JEP declara a la comunidad de El Aro como víctima colectiva en la histórica masacre de 1997

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido a la población del corregimiento de El Aro, en Ituango, Antioquia, como víctima colectiva, tras la masacre ocurrida en octubre de 1997.

Este acontecimiento, que fue ejecutado por paramilitares del Bloque Mineros de las AUC, dejó marcas profundas en la ciudadanía y se encuentra bajo investigación en el Caso 08 del tribunal.

Ahora puedes seguirnos en Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

El grupo Sujeto de Reparación Colectiva (SRC) de El Aro ha demandado su acreditación, argumentando que la comunidad ha experimentado diversas afectaciones, que abarcan el desplazamiento forzado, homicidios, agresiones sexuales y casi la completa destrucción del pueblo. Según su requerimiento, numerosas familias que escaparon nunca regresaron debido a la falta de garantías de seguridad en su territorio.

En la documentación presentada ante la JEP, se menciona que la incursión paramilitar, supuestamente con la complicidad de la Fuerza Pública, resultó en la muerte de campesinos como Omar de Jesús Ortiz Carmona, Fabio Antonio Zuleta Zabala, Arnulfo Sánchez Álvarez, Iván Gutiérrez Nohavá, Olcrisfail Díaz Pérez, José Darío Martínez Pérez, Carlos Enrique Jaramillo Jaramillo, Alberto María Correa Sucerquia, el niño Wilmar de Jesús Restrepo Torres, Guillermo Andrés Mendoza Posso, Luis Modesto Múnera, Nelson de Jesús Palacio Cárdenas, Marco Aurelio Areiza Osorio, Elvia Rosa Areiza Barrera y Dora Luz Areiza Arroyave.

Además de los asesinatos, los paramilitares incendiaron viviendas, destruyeron cultivos y robaron ganado, lo que ocasionó una crisis humanitaria que forzó el desplazamiento masivo de la población. La comunidad también fue estigmatizada, ya que los perpetradores justificaron la masacre alegando que El Aro era un terreno asociado a la guerrilla.

En su demanda ante la JEP, el grupo señaló que los sucesos ocurridos en El Aro “provocaron numerosas afectaciones físicas y emocionales en los residentes de la comunidad”, dejando secuelas que persisten hasta la actualidad.

Luego de valorar la solicitud y las evidencias presentadas, la JEP concluyó que la comunidad de El Aro debía ser reconocida como víctima colectiva, brindándole la oportunidad de participar de manera activa en el Caso 08. Esto significa que el colectivo podrá presentar observaciones, formular recursos y dar seguimiento a la investigación en curso.

De acuerdo con la documentación del tribunal, el reconocimiento también se debe a los efectos duraderos que la masacre dejó en los lazos comunitarios. “La masacre, el desplazamiento forzado, las agresiones sexuales y otros actos cometidos generaron intensos sentimientos de miedo, ira y tristeza, en muchos casos prolongados en el tiempo, dejando secuelas psicológicas y afectando la relación entre los integrantes de la comunidad”, se detalla en el expediente.

Con esta decisión, la JEP busca garantizar la participación de las víctimas en la clarificación de los hechos y en la búsqueda de justicia. Este proceso forma parte del esfuerzo del tribunal por documentar las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado y avanzar en la reparación integral de las comunidades damnificadas.