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A los profesionales de la economía nos resulta bastante complicado salir de nuestra zona de confort cuando se trata de análisis. En otras palabras, cuando debemos hacer frente a la necesidad de comprender situaciones concretas, debemos recurrir a variables que no son comunes. Este desafío se complica aún más porque en esa suficiencia que caracteriza nuestra disciplina hemos menospreciado históricamente las contribuciones de otras ciencias sociales que, sin duda, nos ayudarían a estudiar esas realidades que hemos evitado. La expansión económica es nuestra obsesión y aunque reconocemos, como señala Marcela Eslava, que es un medio y no un fin, sin una asignación eficaz de recursos escasos que posibiliten incrementar nuestra capacidad productiva es inviable mejorar la vida de las personas, que debe ser nuestra verdadera misión.
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Uno de esos impactos de realidad que deben forzarnos a reconsiderar nuestra perspectiva sobre el país y a comprender cómo se comportan las variables económicas surgen al confrontar el mapa de Colombia y su desarrollo en los últimos años. Es esencial entender cómo han cambiado esos conflictos que mutan en naturaleza, ubicación e impacto, pero que de todas formas nos transforman en una sociedad en guerra. Suena fuerte, pero territorios con miles de desplazados que llegan a las ciudades, sin posibilidad de retornar a su normalidad; paros armados que se instauran y que solo conmueven a sus víctimas, inseguridad en las ciudades que dejó de ser noticia porque se volvió parte de la cotidianidad de millones, y la extorsión que acorrala la producción, evidencian que la paz no existe.
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Sin embargo, la interrogante profunda es si se trata de una única guerra o de una amalgama de conflictos complejos, diversos pero igualmente crueles, que además operan con diferentes dinámicas que concluyen en procesos económicos y sociales muy variados. ¿Es una única economía o son múltiples y muy distintas?, una cuestión que apostaría que pocos economistas en nuestro país han considerado.
Subestimar esta realidad será uno de esos errores históricos que pagarán millones de colombianos. No es solo un foco regional de violencia, sino una situación nacional que abarca la mayoría de los departamentos.del territorio, abarcan grandes áreas rurales y metropolitanas. Enfocarnos en un debate fútil sobre si estamos en una situación más favorable que en el pasado no debe ser el eje de una conversación nacional. La situación es obstinada, estamos en conflicto.
Al analizar los mapas de la Fundación Ideas para la Paz, que ilustran la presencia de grupos armados entre 2018 y 2024, el resultado es devastador y activa una alerta que ha sido ignorada hasta este momento por los expertos en economía (ver gráficos). La trayectoria de esos grupos fuera de la ley evidencia su acelerada proliferación y, lo que es más preocupante, su fortalecimiento.
En 2025, que apenas inicia, las áreas que están completamente libres de esta influencia se limitan a lo que podría denominarse el núcleo del territorio. Esto incluye a Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío y Atlántico. El resto está, o bien dominado, como Norte de Santander, Arauca, Chocó, Cauca, Nariño y Córdoba, o gran parte de su territorio está comprometido: Antioquia, Sucre, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Santander, Meta, Caquetá, Guaviare, Casanare, Vichada, Vaupés, Guainía, Cesar, Magdalena y La Guajira. Esto significa que de 31 departamentos en la parte continental del país, solo cuatro y Bogotá, un 20 %, mantienen un control territorial sin pérdidas, pero el 80 % sí lo presenta.
Distribución geográfica de los grupos armados en Colombia Foto:FIP
Las consecuencias
Para captar lo que esto implica en términos de desarrollo económico, de las políticas públicas, así como de su efecto sobre la vida de la población que enfrenta esta adversidad, lo primero que se debería aclarar es qué significa la pérdida de control territorial, una categoría que se puede aplicar a gran parte del país. En este contexto, como un gesto de humildad, debemos convocar a aquellos que realmente están estudiando esta circunstancia, porque nuestra comprensión es limitada y solo sabemos que sus economías reaccionan fuera de los modelos que nos ofrece la teoría.
Para iniciar este estudio, es crucial reconocer que en todos estos departamentos hay gobernadores, alcaldes y otros servidores públicos; por lo tanto, sí existe Estado. Esto es confirmado por los investigadores de la Fundación Ideas para la Paz. Sin embargo, ¿ese Estado opera de la misma manera que en los lugares donde no existe la presión de estos grupos fuera de la ley? Comprender qué tipo de autoridad prevalece, especialmente en aquellos departamentos dominados por la influencia de estos grupos, es un punto de inicio para desentrañar su economía. Estoy convencido de que es nuestra responsabilidad como profesionales llevar a cabo dicho análisis, aunque implique adentrarnos en temas complejos de cuantificar y obligarnos a colaborar con expertos de otras áreas.
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Sin duda, también hay actividad económica en estos territorios cuyas rentas probablemente no son recogidas por el Estado y cuya redistribución sigue siendo un enigma. En este contexto, la informalidad, la ilegalidad y la legalidad se entrelazan en los procesos productivos.que producen riqueza. Esta ciertamente es un ámbito enigmático para los economistas. No obstante, es ineludible si deseamos ofrecer respuestas coherentes a un país que se ha enorgullecido casi siempre, no únicamente en la actualidad, de la capacidad de esta profesión.
Sin embargo, lo que indudablemente resulta mucho más frágil es el respeto a los derechos económicos y sociales que deben ser garantizados a los habitantes de esos territorios, porque es ahí donde un Estado debe cumplir con los mandatos de la Constitución de la nación, como prioridad. Cuando fuerzas ilegales ejercen el control territorial, ¿quién se hace responsable de asegurar a la población la calidad de vida que el Estado debe proporcionar? Si en el 80 % de los departamentos se ha perdido el control territorial, ¿cuál es la posibilidad tangible de implementar políticas tradicionales cuyo propósito es mejorar la vida de las personas en una población que históricamente ha padecido las consecuencias de los niveles de desigualdad y pobreza que el país no ha logrado resolver?
La usurpación del territorio colombiano por fuerzas ilegítimas ha alcanzado tales extremos que la perspectiva convencional sobre cómo acelerar el crecimiento y, más importante aún, sobre cómo salir de ese estancamiento social en amplios sectores de nuestra sociedad demanda un reevaluación de nuestra forma de interpretar lo que ocurre en el país.
cecilia lópezExministra de Agricultura
Cuando Colombia necesita trazar un camino de desarrollo a mediano y largo plazo, como ya lo exigen muchos sectores del país, los economistas, al igual que todos los analistas de la realidad nacional, deben ampliar el espectro de su agenda de investigación y acción. La usurpación del territorio colombiano por fuerzas ilegítimas ha llegado a tales extremos que la perspectiva convencional sobre cómo acelerar el crecimiento, y más crucialmente, cómo superar ese estancamiento social en amplios sectores de nuestra sociedad requiere reevaluar nuestra forma de comprender lo que ocurre en el país.
Dos perspectivas
Para comenzar esta profunda reflexión, existen dos maneras de observar la situación actual, que es ineludible. La primera consiste en considerar que la producción, reflejada en las cifras actuales, se concentra en lo que ocurre principalmente en una pequeña porción del país. Lo que se ha denominado el centro en su mayoría. La otra opción sería aceptar que en todo el territorio hay actividad productiva, pero desconocemos completamente la dinámica económica que se manifiesta en la mayoría de sus regiones.
Las respuestas a estas interrogantes tienen el potencial de influir en las estrategias que el país requiere, pero la realidad es que se necesita un amplio análisis y un arduo trabajo interdisciplinario para reaccionar de manera adecuada ante estas inquietudes o cualquier otra que se presente. Continuar haciendo propuestas de estrategias a mediano y largo plazo sin considerar la realidad del territorio de nuestro país no solo resulta un ejercicio estéril, sino también irresponsable, ya que conducirá a decisiones que no ofrecerán los resultados esperados.
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Por ejemplo, ¿hay conciencia de que la prometedora Orinoquia está actualmente atravesada por rutas relacionadas con el narcotráfico construidas por las disidencias de las Farc, el Eln y el ‘clan del Golfo’, tal como se evidencia en los mapas mostrados? Si esta difícil situación no se tiene en cuenta al proponer la masiva producción agroindustrial en esta región de Colombia, se estará ignorando una enorme barrera cuyos costos políticos, económicos y de seguridad pueden desmoronar las expectativas. Más preocupante aún, las desigualdades sociales que caracterizan a esta sociedad, que ya son alarmantes, como la diferencia de oportunidades, la pobreza, y todas aquellas relacionadas con el género, la etnia y la región, podrían continuar profundizándose y obstaculizar la posibilidad de un futuro mejor.
Esta es una reflexión que presenta numerosas preguntas sin respuesta. Para nosotros, los economistas, el enorme desafío de recuperar un camino de crecimiento elevado, sostenible y equitativo no parece tener soluciones únicamente en las estrategias tradicionales. Nuestra realidad es muy compleja y en esto hay consenso. La interrogante que surge es si algunos de esos obstáculos pueden ser descubiertos al comprender lo que está sucediendo en muchos departamentos. ¿Acaso ha llegado el momento de considerar que la variada y complicada situación de nuestros territorios ya no es una variable externa en nuestros análisis? Esa es la preocupación que impulsa esta discusión.
Cecilia López Montaño (*) – Para EL TIEMPO
(*) Economista y exministra de Agricultura de Colombia.
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