Gustavo Petro se despachó contra la Acemi por cuestionar el decreto de traslado masivo a usuarios de EPS intervenidas

Al presidente Gustavo Petro no le agradó que las EPS presentaran críticas al decreto 0182 de 2026, emitido por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el cual establece directrices para operar el aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional.

Esta decisión implica una redistribución amplia de usuarios de las EPS intervenidas por el Gobierno Petro, basada en criterios actualizados de habilitación territorial.

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La situación no fue bien recibida, no solo por las EPS a través de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), sino también por sectores del personal de salud, quienes identificaron riesgos y desafíos financieros y logísticos derivados de esta transición.

Después de que el ministro de Salud defendiera la medida, el presidente agregó su perspectiva, enviando un ‘directazo’ a los miembros de Acemi, a quienes acusó de tener intereses económicos.

“¿A qué mente se le ocurre, sino a la de ACEMI, que es mejor tener una EPS con los afiliados dispersos por todo el país, que cerca de los servicios disponibles?“, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Afirmó que “el único interés en oponerse es continuar pagando costos exorbitantes para trasladar pacientes lejos de su hogar a clínicas que pertenecen a los dueños de la EPS when hay clínicas disponibles cerca de la residencia del paciente”.

El ministro Jaramillo justificó la emisión del decreto 0182 de 2026 en la Ley 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria de 2015, con el objetivo de garantizar acceso y calidad de servicios para poblaciones con baja densidad y cobertura geográfica difícil.

Jaramillo indicó que la reestructuración del sistema de aseguramiento procura organizar la atención de acuerdo con la escala poblacional y la presencia territorial de las EPS.

En diálogo con Caracol Radio, Jaramillo dijo: “Queremos organizar a toda esta población que es la más vulnerable”. Agregó que el proceso será gradual para asegurar una transición sin traumas para los usuarios.

El ministro de Salud también contrastó la nueva reestructuración con las acciones del gobierno anterior, liderado por Iván Duque. Según Jaramillo, la liquidación de once EPS bajo la administración previa conllevó a un traslado “masivo, óigase bien, masivo, de 10.652.000 afiliados de manera completamente indiscriminada”.

Esta decisión, argumentó Jaramillo, causó dispersión en la población de usuarios y una evidente ausencia de las aseguradoras en áreas remotas.

Jaramillo ejemplificó las deficiencias resultantes de esa medida citando casos de EPS como Coosalud, que, según él, cuenta con miles de afiliados en localidades donde no tiene oficinas ni infraestructura, como Santa Bárbara, Antioquia, o Planadas, Tolima. Situaciones similares se presentaron en departamentos como Chocó, donde hay EPS con escasos usuarios y sin red prestadora adecuada, declaró Jaramillo.

Acemi advirtió que el decreto podría empeorar la crisis en el acceso a tratamientos y medicamentos al permitir el traslado de usuarios a EPS intervenidas.

Acemi alertó que la redistribución de afiliados generaría una mayor concentración de usuarios en Nueva EPS, que, de acuerdo con las estimaciones del gremio, sumaría 2,6 millones de nuevos afiliados a los más de 11,5 millones actuales, lo que significaría un incremento del 22,6%.

En este contexto, se cuestionaron la “capacidad financiera y operativa” de Nueva EPS, dado que hasta la fecha no ha presentado estados financieros desde 2023 y ha enfrentado problemas constantes en la atención, entrega de medicamentos y acceso a procedimientos, por lo que, según Acemi, esta EPS no está en condiciones de recibir usuarios adicionales ni de asegurar el acceso adecuado a los servicios de salud.

Entre los efectos mencionados por Acemi se encuentran la salida de algunas EPS de municipios donde no alcanzan el mínimo de afiliados requerido, la reasignación de población en áreas con operadores fuertes, y un aumento de cerca del 40% en el número de usuarios para las EPS bajo intervención. Al mismo tiempo, las EPS que forman parte de Acemi, sin intervención, pronostican perder más de 800.000 afiliados bajo estos nuevos criterios.

La organización consideró que el decreto replica la intención del Decreto 0885 de 2025—suspendido por el Consejo de Estado—, interpretándolo como un desacato judicial y, por consiguiente, “ilegal”. El grupo empresarial afirmó que la “territorialización del aseguramiento” necesita un marco legal y no una simple reforma administrativa. Según Acemi, ocho EPS intervenidas ya tienen más de 24 millones de afiliados con resultados financieros críticos, lo que dificulta cualquier redistribución equilibrada entre entidades.

El gremio anunció acciones legales contra la norma, argumentando que su implementación representa “serios desafíos para la operación del sistema de salud” y pone en peligro la continuidad y calidad de atención para millones de pacientes, especialmente para aquellos que verían reasignada su EPS.