ICE endurece medidas: la nueva orden que afecta a inmigrantes detenidos | Estados Unidos | MAG

Un nuevo giro en la política migratoria de Estados Unidos encendió las alarmas en comunidades migrantes de todo el país. La reciente difusión de un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha causado una ola de incertidumbre, especialmente entre quienes llegaron a EE. UU. bajo la figura de libertad condicional I-220A. El documento ordena la detención sin derecho a fianza de toda persona que haya ingresado de forma irregular, sin importar cuánto tiempo haya estado en el país o sus circunstancias personales.

La decisión marca un cambio radical respecto a las prácticas migratorias anteriores, en las que era posible solicitar fianza ante un juez de inmigración mientras se tramitaba un proceso legal. Ahora, ese derecho ha quedado anulado. Para miles de personas que habían encontrado en esta figura legal una mínima estabilidad, el nuevo protocolo representa un retroceso que podría cambiar sus vidas por completo. “Todos los I-220A tenemos miedo, y hoy más que nunca”, expresó una mujer migrante a Univision tras conocer la noticia.

ICE justifica la medida con base en el fallo del caso Q. Li, que consideran un precedente válido para reactivar detenciones, incluso de personas que ya habían sido liberadas. “Es una medida que afecta directamente la preparación de los casos, porque sin libertad no hay condiciones adecuadas para una defensa legal efectiva”, advirtió la abogada Ludmila Armas Marcelo. Para los defensores de migrantes, este enfoque no es solo legalmente cuestionable, sino también éticamente problemático.

Según la agencia, esta nueva línea de acción busca cerrar un supuesto vacío legal que permitía a quienes cruzaban la frontera evitar detenciones prolongadas. No obstante, desde el terreno, abogados y activistas denuncian que la medida podría estar diseñada para forzar la deportación voluntaria de muchos inmigrantes detenidos. “Muchos ya me han dicho que si los detienen, prefieren firmar la salida voluntaria por desesperación”, compartió otra representante legal.

La respuesta no se ha hecho esperar. Organizaciones civiles y grupos de derechos humanos ya preparan acciones legales contra ICE, al considerar que esta política vulnera principios constitucionales básicos. Casos de personas embarazadas, con hijos pequeños o con condiciones médicas graves podrían ser particularmente afectados, y esa preocupación está movilizando a la sociedad civil. “Esto me tiene muy deprimida. Es algo agobiante”, relató otra mujer migrante.

Si bien técnicamente aún es posible pelear por el asilo desde la detención, los obstáculos para acceder a una defensa adecuada se multiplican en estos contextos. Centros de detención con acceso limitado a abogados, falta de intérpretes y tiempos judiciales extensos crean un escenario de desigualdad legal que muchos no están en condiciones de enfrentar.

Incluso el documento interno de ICE reconoce que esta decisión podría enfrentar desafíos judiciales, lo que anticipa una nueva batalla en los tribunales. Mientras tanto, la vida cotidiana de miles de familias queda marcada por la ansiedad, el miedo a ser arrestados sin aviso y la posibilidad de una separación repentina e irreversible. “Esto nos aterra cada día más”, dijo una migrante, dando voz al temor colectivo que recorre calles, escuelas y centros comunitarios.

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Enzo Mori