La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formalizó el viernes 18 de septiembre de 2026 las sanciones propias contra Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, y otros seis exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC-EP por su responsabilidad en el secuestro como política sistemática de la guerrilla durante el conflicto armado. Las penas van de cinco a ocho años de trabajos, obras y actividades reparadoras con restricciones a la libertad, monitoreo electrónico y prohibición de salir del país. Ninguno de los condenados irá a prisión.
La decisión hace parte del Caso 01 de la JEP, que investigó el secuestro como práctica sistemática de las FARC durante más de dos décadas. Miles de civiles, policías, militares y políticos fueron retenidos por la guerrilla entre los años ochenta y los primeros años del siglo XXI.
¿Cuánto tiempo debe cumplir cada uno?
Las sanciones difieren según el grado de responsabilidad acreditado ante la JEP:
- Rodrigo Londoño (Timochenko): 8 años
- Pablo Catatumbo: 8 años
- Jaime Alberto Parra: 7 años, 10 meses y 2 días
- Milton de Jesús Toncel: 7 años, 8 meses y 25 días
- Pastor Alape: 6 años, 11 meses y 22 días
- Julián Gallo: 6 años
- Rodrigo Granda: 5 años
Durante ese periodo, los condenados deberán usar dispositivos electrónicos de seguimiento, cumplir jornadas obligatorias de trabajo restaurativo, obtener autorización judicial para cambiar de residencia o salir del departamento donde desarrollen sus proyectos, y permanecer en Colombia.
El primer proyecto: Pitalito, Huila, a partir del 21 de septiembre
El primer ciclo de trabajos comenzará entre el 21 y el 30 de septiembre de 2026 en el cementerio San Antonio de Padua del municipio de Pitalito (Huila). Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel participarán en actividades de apoyo a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, bajo la dirección técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
Las tareas concretas incluirán adecuación de terrenos, excavación manual, tamizado y apoyo logístico a los equipos de antropología forense. Los exjefes guerrilleros no realizarán funciones forenses directas. El cementerio de Pitalito es uno de los sitios donde la UBPD adelanta labores de exhumación en el sur del Huila y norte del Cauca, zona histórica de operaciones de las FARC.
“Impunidad absoluta”: la reacción del Congreso
El representante a la Cámara Daniel Briceño fue uno de los críticos más directos. En redes sociales escribió: “Sandra Ramírez, decenas de delitos, vidas de niñas y adolescentes destruidas, ocho años de curul regalada en el Congreso, escoltas y privilegios. ¿Sanción de la JEP? Ocho años sin cárcel, haciendo trabajo social y burlándose de las víctimas. Impunidad absoluta”.
Es importante precisar que Briceño confundió en su mensaje a Sandra Ramírez con los sancionados. La excongresista del partido Comunes no hace parte de los siete excomandantes incluidos en esta sentencia por secuestros (Caso 01). Ramírez fue citada separadamente a versión voluntaria ante el Caso 07, que investiga violencia sexual y reclutamiento de menores durante el conflicto: dos procesos distintos ante la misma jurisdicción.
Qué es la sanción propia y qué establece el Acuerdo de Paz
La sanción propia no implica cárcel. El modelo de justicia transicional acordado en La Habana en 2016 estableció que quienes reconocieran su responsabilidad ante la JEP recibirían entre 5 y 8 años de restricciones a la libertad y trabajos restaurativos. Quienes nieguen su responsabilidad y sean encontrados culpables en juicio pueden recibir hasta 20 años de prisión ordinaria.
Las condiciones son que las víctimas estén en el centro del proceso y que los condenados contribuyan activamente a su reparación: búsqueda de desaparecidos, construcción de infraestructura en territorios afectados, apoyo a comunidades víctimas del conflicto. Esta es la primera vez que la JEP ejecuta sanciones propias por secuestros.