La Corrupción en Colombia: Un Sistema Diseñado para la Impunidad 2.0

Introducción

La corrupción en Colombia no es un problema accidental ni una consecuencia aislada de malos funcionarios. Es, en cambio, una característica estructural del Estado, un entramado bien diseñado que garantiza la impunidad y la perpetuidad del poder en manos de unos pocos. Desde la elección de magistrados hasta el nombramiento de los órganos de control, cada aspecto del sistema político y judicial está orientado a proteger a quienes ostentan el poder, evitando cualquier tipo de fiscalización real y efectiva. En este artículo, analizaremos cómo está construido este mecanismo de corrupción institucionalizada y por qué es imposible erradicarlo bajo el modelo actual.

El Congreso: Una Estructura para la Permanencia del Poder

El Congreso de la República, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, es el epicentro de la política en Colombia. Sin embargo, su elección está viciada desde el origen, favoreciendo la permanencia de los mismos grupos de poder.

1. Listas cerradas y maquinaria política: Los partidos políticos controlan la selección de los candidatos, asegurando que los mismos clanes familiares y grupos de poder se perpetúen en el tiempo. Esto limita la diversidad y la participación de nuevos actores políticos.
2. Compra de votos: A pesar de las leyes que buscan evitar esta práctica, sigue siendo común el financiamiento ilícito de campañas. Las elecciones están marcadas por el uso de recursos públicos y privados en actividades clientelistas, lo que desvirtúa la democracia.
3. Intereses personales sobre el bien común: Muchos congresistas llegan al poder con el único objetivo de favorecer a sus patrocinadores económicos y proteger sus propios intereses. En muchos casos, los legisladores aprueban leyes que benefician a ciertos sectores económicos a cambio de apoyo financiero para sus futuras campañas.
4. El Congreso como un negocio: No importa si un político es de derecha o izquierda, ya que el Congreso se ha convertido en el mejor negocio de Colombia. Muchos ingresan con un patrimonio reducido, pero salen millonarios. Sus salarios oficiales no justifican el incremento en su riqueza, lo que indica la existencia de redes de corrupción que facilitan su enriquecimiento ilícito a través de contratos estatales, favores y sobornos.

Órganos de Control: Vigilancia sin Independencia

Los órganos de control, en teoría, deberían ser independientes y encargarse de la fiscalización del poder público. Sin embargo, su elección está diseñada para favorecer a quienes deben vigilar, lo que impide su verdadero funcionamiento.

1. Procuraduría General de la Nación: Su jefe es elegido por el Senado, con una terna en la que el Presidente tiene influencia directa. Esto genera un conflicto de interés, ya que el Procurador podría no actuar contra funcionarios cercanos al gobierno de turno.
2. Contraloría General: Elegida por el Congreso en pleno, asegurando que el mismo poder legislativo controle la vigilancia de sus propios actos. En muchos casos, el Contralor se convierte en una figura política que responde a intereses partidistas.
3. Defensoría del Pueblo: Elegida por la Cámara de Representantes, pero con terna propuesta por el Presidente, lo que compromete su independencia. En la práctica, el Defensor del Pueblo muchas veces responde a intereses gubernamentales en lugar de velar por los derechos ciudadanos.

Conclusión: Un Sistema Diseñado para No Cambiar

A pesar de las reformas propuestas a lo largo de los años, la corrupción en Colombia sigue siendo una constante porque el sistema está diseñado para garantizar la impunidad. No se trata de casos aislados ni de “manzanas podridas”, sino de una estructura que perpetúa la corrupción y protege a los responsables.

Erradicar la corrupción bajo este modelo es imposible. Cualquier reforma significativa tendría que pasar por los mismos organismos que se benefician del sistema, lo que hace inviable cualquier transformación real. La solución no puede venir desde adentro del Estado, porque este está programado para defenderse a sí mismo.

El ciudadano, entonces, se encuentra atrapado en un sistema donde votar por “nuevas opciones” muchas veces es solo elegir entre diferentes rostros de la misma estructura. Mientras las reglas del juego sigan siendo controladas por los mismos actores, la corrupción en Colombia no solo no disminuirá, sino que seguirá evolucionando para adaptarse a los nuevos desafíos sin perder su esencia.

El problema fundamental radica en que no hay incentivos reales para que los gobernantes modifiquen el status quo. Cada reforma estructural que podría poner fin a estas prácticas debe pasar por las mismas instancias controladas por quienes se benefician de la corrupción. Es un juego cínico en el que los ciudadanos son simples espectadores de un sistema cerrado, blindado y resistente a cualquier intento de cambio.

Para que la corrupción realmente disminuya, se necesitaría una presión masiva y sostenida de la sociedad civil, junto con un rediseño completo del modelo político y judicial. Sin embargo, esto implica desafiar a los mismos actores que detentan el poder y que tienen todos los recursos para evitar cualquier reforma significativa.

El escepticismo ciudadano es comprensible. A lo largo de la historia, han existido intentos de cambio que terminan desmantelados desde adentro por los mismos corruptos que buscan perpetuar sus privilegios. Mientras el poder siga siendo un medio de enriquecimiento y no de servicio, la corrupción será la norma en Colombia.

Finalmente, la gran pregunta sigue siendo: ¿Qué se necesita para que la sociedad rompa este ciclo? La respuesta no es sencilla, pero lo claro es que sin una revolución política y cultural de fondo, el país seguirá atrapado en el mismo laberinto de corrupción, impunidad y desesperanza.