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La discusión fiscal de Colombia no pasa solo por crear nuevos impuestos ni por decretar emergencias económicas. Para Jorge Iván González, economista y exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el actual gobierno, el verdadero problema está en otro lado: la mala ejecución de los recursos públicos que ya existen. “Nos gastamos 44 billones de pesos de regalías en proyectos mal estructurados”, advierte, al cuestionar la narrativa oficial que justifica nuevos tributos mientras persisten enormes ineficiencias en el uso del gasto.
González estuvo en el cargo cerca de año y medio —renunció el 1.° de febrero del 2024— y fue el artífice del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de La Vida 2022-2026’. Sin embargo, no duda en señalar las cosas que se han hecho mal durante la administración de Gustavo Petro, frente a lo cual sentencia: “Se desperdició una oportunidad histórica de ordenar el gasto público”.
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El TIEMPO conversó con él y durante la charla fue bastante crítico con la declaratoria de emergencia económica y en su opinión decisiones, como el alza del salario, distorsionan expectativas, presionan la inflación y terminan afectando a los mismos hogares que buscan protegerse, en un país que —insiste— necesita reformas estructurales, no atajos.
Jorge Iván González, economista y exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Foto:EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Me gustaría iniciar por las medidas tributarias que el Gobierno decretó al amparo de la emergencia económica. ¿Cree que eran necesarias?
No. La emergencia no era necesaria. No hubo ningún hecho sobreviniente ni imprevisible. La situación fiscal era conocida y estaba diagnosticada desde hace meses, incluso con mayor claridad por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). No hay una crisis súbita: la situación fiscal estaba sobre la mesa, así que no existía ninguna razón especial para declarar una emergencia económica.
En ese sentido, ¿cree que los recursos que se buscan, podrían haberse obtenido a través de otros ajustes?
Había margen de maniobra. Reducir el gasto no es fácil, y el propio Carf lo ha advertido, pero sí se pudo avanzar mucho más en eficiencia. El problema es que estamos administrando muy mal los recursos que ya existen. Un ejemplo claro son las regalías. En el cuatrienio se han manejado alrededor de 44 billones de pesos, muchos de los cuales terminaron en proyectos mal estructurados, desarticulados y poco eficientes. Ahí hay un enorme desperdicio de recursos públicos.
Cuando uno suma los dineros del Gobierno Nacional, los municipios, los departamentos y el Sistema General de Regalías, encuentra billones de pesos que no están bien ejecutados. A eso se suma que el país aprobó en el Plan de Desarrollo el presupuesto por programas, que permitiría ordenar y hacer mucho más eficiente el gasto, y no se ha avanzado absolutamente nada.
Además, existen alternativas de ingresos que no requieren una reforma tributaria: rentas urbanas, manejo del suelo, catastro multipropósito, derechos de edificabilidad, cobros por congestión. Las grandes ciudades tienen un potencial fiscal muy importante que no se está aprovechando. Todo eso muestra que había opciones distintas a decretar una emergencia económica.
¿En cuánto tiempo podría verse reflejado eso en el déficit fiscal?
A mí me parece ingenuo —y poco honesto— decir que vamos a reducir el déficit o bajar la deuda en el corto plazo. Aceptar el déficit es más honesto que fingir que se puede cerrar rápido. La deuda seguirá moviéndose en niveles del 60, 65 o incluso 70 por ciento del PIB, como ocurre en muchos países. Colombia no tiene un problema excepcional de deuda; tiene un problema de mala ejecución. Lo que hay que hacer es aceptar esa realidad y avanzar en eficiencia del gasto. Además, el próximo gobierno tendrá que hacer una reforma tributaria integral.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, explicó la decisión de declarar la Emergencia Económica. Foto:Néstor Gómez EL TIEMPO
¿A qué se refiere con una reforma tributaria integral?
A una reforma que articule todos los niveles del Estado, la Nación, los departamentos y los municipios, y que se apoye en el presupuesto por programas. Eso significa organizar todo el presupuesto alrededor de 20 o 25 grandes objetivos nacionales: descontaminar ríos, modernizar escuelas rurales, desarrollar la biodiversidad amazónica, por ejemplo.
Los recursos de la Nación, los departamentos y los municipios concurren a los mismos proyectos. Se elimina la distinción absurda entre funcionamiento e inversión y se rompe con la lógica anual del presupuesto. Eso cambia completamente la eficiencia del gasto público.
¿Cree que estos decretos pueden caerse y que, en ese escenario, el próximo gobierno no tendrá otra opción que una nueva tributaria?
Creo que los decretos se caerán. El Marco Fiscal de Mediano Plazo deja claro que la situación era conocida. Lo mismo ocurrió con las reformas tributarias anteriores: los argumentos muestran que el problema fiscal no apareció de repente. Desde el punto de vista jurídico, esto se parece mucho al decreto de la emergencia en La Guajira, que terminó cayéndose por la misma razón. Yo estaba en el gobierno en ese momento.
Mientras hay una definición por la suerte de esos decretos, ¿puede haber algún impacto?
No lo creo. Estos procesos jurídicos toman tiempo y estamos además en un contexto preelectoral. No veo un impacto significativo sobre la inversión o el crecimiento en el corto plazo.
El presidente Gustavo Petro anunció el ajuste del salario mínimo del 23 % al cierre del 2025. Foto:Archivo El Tiempo
Pasemos al salario mínimo. ¿Fue un ajuste razonable para la economía?
No. Es absolutamente exorbitante. Se ha querido justificar como keynesianismo, pero un aumento del 23,7 por ciento no lo es: es desconocer la teoría económica. Yo me considero keynesiano y participé en la formulación del Plan de Desarrollo con esa visión. Un aumento de cuatro, cinco o seis puntos por encima de la inflación es debatible. Pero esto es un salto desproporcionado.
Si subir el salario 23,7 por ciento no tuviera consecuencias, habría que cerrar los libros de economía. Colombia es un país importador. Este aumento no estimula la demanda interna; dispara importaciones. Además, no tenemos la capacidad de subir la productividad a esa velocidad. Veníamos en una senda razonable y esto la rompe por completo.
Algunos analistas dicen que el ajuste se salió de los fundamentos técnicos y entró en un terreno político…
Es puro populismo. El 23 por ciento se convierte en un símbolo y afecta directamente las expectativas de inflación. El salario mínimo se volvió un símbolo político que distorsiona expectativas y precios. La gente empieza a usar esa cifra como referencia, sin análisis de costos. Eso ya lo vivimos antes de los años noventa. Uno de los grandes logros del país fue bajar esas expectativas. Volver a bajarlas toma años, no decretos.
¿Existe la posibilidad de que este decreto también pueda reversarse?
No lo sé desde el punto de vista jurídico, pero desde el económico es un error grave. No se combate la pobreza desestabilizando la economía. Si suben los precios, sube la línea de pobreza y los precios terminan comiéndose el salario. Los precios se comen el salario y los más pobres son los más afectados. Eso es teoría económica básica.
Con este panorama, ¿los impuestos y el salario mínimo se convierten en un obstáculo para el crecimiento en 2026?
Sí. El efecto económico será dañino. El próximo gobierno, cualquiera que sea, recibirá una economía con desequilibrios estructurales fuertes. Llevar las expectativas de inflación al 20 por ciento y luego bajarlas es un proceso largo y costoso.
La Cámara de Representantes del Congreso en medio de la votación del Plan Nacional de Desarrollo. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
Si tuviera que señalar una prioridad crítica para mejorar empleo y productividad, ¿cuál sería?
Primero, dejar de obsesionarnos con reducir el déficit en el corto plazo. Segundo, rescatar el presupuesto por programas. Tercero, avanzar en una reforma fiscal integral. Y cuarto, invertir en infraestructura. La infraestructura es clave para consolidar el mercado interno y fortalecer la economía regional. Además, hay tres instrumentos centrales del Plan de Desarrollo que cualquier gobierno debería retomar: catastro multipropósito, Registro Universal de Ingresos y presupuesto por programas. Son transformadores.
¿Cómo evalúa la ejecución del Plan de Desarrollo?
La planeación existió, pero la ejecución fue pésima. Los pilares estructurales no se cumplieron: el Registro Universal de Ingresos no avanzó, el presupuesto por programas no se implementó y solo el catastro multipropósito ha tenido algún progreso. Creo que se desperdició una oportunidad histórica de ordenar el gasto público. Los pilares estructurales del Plan de Desarrollo nunca fueron prioridad del gobierno.
Por último, el presidente Gustavo Petro ha insistido en la idea de una constituyente, ¿qué implicaciones tiene esto?
Para mí es una distracción. La Constitución del 91 es una maravilla; el problema no es cambiarla, sino aplicarla. El centro de la discusión económica está en estos temas estructurales: eficiencia del gasto, política social bien focalizada y fortalecimiento del mercado interno. Todo lo demás desvía la atención.
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