Colombia
Juliana Guerrero volvió al Ministerio de la Igualdad: participó en Asamblea Nacional de Juventudes donde causó polémica
La participación de Juliana Guerrero en la Asamblea Nacional de Juventudes, organizada por el Ministerio de la Igualdad en Barranquilla, Atlántico, reavivó la controversia sobre su persona, marcada por dudas acerca de la veracidad de sus títulos universitarios y su fallida designación como viceministra de juventudes.
Este evento, liderado por el ministro Juan Carlos Florián, reunió a consejeros de juventud del Pacto Histórico y evidenció el rechazo de ciertos sectores políticos, así como de algunos funcionarios del mismo ministerio.
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En la asamblea, que se extenderá hasta el 21 de diciembre de 2025, Guerrero fue fotografiada con representantes juveniles afines al gobierno. Sin embargo, su presencia generó incomodidad entre algunos funcionarios del Ministerio de la Igualdad, quienes, según El Espectador, no vieron con buenos ojos su participación debido a las controversias que la rodean.
Mientras tanto, jóvenes asistentes mostraron pancartas con el mensaje: “Juliana Guerrero no nos representa” en protesta por la proximidad de Guerrero con el Gobierno nacional.
“Es increíble que la ANJ permita la entrada a Juliana Guerrero, una mujer que no representa la lucha juvenil y que adquirió sus títulos universitarios de manera ilícita. En un país donde estudiar no es suficiente,” comentó un asistente al evento a El Tiempo.
Cabe destacar que la funcionaria sigue siendo delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad del Cesar (UniCesar), cargo que mantiene a pesar de las críticas.
Unos días antes, el 8 de diciembre de 2025, Guerrero estuvo presente en la inscripción de listas a la Cámara de Representantes en el departamento del Cesar, apoyando la candidatura del Frente Amplio Unitario, liderado por el exembajador Roy Barreras. En esta ocasión, posó con Luis Fernando Quintero, Omar Benjumea y Lina de Armas. Es importante señalar que Quintero es hermano del representante liberal Carlos Felipe Quintero, quien no podrá volver a aspirar a su curul por no contar con el aval de su partido, debido a su cercanía con el gobierno de Petro.
El objetivo de esta nueva estrategia es competir por una curul frente a la poderosa alianza Gnecco–Cuello, consolidándose como el espacio donde se encuentran los liderazgos alternativos que no han tenido cabida en la propuesta oficialista.
El apoyo público de Guerrero al Frente Amplio del Cesar, en lugar de a la lista cerrada del Pacto Histórico, fue interpretado en círculos políticos como un mensaje claro a la dirigencia local de la colectividad, liderada por Alexandra Pineda. Esta optó por mantener una lista cerrada propia, en lugar de unirse a la propuesta unitaria iniciada para concentrar el voto alternativo.
La controversia que rodea a Juliana Guerrero, oriunda de Cesar y que estuvo cerca de asumir el cargo de viceministra de Juventud, surgió luego de que se descubriera que falsificó documentos sobre su educación universitaria.
Las críticas aumentaron después de que se supiera que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) le otorgó un crédito de $11.084.000 para estudios superiores, monto que ya habría sido pagado. Aunque la entidad no ha divulgado los detalles del préstamo, esta falta de transparencia generó dudas sobre los criterios y documentos que respaldaron la aprobación del mismo.
El caso ganó notoriedad tras la decisión del Consejo Directivo de la Fundación Universitaria San José, quien el 7 de noviembre de 2025 anuló unánimemente los títulos otorgados a Guerrero en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, tras una revisión de su historial académico.
En el ámbito judicial, la Fiscalía 42 Especializada de Bogotá abrió una investigación preliminar contra Guerrero y directivos de la Fundación San José por presuntos delitos de falsedad documental y fraude procesal. La Procuraduría, por su parte, está recopilando pruebas para evaluar posibles sanciones disciplinarias a funcionarios que hayan intervenido en la expedición de los títulos. La universidad también presentó una denuncia penal contra exdirectivos por hechos que podrían considerarse un delito, según su comunicado.
