Instalan Puesto de Mando Unificado Ambiental en el Parque Tayrona para atender conflicto entre comunidades y problemas ambientales

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha creado un Puesto de Mando Unificado Ambiental (PMUA) en el Parque Nacional Natural Tayrona con el propósito de restablecer el orden y mejorar la seguridad durante el cierre temporal.

Esta medida, que fue comunicada desde la cartera en la mañana del 21 de febrero de 2026, busca asegurar tanto a los habitantes como a los turistas en la zona y fomentar la coordinación entre diferentes entidades estatales.

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La iniciativa está liderada por los ministerios de Ambiente, Interior y Defensa, junto con la Alcaldía de Santa Marta, contando con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Alta Consejería para la Paz de Santa Marta. Según el Ministerio de Ambiente, el PMUA fortalecerá la colaboración entre instituciones y buscará soluciones conjuntas para la crisis en la zona protegida.

Simultáneamente, se establecerá un mecanismo de diálogo con las autoridades indígenas reconocidas y los pueblos con vínculos históricos con el parque. Está programada una mesa de trabajo para la próxima semana, apoyada por el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y los mismos representantes indígenas.

“Nos importan las comunidades y queremos que las soluciones se construyan junto a ellas. El Parque Nacional Natural Tayrona es un tesoro ecológico del país y debemos trabajar juntos para su protección y la seguridad de nuestros funcionarios”, enfatizó la ministra (e) Irene Vélez Torres.

Las acciones, coordinadas a través del Conaldef (Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales), reafirma el compromiso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la protección de los ecosistemas y la gobernanza territorial, así como ofrecer parques seguros para residentes y visitantes.

Las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta han reabierto el Parque Tayrona y han solicitado formalmente el derecho a coadministrar el área en conjunto con Parques Naturales, como respuesta a años de exclusión en la gestión ambiental y territorial en uno de los destinos más emblemáticos de Colombia.

Este paso, a pesar de las amenazas de grupos armados y advertencias oficiales sobre riesgos de seguridad, reafirma la autonomía de los pueblos originarios en la gestión de su territorio ancestral y da inicio a una negociación directa con las autoridades nacionales.

Atanasio Moscote, gobernador de uno de los cabildos indígenas responsables de la medida, comentó en una entrevista con Blu Radio que esta decisión nació tras una protesta pacífica, notificada previamente a las autoridades ambientales, y resaltó la apertura al diálogo y la transparencia del proceso de reapertura.

Moscote subrayó que las comunidades indígenas no requieren protección externa, afirmando que su presencia es suficiente para garantizar la seguridad en el área. “No necesitamos que nos protejan”, y descartó la posibilidad de incidentes graves como secuestros en el parque, enfatizando que “en el territorio debemos ejercer nuestra autoridad como indígenas”.

Al mismo tiempo, las autoridades tradicionales Kogui anunciaron una asamblea permanente en la entrada del Parque Tayrona, solicitando la presencia directa del presidente Gustavo Petro y altos funcionarios del Gobierno. Esta exigencia busca el reconocimiento efectivo de sus derechos y establecer canales de diálogo de alto nivel que permitan resolver problemas históricos relacionados con la subsistencia, participación y gestión ambiental en la región.

Entre los puntos clave de la solicitud destaca la recuperación de espacios considerados como subutilizados, como el Museo Chairama y el área de camping de Cañaveral, argumentando que estos recursos “serían utilizados por nosotros para el sustento de las familias de las comunidades Kogui del Magdalena”, según declaraciones divulgadas por La FM.

El cobro a los turistas que visiten Tayrona fue otro de los aspectos discutidos: Moscote explicó que el aporte de $50.000 será considerado como una donación voluntaria destinada a cubrir los “gastos en el Parque”, garantizando que cualquier excedente se destine a la infraestructura y a las familias indígenas, quienes históricamente no han recibido beneficios de las entradas al parque.