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Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente venezolano, está siendo acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de conspirar para el tráfico de cocaína y armas, en asociación con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
La Fiscalía de EE.UU. señala a Maduro Guerra por el envío de cargamentos de droga desde Venezuela hacia Miami y Nueva York, en colaboración con grupos armados considerados terroristas por el gobierno estadounidense.
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El documento legal indica que, alrededor de 2020, Maduro Guerra se reunió en Medellín, Colombia, con representantes de las Farc.
En ese encuentro, clave para la investigación, se abordaron acuerdos logísticos para transportar grandes volúmenes de cocaína y armas a través del territorio colombiano, con destino final en Estados Unidos.
Los documentos mencionados por el Departamento de Justicia de EE.UU. en su acusación, resaltan que las operaciones incluían rutas ya establecidas, el uso de contenedores de desechos y la manipulación de puertos para ocultar los envíos de droga.
En un caso específico, se planeó enviar quinientos kilogramos de cocaína para desembarcar cerca de Miami, mientras que otros cargamentos debían ser ocultados en materiales metálicos hacia puertos de Nueva York.
La acusación señala que uno de los pilares del acuerdo era que Maduro Guerra ofreciera a las Farc un pago en armas. Este intercambio tenía como objetivo garantizar la vigilancia de los cargamentos y asegurar el tránsito de las sustancias ilícitas, fortaleciendo la colaboración logística y armada entre ambos grupos.
Este caso es parte de una conspiración más amplia, donde se incluyen como coacusados Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores de Maduro y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, además de otras personas no identificadas.
Todos ellos están relacionados, según los documentos judiciales, con la fabricación, distribución y posesión de sustancias controladas, sabiendo que iban a ser transportadas ilegalmente a territorio estadounidense, incluyendo aguas bajo jurisdicción de EE.UU.
La investigación indica que las operaciones fueron diseñadas para prolongarse por al menos seis años, con un alcance proyectado que se extiende más allá de 2026.
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