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La Fiscalía 20 de Cartagena de Indias bloqueó más de 80 folios de matrículas inmobiliarias en el norte de Cartagena en predios adyacentes al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de la Ciudad Heroica.
Se trata de un cuadrante de más de 15 hectáreas que eran comercializadas para proyectos de apartamentos para estratos 5 y 6.
“Lo que hacen los fiscales es bloquear estos folios de matrículas para evitar que sean comercializados: no se pueden vender ni comprar porque están en un proceso judicial y en espera de una decisión judicial desde hace más de 13 años”, señala el abogado y veedor ciudadano Eduardo del Río.
Frente al cuadrante en disputa, en el sector de Cielo Mar, el Distrito construye el Gran Malecón del Mar, el proyecto urbano, recreativo y turístico más importante de esta administración.
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Predios del Aeropuerto de Cartagena en venta Foto:John Montaño/EL TIEMPO
La Fiscalía 20 Seccional instaló, desde el pasado primero de diciembre, una valla de notificación con los números de folios de matrículas que están en el ojo de esta tormenta inmobiliaria, frente a la pista del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.
La Aeronáutica Civil (Aerocivil) ha solicitado formalmente la restitución de más de 80 predios ubicados en la zona más exclusiva del norte de la ciudad, alegando que se trata de Bienes de Uso Público de la Nación vinculados legalmente a la terminal aérea.
El conflicto, radicado bajo el proceso penal 27.749 por el presunto delito de fraude procesal, pone en jaque la inversión de cientos de familias que han adquirido apartamentos de estratos 4, 5 y 6 en proyectos inmobiliarios de gran envergadura.
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Un descalabro inmobiliario
Playa Azul de La Boquila Foto:John Montaño/EL TIEMPO
Según fuentes del ente investigador, la magnitud de esta situación es considerablemente mayor a escándalos urbanísticos anteriores como la ‘torre de Aquarela’.
La advertencia se centra en más de 1.700 apartamentos que son comercializados por megaproyectos promovidos por firmas constructoras de amplio reconocimiento nacional, estafa precios de venta que oscilan entre los $350 y $450 millones de pesos por unidad; así el riesgo económico sería para los compradores colombianos y extranjeros.
“El núcleo del conflicto reside en la naturaleza legal de los predios. La legislación colombiana es categórica: los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables”, agrega Eduardo del Río, abogado y veedor del proceso.
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Vía al Mar Cartagena Barranquilla Foto:John Montaño/EL TIEMPO
La gravedad jurídica radica en que, de confirmarse que los terrenos son públicos, los Los compradores tendrían que recurrir a los estrados judiciales.
Según el jurista Del Río, “ni siquiera los compradores que aleguen desconocimiento podrán impedir la restitución del bien público”.
Las autoridades han sido enfáticas: las víctimas de este presunto fraude deberán iniciar acciones penales o civiles individuales contra los constructores y promotores. Además, estos procesos hoy planean la obligación del Estado de recuperar las más de 15 hectáreas en disputa.
La zona de mayor proyección
urbanistica en el norte de cartagena
Aviso de Notificación de la Fiscalía en Cartagena Foto:John Montaño/EL TIEMPO
La zona en conflicto es el corredor de mayor exclusividad de Cartagena, la salida hacia Barranquilla por la Vía al Mar, donde se proyectan no solo viviendas de lujo sino también cadenas hoteleras de alto nivel.
Ya han comenzado a aparecer las primeras acciones legales de compradores afectados.
Una de ellas es de la ciudadana Laura Arias, quien instauró una denuncia por estafa y demanda civil tras argumentar que la incertidumbre jurídica hace imposible una escrituración legítima.
El Tribunal Superior de Cartagena ya ha tutelado los derechos de la Nación, ordenando a la Fiscalía emitir una decisión definitiva sobre un proceso que se ha dilatado por más de 13 años.
Este caso pone en tela de juicio la seguridad jurídica de las licencias de construcción otorgadas en esta zona de la ciudad. y compromete seriamente al sector inmobiliario.
“Continuar con la comercialización de estas unidades exponen a cientos de ciudadanos a pérdidas patrimoniales irreparables en el mercado inmobiliario más cotizado del país”, concluye el abogado del Río.
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Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Juan Montaño
Corresponsal de EL TIEMPO
cartagena
En X: @PilotodeCometas
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