Colombia
JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 exintegrantes de las Farc: estos fueron los delitos que cometieron
El lunes 9 de febrero de 2026, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó la finalización de la investigación relacionada con los numerosos secuestros llevados a cabo por las extintas Farc-EP.
“Por primera vez, el país dispone de un informe judicial exhaustivo que identifica a los principales responsables, así como el contexto y las razones detrás de estos crímenes, además del daño específico infligido a las víctimas, las comunidades y los territorios”, afirmó la JEP.
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Por ello, la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, anunció que se imputarán los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 antiguos miembros de las extintas Farc-EP por su vínculo en 1.637 secuestros cometido por los bloques Oriental y Sur.
La imputación incluye a 15 antiguos miembros del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, quienes deberán rendir cuentas por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En el caso del Bloque Oriental, el más grande de la antigua guerrilla, los actos abarcan los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, además de áreas específicas de Boyacá, Caquetá y Santander.
Por su parte, el Bloque Sur está vinculado a secuestros en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas, y ciertas regiones de Cauca y Meta. La extensión territorial de estas alegaciones abarca casi la mitad del país, evidenciando la magnitud del problema.
Listado de imputados y contexto legal
Bloque Oriental
- Wilmar Antonio Marín (“Hugo 22”)
- Bernardo Mosquera (“Negro Antonio”)
- Nelson Quintero (“Arcesio Angarilla”)
- Marco Fidel Suárez (“Kokoriko”)
- Holmes Puentes (“Ricaurte Páez”)
- Marcos Patiño (“Patequeso”)
- Germán Gómez (“Lucas 40”)
- José Ricaurte Valencia (“Jerónimo Gutiérrez”)
- Luis Garzón (“Severiano”)
- Elmer Caviedes (“Albeiro Córdoba”)
- Rodolfo Restrepo (“Víctor Tirado”)
- Bertulfo Caicedo (“Alberto Pitufo”)
- Julián Saavedra (“William Sánchez”)
- Jaime Aguilar Ramírez (“Dionisio Rayo”)
- Gerardo Aguilar (“César”)
Bloque Sur
- Fabián Ramírez
- Floresmiro Burbano (“Martín Corena”)
- Darío Lee Díaz (“Robledo”)
- Luis Montes (“Euclides Bermúdez”)
- Ángel García (“Hernán Benítez”)
- Ezequiel Hueguía (“Rolando Romero”)
- William Tovar (“Franklin Smith Caicedo”)
Según la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, se les imputa la responsabilidad por crímenes de guerra, toma de rehenes, y delitos llevados a cabo durante el cautiverio, como homicidio, tortura, trato cruel, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Asimismo, enfrentan cargos por crímenes de lesa humanidad, que incluyen privaciones severas de la libertad, desaparición forzada, esclavitud y otros actos inhumanos.
La imputación se deriva de un exhaustivo análisis que consideró informes de la Fiscalía, testimonios de víctimas y contribuciones de organizaciones de la sociedad civil. Se revisaron las declaraciones escritas y orales de 61 comparecientes del Bloque Oriental y 65 del Bloque Sur, así como las observaciones de 140 víctimas del Oriental y 182 del Sur en relación a las declaraciones de excombatientes y la resolución de imputación previa contra el secretariado.
La investigación concluyó que los imputados ejercieron un liderazgo significativo en las decisiones sobre los secuestros y tenían control sobre el comportamiento de sus tropas. Por lo tanto, la Sala consideró responsables tanto a quienes dieron las órdenes como a quienes no evitaron los abusos cometidos contra las personas en cautiverio.
Algunos de ellos participaron directamente en la ejecución de estos crímenes y fueron los encargados de los campamentos donde se encontraban los secuestrados.
El Bloque Oriental se destaca como la estructura con el mayor número de secuestros en el país, responsable del 34% de los casos, seguido por el Bloque Sur con el 8%. Según la JEP, las víctimas de estos bloques sufrieron los cautiverios más prolongados y en las peores condiciones dentro de Colombia.
Los antiguos miembros de los bloques Oriental y Sur imputados disponen de un plazo de 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su grado de responsabilidad, o para negarlos.
Durante ese tiempo, pueden presentar аргументaciones o pruebas adicionales. Las víctimas reconocidas y el Ministerio Público también tendrán el mismo plazo para hacer sus observaciones sobre la decisión.
El tribunal también solicita a los imputados que proporcionen información sobre las víctimas desaparecidas durante el cautiverio. Se han identificado 185 personas cuyo paradero sigue siendo incierto desde su secuestro por estos bloques, y los responsables deben facilitar cualquier información relevante en un plazo de 30 días.
