tarifas de los peajes en todo el país.
El próximo 16 de enero entrará en vigor un nuevo ajuste en las tarifas de los peajes en el país. Foto:Ministerio de Transporte
Esta variación está ligada legalmente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se ubicó en un 5,3 por ciento anual a noviembre de 2025, de acuerdo con los datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que este incremento es una respuesta técnica a la inflación. “Ese ajuste corresponde a una actualización por costo de vida y se aplica de manera general”, explicó la funcionaria.
La sostenibilidad del sistema vial depende actualmente de este recaudo para financiar diversos pilares de la infraestructura:
- La ampliación de las redes de transporte existentes.
- El mantenimiento preventivo y correctivo de las calzadas.
- La operación logística y de seguridad en las vías concesionadas.
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La medida de eliminar las concesiones como parte del recorte de gastos marca una ruptura con el modelo de asociación público-privada que ha predominado en las últimas décadas en el país, planteando un nuevo reto para la administración directa de los grandes corredores viales por parte del Estado.
* Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
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