Colombia
La Corte Constitucional se inhibe en caso Mancuso y pide “colaboración armónica” entre JEP y Justicia y Paz
La Corte Constitucional optó por no pronunciarse sobre el fondo de la demanda que cuestionó la competencia atribuida a la Jurisdicción Especial para la Paz para juzgar a excomandantes paramilitares que operaron como “bisagras” con miembros de la Fuerza Pública durante el conflicto armado.
Esta decisión fue tomada tras revisar la acción presentada en relación con el caso de Salvatore Mancuso.
Según lo informado por Semana, el tribunal evaluó los argumentos que contradecían las atribuciones que asumió la JEP en este contexto.
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En su fallo, la Corte instó a la JEP y a Justicia y Paz a crear y aplicar un mecanismo efectivo de coordinación y comunicación continua. El objetivo señalado es que ambas jurisdicciones puedan beneficiarse mutuamente de sus descubrimientos y avances en la búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto armado.
El tribunal aclaró que esta recomendación tiene como fin fortalecer el diálogo interinstitucional. En el debate legal, recordó que la búsqueda de la verdad es fundamental para la superación del conflicto y enfatizó la importancia de que las autoridades que integran los diferentes sistemas de justicia transicional se reconozcan como parte de un sistema único.
La decisión fue tomada con un análisis realizado por la magistrada Natalia Ángel Cobo. Se observó que el Auto 1319 de 2024, emitido en un conflicto de jurisdicciones, no configuró una “cosa juzgada” en el proceso de control abstracto de constitucionalidad examinado. Esta circunstancia influyó en la evaluación sobre la validez y consistencia de la interpretación en cuestión.
La Corte determinó que la interpretación cuestionada已 no conservaba el atributo de ser consolidada y dejó de ser una norma de derecho viviente, por lo que se declaró inhibida para tomar una decisión de fondo. Así, el alto tribunal optó por no pronunciarse sobre la constitucionalidad de la competencia asumida por la JEP en este caso concreto.
El debate legal tuvo como antecedente la decisión de 2023 de la JEP de analizar la situación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien lideró, entre otros, los Bloques Norte y Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta elección trajo consigo una controversia sobre el alcance de las atribuciones de la jurisdicción surgida tras el Acuerdo de Paz.
En esa ocasión, la JEP asumió competencia al aplicar la figura del “sujeto bisagra”. Se argumentó que Mancuso tenía vínculos permanentes con miembros de la Fuerza Pública para establecer redes de cooperación y ayuda. Gracias a estas alianzas, se realizaron acciones en contra de la población civil, lo que llevó a la jurisdicción especial a considerar que podía conocer del caso bajo su normativa.
La aplicación de este criterio originó un choque institucional entre la JEP y Justicia y Paz, tribunal creado para investigar, juzgar y sancionar a los miembros de grupos paramilitares tras su desmovilización en 2006. A su vez, la JEP fue establecida después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, con el mandato de abordar delitos vinculados al conflicto armado en ese marco.
El conocido enfrentamiento de competencias se centró en definir cuál de los dos regímenes debía manejar el caso. Mientras Justicia y Paz sostiene que tiene atribuciones sobre exintegrantes de estructuras paramilitares desmovilizadas, la JEP fundamentó su intervención en los vínculos funcionales con agentes estatales, bajo la categoría del “sujeto bisagra”.
Con la decisión tomada, la Corte no resolvió de forma definitiva la controversia sobre la competencia en el caso, pero sí hizo un llamado explícito a la colaboración institucional. Se enfatizó en fomentar mecanismos que permitan el intercambio de información y cooperación continua, dirigidos a consolidar los avances en la búsqueda de la verdad sobre los hechos asociados al conflicto armado.
