Iván Cancino asumió la defensa de Katherine Miranda tras la denuncia de Clinaltec ante la Corte Suprema: “Esperamos se nos llame de inmediato”

La polémica acerca de la masa de remisiones de pacientes oncológicos a la clínica Clinaltec de Ibagué ha llegado a la Corte Suprema de Justicia después de que este centro médico denunciara a la representante a la Cámara Katherine Miranda por presuntos delitos de injuria y calumnia. Este escándalo se desató el martes 3 de marzo de 2026, tras la revelación de datos alarmantes que apuntan nuevamente al Ministerio de Salud.

Ante esta situación, el abogado Iván Cancino, quien se encarga de la defensa de Miranda, ha señalado que solicitará ser convocado a la brevedad por el tribunal para probar la veracidad de las afirmaciones de la congresista y anticipó que al ser notificados, presentarán una denuncia por falsa denuncia contra la clínica, que ha estado en funcionamiento desde 2022 y se ha destacado como una de las más reconocidas de la región.

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En el último año, la masiva remisión de pacientes para exámenes complejos a una sola IPS ha generado inquietud para Miranda: entre 2023 y enero de 2026, la Nueva EPS envió 3.374 exámenes PET-CT a una única entidad en Ibagué, con un gasto superior a $17.600 millones. Este aumento es del 949% comparado con 2023, generando sospechas.

Los directivos de Clinaltec rechazaron las acusaciones. En una carta, describieron las acciones de Miranda como “irresponsables, injuriosas y calumniosas”, y añadieron que “una campaña política nunca justificará la mentira, la calumnia y el desprecio como medio para alcanzar una posición en el Senado de la República”. Por lo tanto, desde la clínica expresaron confianza en que la Corte Suprema restablecerá su “derecho a la honra y al buen nombre perjudicado por la representante Miranda”.

A pesar de que Clinaltec afirmó que los datos proporcionados por la congresista “no son precisos, lo cual podemos demostrar en cualquier contexto”, la denuncia presentada por Miranda evidencia que en enero de 2026 se registraron 221 pacientes enviados, más que en todo el año 2023. La información trazada por la congresista muestra una rápida evolución: de 176 pacientes en 2023, pasó a 723 en 2024; 1.846 en 2025; y 221 en enero de 2026.

La alta concentración de remisiones no solo fue financiera, sino que testimonios recogidos por la representante a la Cámara reflejan el impacto en los pacientes. De las 3.374 remisiones, más de 1.400 pacientes tuvieron que cubrir de su propio bolsillo los gastos de traslado y hospedaje, mientras que solo 617 recibieron viáticos. “Si hubo certeza para desembolsar 17.600 millones a la clínica, no hubo garantías para proteger al paciente”, manifestó Miranda en su cuenta de X.

“Cuando las cifras crecen al 949%, cuando miles de millones se concentran en una única IPS y cuando pacientes con alta complejidad deben viajar hasta 900 kilómetros a pesar de tener un servicio más cercano, la pregunta es clara: ¿Estamos frente a un nuevo cartel en la salud? ¿Repite el país la historia del cártel de la hemofilia?”, agregó la congresista, quien también denunció que desde Cúcuta se estaría obligando a viajar a 118 pacientes durante trayectos de hasta 16 horas por carretera.

Todo esto ocurre a pesar de que hay centros disponibles para realizar exámenes PET-CT en Bogotá: la ciudad cuenta con ocho IPS autorizadas. Se han observado situaciones análogas para pacientes provenientes de Arauca y Risaralda. En relación con esto, la representante Miranda también mencionó vínculos personales entre el propietario de la clínica y la familia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien podría estar implicado en este entramado.

Según Miranda, es de conocimiento público en el departamento la relación cercana entre la familia del ministro y el dueño de la clínica, instando al funcionario y al centro de atención a clarificar los criterios técnicos detrás de esta concentración de remisiones. Mientras tanto, el abogado Jaime Lombana, que defiende a Clinaltec en la denuncia, comentó que “un aumento en el número de pacientes no debe ser motivo de reproche en un estado social de derecho”.