Gustavo Petro pide a la Fiscalía allanar presuntos sitios de compra de votos en Córdoba

El presidente Gustavo Petro realizó un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que proceda a allanar sitios presuntamente usados para la compra de votos en el departamento de Córdoba, dado que se acercan las elecciones legislativas y consultas presidenciales programadas para este 8 de marzo. Según el mandatario, estas acciones tienen como fin asegurar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de una manera libre y sin presiones indebidas.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Petro enfatizó la necesidad de que las autoridades actúen con agilidad y precisión. “Insto a la Fiscalía a proceder a allanar los lugares que tanto la ciudadanía como la policía han identificado como potenciales sitios de compra de votos en Córdoba”, manifestó, resaltando la importancia de la participación ciudadana y de las fuerzas de seguridad en la identificación de posibles delitos electorales. Para Petro, este involucramiento es fundamental para salvaguardar la integridad del proceso democrático y evitar que las elecciones sean influenciadas por prácticas ilegales.

Además, el presidente pidió al registrador nacional que preste especial atención a la delegación de Córdoba, una entidad clave para el desarrollo de las votaciones. Petro destacó que cualquier irregularidad en esta sede podría impactar directamente la transparencia de los comicios y la confianza ciudadana en el sistema electoral. Con esta solicitud, el mandatario busca que las autoridades aseguren el correcto funcionamiento de los procesos electorales y prevengan maniobras de manipulación o presión hacia los votantes.

Petro también mencionó que presentará a la Fiscalía casos serios de corrupción electoral en Córdoba. Esta medida busca investigar posibles redes delictivas que operen en la zona intentando influir en los resultados electorales a través de la compra de votos, coacción o manipulación de recursos públicos. El presidente subrayó que estas denuncias buscan que la justicia actúe con prontitud y se discipline a quienes atenten contra la voluntad del pueblo.

Otro de los aspectos importantes del mensaje de Petro fue su solicitud a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para que monitorice transacciones electrónicas masivas que puedan estar vinculadas a la compra de votos, especialmente en las horas antes y durante la jornada electoral. Según el mandatario, este seguimiento facilitará la identificación de redes delictivas y la prevención de la influencia de recursos ilícitos en el voto, reforzando la confianza y transparencia en el sistema democrático.

Este anuncio se produce después de que en Tumaco, Nariño, se confiscaran 58 millones de pesos supuestamente destinados a la compra de votos, junto con la captura de cuatro individuos. Además, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha recibido 249 informes de irregularidades a través de su plataforma Pilas con el Voto, lo que demuestra que los ciudadanos están vigilantes ante posibles abusos a la libertad del voto y la intervención inapropiada de funcionarios públicos.

“Invitamos a los colombianos a seguir denunciando durante la jornada de votación del 8 de marzo a través de www.pilasconelvoto.com y por WhatsApp al 3152661969. La información que se recibe en esta plataforma refleja a una sociedad que, además de votar, desea proteger la integridad de su democracia”, afirmó Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.

La MOE ha identificado principalmente dos tipos de irregularidades: amenazas a la libertad de voto y participación inapropiada de funcionarios públicos. Las primeras incluyen supuestas dinámicas de compra y venta de votos, coacción desde instituciones públicas o privadas y presiones laborales sobre votantes. Las regiones con mayor incidencia de estas alertas son Bogotá, Atlántico, Cesar, Santander y Risaralda.

Respecto a la intervención de funcionarios públicos, se han registrado acciones proselitistas utilizando recursos del estado y presiones sobre subordinados o contratistas, especialmente en Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Meta, Caldas y Huila. Para la MOE, estos informes permiten centrar la atención en los lugares donde la transparencia electoral podría estar comprometida, asegurando que la voluntad popular se exprese libremente.