Con pala y machete en mano, los siete integrantes del último secretariado de las Farc-EP comenzaron el miércoles 23 de septiembre a cumplir la sanción que les impuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros durante el conflicto armado.
La primera acción restaurativa se realizó en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde los excomandantes participaron en la recuperación de cuerpos de personas no identificadas, bajo la coordinación conjunta de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Los comparecientes que iniciaron los trabajos son Rodrigo Londoño Echeverry (alias Timochenko), Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
La ONU calificó la jornada como histórica
Las Naciones Unidas destacó que esta es la primera vez en la historia de Colombia en que exjefes de las Farc-EP vinculados al Caso 01 y máximos responsables de la Fuerza Pública vinculados al Caso 03 trabajan conjuntamente en la búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto como parte del cumplimiento de sanciones propias de la JEP.
El organismo internacional subrayó la participación directa de las víctimas en el proceso y consideró que las sanciones impuestas —después de que los comparecientes reconocieran verdad y responsabilidad— representan un hito para la justicia transicional colombiana y para el tratamiento de los crímenes más graves del conflicto.
Para la ONU, el proceso también demuestra la capacidad de la JEP para establecer patrones de crímenes e imponer sanciones a sus máximos responsables.
Una sanción con enfoque restaurativo
La labor en Pitalito hace parte del componente restaurativo de la sanción propia impuesta a los siete excomandantes. Ese componente combina restricciones efectivas de libertad, mecanismos de monitoreo y supervisión, y proyectos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.
Las labores de búsqueda e identificación de restos buscan aportar respuestas a las familias que continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos durante la guerra.
El presupuesto de la JEP, en debate paralelo
Mientras el tribunal avanza en la ejecución de estas sanciones, el Congreso aprobó esta semana, en el primer debate del Presupuesto General de la Nación para 2027, un recorte de $170.000 millones al presupuesto de la JEP. La reducción incluye $140.000 millones menos en inversión y $30.000 millones en gastos de funcionamiento, lo que dejaría al tribunal con $721.803 millones para 2027 si la cifra se mantiene en las plenarias del Senado y la Cámara, donde todavía debe ser debatida.