“Hemos solicitado medidas de seguridad y no hemos encontrado respuesta”

Luego del atentado con drones explosivos ocurrido en Calamar (Guaviare) el martes 14 de octubre, que dejó tres personas heridas, entre ellas la madre del alcalde de ese municipio (Farid Camilo Castaño), la Defensoría del Pueblo se reunió con el gobernador del departamento, Yeison Rojas, y los alcaldes de Calamar, Miraflores, El Retorno y San José del Guaviare.

La defensora Iris Marín reiteró que la protección de la vida, la integridad personal y la seguridad son derechos humanos fundamentales, e instó al Gobierno Nacional a adoptar medidas urgentes y eficaces para garantizar la seguridad de las comunidades y de los líderes políticos del Guaviare, ante lo que calificó como un preocupante recrudecimiento de la violencia. en la región durante este año.

El gobernador Rojas, por su parte, denunció en rueda de prensa que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha respondido a los requerimientos sobre la situación de seguridad de las autoridades locales.

“Yo como gobernador me hago públicamente responsable de la vida de los alcaldes y del gobernador a la UNP”, afirmó tras una reunión en el Ministerio del Interior. Esta habría sido para poner sobre la mesa la difícil situación de orden público.

En respuesta, la UNP rechazó las declaraciones del mandatario y explicó que la asignación de medidas de protección se realiza teniendo en cuenta la evaluación de un comité interinstitucional del que hacen parte los ministerios del Interior y de Defensa, así como la Policía Nacional. “Es la Policía Nacional la que realiza los estudios de nivel de riesgo a alcaldes y gobernadores. Ese pasa al comité”, indicó la entidad.

“Hemos, en muchas ocasiones, solicitamos el acompañamiento que nos garantice de seguridad y no hemos encontrado respuesta”, concluyó el gobernador Rojas.

A su turno, indicó la Defensora por medio de un comunicado: “Acompañamos a los gobernantes territoriales para que cuenten con las herramientas necesarias que les permitan protegerse, proteger a sus comunidades y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos en el departamento”.

Más noticias de EL TIEMPO