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El exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, reavivó el debate sobre la seguridad en Colombia al señalar que el país enfrenta uno de los períodos más críticos en cuanto a orden público en los últimos años.
A través de varios mensajes en su cuenta de X, Restrepo afirmó que entre 2022 y 2025 se registró un deterioro “alarmante” en los principales indicadores de seguridad; una situación que, según él, debe convertirse en una prioridad ineludible para el próximo gobierno que asuma en 2026.
El exministro enfatizó que sus comentarios no se basan en percepciones o agendas políticas, sino en cifras oficiales del Estado. “Los datos oficiales son contundentes”, escribió, destacando que el impacto de la inseguridad se extiende más allá del ámbito militar o policial e impacta directamente la economía, el empleo y las posibilidades de desarrollo del país.
En su publicación, Restrepo enumeró varios indicadores que, en su opinión, reflejan claramente la magnitud del problema. Según sus estimaciones, el secuestro habría aumentado un 192% en el período analizado, mientras que los actos de terrorismo incrementaron un 87%.
Además, se observó un incremento del 33% en los asesinatos de miembros de la fuerza pública en servicio y un aumento del 24% en extorsiones perpetradas por grupos ilegales contra ciudadanos y empresas. En lo que respecta a los homicidios, Restrepo reportó un crecimiento del 1,4%.
Estas cifras respaldan el informe de seguimiento a los indicadores de seguridad y resultados operacionales elaborado por el Ministerio de Defensa, con corte a diciembre de 2025.
El documento muestra, por ejemplo, un aumento significativo en el total de secuestros respecto al año anterior, así como una tendencia ascendente en delitos vinculados al terrorismo y a la violencia contra la fuerza pública. Aunque algunos delitos muestran descensos puntuales, el balance general evidencia, según Restrepo, un deterioro estructural de la seguridad.
Restrepo también hizo hincapié en la política contra las drogas ilícitas, a la que describió como el “cáncer de gran parte” de los problemas de seguridad. Según explicó, la producción de coca sigue siendo el motor de muchas economías ilegales que alimentan el secuestro, la extorsión y el terrorismo.
En este contexto, cuestionó la reducción en la erradicación de cultivos ilícitos, que estimó en un 88%. “Es imposible”, expresó, al señalar que sin una estrategia eficaz para disminuir la producción de coca es inviable debilitar financieramente a los grupos ilegales.
El informe oficial del Ministerio de Defensa indica una disminución en las hectáreas erradicadas manualmente y variaciones en otros indicadores de la lucha contra el narcotráfico, lo que ha suscitado preocupación en diversos sectores.
Más allá de las estadísticas, Restrepo enfatizó que el deterioro de la seguridad tiene repercusiones directas en la economía. “Sin seguridad, jamás habrá un buen crecimiento, empleo ni desarrollo”, afirmó, destacando que la extorsión y la violencia impactan especialmente a comerciantes, empresarios y emprendedores, particularmente en las regiones más afectadas por la actividad de grupos armados.
El exministro aseguró que un gobierno entrante en 2026 necesitará revisar, complementar o ajustar la estrategia de seguridad con una visión integral que combine control territorial, fortalecimiento de la fuerza pública y una lucha eficaz contra las economías ilegales. Aunque no presentó un plan detallado, concluyó su mensaje con una frase que refleja su postura: “El principal deber del Estado es proteger a sus ciudadanos”.
Sus declaraciones se suman a un debate cada vez más intenso sobre la situación del orden público en Colombia y anticipan que la seguridad será uno de los ejes centrales en la discusión política y electoral en los próximos años.
Por ejemplo, el 17 de enero de 2026, se reportaron intensos enfrentamientos entre las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá en El Retorno, Guaviare, que dejaron al menos 30 fallecidos. El Ejército está verificando la situación tras este violento conflicto territorial.
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