El mismo día en que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó su primera condena de gran envergadura —los trabajos restaurativos para Timochenko y seis exjefes de las FARC por los secuestros del conflicto— su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, lanzó una advertencia urgente: un recorte de $185.000 millones al presupuesto de 2027 dejaría al tribunal sin audiencias, sin protección para víctimas y sin sede física.
¿De dónde viene el recorte?
La propuesta fue presentada en el Congreso por el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez, quien plantea trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. La iniciativa recibió el respaldo del presidente Abelardo de la Espriella.
Gómez justificó la medida con un argumento de rendimiento: “Se ha vuelto un fortín burocrático. Es una entidad con mínimo rendimiento. Solo cuatro fallos. El primero de ellos vino a proferirse en septiembre de 2025”.
La senadora del Centro Democrático María Clara Posada fue más lejos y propuso que el recorte alcance al menos la mitad de los recursos de la entidad.
Lo que el recorte comprometería, según Ramelli
Si se aprueba la reducción total de $185.000 millones, la JEP quedaría con $721.803 millones en 2027, cerca de su asignación actual. Pero el impacto práctico, según Ramelli, sería devastador:
- Los primeros $85.000 millones afectarían directamente la realización de audiencias, los esquemas de seguridad para víctimas y testigos, y la protección de los comparecientes
- Los $100.000 millones restantes corresponden a gastos de funcionamiento, bienes y servicios, incluyendo la sede del tribunal
La frase del magistrado lo resume: “Entonces, pues sería una corte en Internet, ¿no? Que no tendríamos ni siquiera sede”.
La alarma llega a la ONU y la CPI
Ramelli no esperó a que el debate se resolviera internamente. Comunicó la situación a organismos internacionales de primer nivel:
- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH)
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
- Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial
- Países garantes del Acuerdo de Paz
- Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)
Este último punto tiene peso estratégico: la Fiscalía de la CPI mantenía un examen preliminar sobre Colombia que fue suspendido precisamente porque el país creó la JEP como mecanismo propio de justicia transicional. Si la JEP deja de funcionar, ese examen podría reactivarse.
La paradoja del mismo día
La advertencia de Ramelli llegó horas después de que la JEP dictara la sanción contra Timochenko y seis exjefes del antiguo Secretariado de las FARC: entre 5 y 8 años de trabajos restaurativos con monitoreo electrónico por los secuestros sistemáticos durante el conflicto. Es la primera vez en la historia que los máximos comandantes de las FARC responden judicialmente ante un tribunal colombiano.
El magistrado lo señaló: “Es un tribunal importante porque le está dando respuestas a Colombia, a la comunidad internacional y a miles de víctimas sobre hechos que habían permanecido en la más completa impunidad”.
La JEP ha investigado patrones de macrovictimización que involucran tanto a integrantes de la Fuerza Pública como a las extintas FARC, en contextos donde —según Ramelli— “la impunidad era galopante”.
¿Qué pasa ahora?
El debate presupuestario de 2027 está en pleno trámite en el Congreso, con fecha límite de aprobación el 20 de octubre. El Presupuesto General de la Nación 2027 fue fijado en $634,9 billones y su ponencia debe entregarse el 25 de septiembre. En ese marco se decidirá si el recorte a la JEP prospera o si el tribunal conserva los recursos para seguir operando.