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Sorpresa, rabia e indignación. Esas fueron las emociones predominantes entre los cientos de turistas y residentes que, durante estos últimos días de enero de 2026, descubrieron que sus reservas en plataformas de alojamiento habían sido canceladas o modificadas sin previo aviso. ¿La razón? El incremento desmedido de precios provocado por la visita de Bad Bunny a la ciudad de Medellín. Este “efecto Bad Bunny” no es una simple anécdota del mercado. Es la evidencia de una ciudad sometida a una puja constante, donde cada evento masivo dispara una ola especulativa que pone en jaque la vida cotidiana.
La situación refleja un fenómeno global que hoy golpea con fuerza a Medellín: la convergencia entre el turismo masivo y las facilidades del trabajo remoto. Trabajadores con salarios en divisas fuertes aprovechan la ventaja del cambio de moneda para instalarse en países más económicos, disparando la demanda de vivienda. Como resultado, nos enfrentamos a una especulación de precios sin precedentes y al surgimiento de modelos de negocio enfocados exclusivamente en rentas cortas o arriendos tasados en dólares. En la práctica, esto encarece el costo de vida y expulsa a los ciudadanos locales, imposibilitándoles el acceso a una vivienda asequible.
Esta tensión ya ha desembocado en protestas masivas en ciudades como Barcelona, donde en 2025 millas de ciudadanos exigieron poner fin a un modelo que consideran depredador, llevando al gobierno local a anunciar la extinción de licencias turísticas para 2028. Ahora es el turno de Medellín. Desde hace un tiempo, somos testigos de procesos de gentrificación que obligan a los residentes de siempre a abandonar sus barrios para trasladarse a zonas periféricas. Al cierre de 2025, la inflación de llegadas en la ciudad superó el 10.8 %, una cifra que asfixia a la clase media y transforma barrios residenciales en “hoteles temporales” sin los controles ni las cargas impositivas que sí asume la hotelería formal.
El sector hotelero tradicional se encuentra en una clara desventaja. A diferencia de las plataformas, los hoteles generan empleo formal, cumplen con protocolos de reserva y se ubican en zonas previamente autorizadas por los POT. El modelo de apartamentos turísticos, en cambio, obliga a los propietarios residentes a convivir con un flujo transitorio que no genera beneficios al vecino, pero sí encarece la oferta de servicios básicos, cafeterías y restaurantes, que ajustan sus precios al bolsillo del extranjero.
barrios de medellin Foto:alejandro mercado
El concierto de Bad Bunny no creó el problema, simplemente lo hizo visible al desnudar una realidad que muchos preferían normalizar: Medellín ha entrado en una etapa donde barrios tradicionales son tratados como inventario financiero y no como comunidades vivas. La discusión, por tanto, debe elevarse por encima de la demonización de las plataformas o la búsqueda de culpables individuales para centrarse en lo fundamental: corregir los incentivos y recuperar el gobierno del territorio. No se trata de una resistencia ciega al cambio, sino de una exigencia de gobernanza frente a un modelo que, sin regulación, prioriza la rentabilidad algorítmica sobre el tejido social.
Para ello, instamos a la implementación de tres sensatas: primero, una regulación territorial diferenciada que establezca zonas y cupos rotativos para proteger el uso residencial frente a la explotación turística; segundo, garantizar la trazabilidad y control de este tipo de arrendamientos para sancionar cancelaciones oportunistas y fraudes fiscales; y tercero, aplicar instrumentos económicos como impuestos progresivos a las rentas cortas que financien fondos de vivienda asequibles.
El problema de fondo no es que los precios suban durante una semana de euforia musical, sino el riesgo inminente de que la ciudad entera termine viviendo en una temporada alta perpetua, convirtiéndose en un lugar prohibitivo para quienes la construiron y hoy ya no pueden pagarla.
ÓMAR ORÓSTEGUI
Director Govlab
universidad de la sabana
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