Harvey Colchado revela: Generales PNP sobornaron para ascensos y advierte que “la verdad no se silencia con amenazas”

El coronel en retiro Harvey Colchado y el general Óscar Arriola son protagonistas de un fuerte enfrentamiento público debido a las acusaciones de ilegalidad en los ascensos en la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esta problemática se ha agravado ocasionada por las aseveraciones de Colchado, quien denunció que varios oficiales han sobornado para conseguir ascensos, y la controversia ha aumentado con el envío de notificaciones notariales exigiendo rectificaciones.

Durante una entrevista el 12 de febrero de 2025 en Radio Exitosa, Harvey Colchado realizó varias declarativas sobre la corrupción en la PNP. Según sus palabras, cuatro generales habían entregado entre 25.000 y 30.000 dólares para ascender a general mientras aún ostentaban el rango de coronel.

“Se ha comprobado que varios generales, cuatro confirmados, pagaron entre 25 y 30 mil dólares para alcanzar el rango de general desde coroneles. En la actualidad, y hay más. Únicamente el 30% de los 65 generales en la Policía son íntegros. Ellos no han sobornado”, afirmó Colchado.

Las serias acusaciones llevaron a los generales Óscar Arriola y Jhonny Véliz Noriega a reaccionar de inmediato. El 13 de febrero de 2025, enviaron una notificación notarial a Colchado pidiéndole que se retracte en un plazo de 72 horas. En sus cartas, Arriola y Véliz acusaron a Colchado de injuria y le exigieron que aportara pruebas o se enfrentara a acciones legales.

Como reacción, Colchado publicó un mensaje en X reafirmando sus acusaciones y recriminando a los generales por centrarse en cuestiones legales en lugar de abordar los problemas de la PNP.

“Señores generales, la evidencia está a la vista: en 2022 fueron detenidos varios generales por sobornos vinculados con ascensos, no malgasten su tiempo y pidan pruebas a su superior, Juan José Santiváñez, quien defendió a uno de ellos”, indicó Colchado.

Añadió: “La verdad no se suprime con cartas amenazadoras”, y reprochó a Arriola y Véliz por no haber actuado cuando el congresista José Cueto mencionó mafias en la PNP, eligiendo permanecer en mutismo ante el poder político.

Colchado declaró que más de 300 individuos han perdido la vida a causa de sicariato en las primeras siete semanas de 2025, y cuestionó la inacción para mejorar las tácticas de seguridad.

“Más que optimizar las estrategias y exigir la derogación de leyes que favorecen el crimen, su única respuesta ha sido enviar cartas notariales y acatar órdenes de su superior Santiváñez, un abogado defensor de supuestas organizaciones criminales que únicamente se dedica a trámites y denuncias”, añadió.

El reciente 16 de febrero, Colchado manifestó que está considerando postularse como candidato al Congreso en las elecciones de 2026. Aunque al principio desestimó la idea, comentó que se está “animando” y evaluando su candidatura, especialmente tras el anuncio de un proyecto de ley que impide a personas con acceso a información confidencial, como él, participar.

El coronel en retiro criticó las motivacionesdetrás de esta iniciativa, presentada por el legislador Alejandro Soto de Alianza Para el Progreso (APP), cercano a la jefa de Estado Dina Boluarte. De acuerdo con Colchado, la iniciativa excluye a los representantes que también tienen acceso a información delicada, lo que él consideró un “abuso de autoridad”. En una entrevista, sostuvo que la propuesta busca perjudicar a personas como él que han sido críticas de la política.

El excomandante de la Diviac también indicó que esta normativa no solo le afecta a él, sino a otros integrantes de la PNP como Vicente Romero y Jorge Angulo, quienes podrían ver limitada su posibilidad de postularse. “Nos están cerrando las puertas a quienes podríamos ser una buena opción”, afirmó.

Colchado subrayó que nunca había pensado en incursionar en la política, pero está comenzando a reflexionar seriamente sobre esa alternativa debido a la situación actual. Asimismo, criticó la falta de acción del Poder Legislativo ante la corrupción y la criminalidad, señalando que más de 300 muertes por sicariato en 2025 no han sido adecuadamente abordadas.

La polémica ley que podría limitar su postulación ha suscitado críticas, ya que analistas legales la consideran inconstitucional y antidemocrática, debido a que establece distinciones entre personas con acceso a información confidencial, sin aplicar el mismo criterio a los legisladores.