Colombia
La Corte Suprema citó a indagatoria a David Racero por el escándalo del fruver: hay un proceso penal
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha convocado al representante David Racero a indagatoria en relación con el proceso penal del denominado “caso del fruver”, que se inició a raíz de la filtración de audios y conversaciones privadas a mediados de 2025.
La decisión, anunciada el 6 de marzo de 2026, inicia una fase en la que el tribunal evaluará la evidencia recolectada para determinar si el legislador cometió delitos relacionados con el posible uso indebido de recursos públicos en actividades privadas.
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La citación está programada para el 9 de marzo a las 8:00 a.m. y fue ordenada por el magistrado César Reyes, quien anteriormente formó parte de esa sala y la presidió, encargándose de investigar penalmente a los congresistas.
Con este paso, el tribunal inicia un período donde el legislador debe presentar su versión de los hechos en investigación, mientras los magistrados analizan el material probatorio recopilado.
El caso se originó tras la difusión de audios y chats en los que Racero discutía sobre condiciones laborales en su negocio familiar de frutas y verduras, denominado “La Cosecha del Campo”, ubicado en el barrio Modelia de Bogotá.
En las conversaciones se mencionó una oferta de trabajo con un salario de un millón de pesos mensuales, jornadas de 13 horas diarias —de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.— sin reconocimiento de prestaciones sociales y describiendo que la persona contratada tenía que asumir múltiples responsabilidades en el establecimiento.
Además de esta controversia, la investigación penal se centra en otra acusación: el supuesto uso de miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista para operaciones ligadas al negocio familiar.
En los chats filtrados, se menciona al conductor del legislador, Jhon Leonardo García, quien, según los documentos divulgados, habría recibido instrucciones sobre la administración de fondos y asuntos administrativos del negocio.
A raíz de estas acusaciones sobre presuntas solicitudes de dinero a sus subordinados, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación disciplinaria.
Por otro lado, en febrero de 2026, el Consejo de Estado resolvió una demanda que exigía la pérdida de investidura de Racero. El tribunal determinó que no se comprobó suficientemente la causa de uso indebido de recursos públicos y desestimó la solicitud de destitución.
Sin embargo, esa resolución no cierra el proceso penal. El caso en la Corte Suprema continúa, ya que ese tribunal tiene jurisdicción para investigar a los congresistas por posibles delitos.
Con la indagatoria, los magistrados evaluarán las pruebas disponibles —incluyendo los audios y conversaciones filtradas— para determinar si hubo un eventual desvío de funciones de empleados financiados con recursos públicos hacia actividades privadas.
El congresista ha rechazado de manera continua las acusaciones de explotación laboral, argumentando que son resultado de un “linchamiento mediático” en contra de su reforma laboral. En cuanto al dinero que requería a sus empleados, aseguró que era “habitual” que él y su equipo se prestaran dinero por la confianza mutua.
David Racero, quien fue presidente de la Cámara de Representantes, se presentaba como uno de los candidatos más destacados del petrismo para las elecciones de 2026 (ya sea para el Senado o la presidencia). Este escándalo ha tenido un fuerte impacto en su credibilidad, especialmente porque lo denunciado sobre las condiciones laborales contradice su discurso público.
Noticia en desarrollo…
